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Un juez de Tarragona investiga si un traductor de la Guardia Civil fitró información a narcotraficantes

  • Escrito por Redacción

chivato-traductor-tarragona

Un juez ha abierto diligencias penales a un traductor para saber –tal como apuntan las sospechas que se tienen en estos momentos– si podría haber alertado a unos individuos investigados por tráfico de drogas de que sus teléfonos móviles estaban pinchados. El investigado lo sabría a raíz de su trabajo como traductor para la Guardia Civil.

Según el auto del juez instructor, entre los días 6 y 13 de julio de 2013 el acusado realizó labores de traducción para la Guardia Civil por un presunto delito contra la salud pública. De las conversaciones intervenidas durante la investigación se dedujo que el acusado, Alioune S., advirtió a los imputados en la referida causa de que sus teléfonos estaban siendo escuchados. Concretamente, en la conversación del 9 de septiembre de 2013 uno de los investigados le dijo al otro que «Alioune S. le ha comentado que nos están escuchando los teléfonos», a los que el otro respondió:«Entonces lo dejamos, mañana cuando me llame la señora le voy a decir que los vamos a dejar».

El juez instructor considera que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de revelación de secretos. Contra el auto del magistrado, el abogado defensor presentó un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial donde pedía el sobreseimiento. Ponía de manifiesto que su patrocinado no ha incurrido en ningún delito de revelación de secretos, no era funcionario público, por lo que difícilmente puede revestir la condición de posible partícipe en un delito especial. Es más, añade que no comunicó a nadie que existía una intervención telefónica en curso ni frustró por ello ninguna operación, «no pudiendo sustentarse su incriminación en meras conversaciones telefónicas de terceros».

La Audiencia considera que el juez tiene indicios de la participación en los hechos, por lo que pide la continuación del procedimiento abreviado. Recuerdan los magistrados que el investigado, el 6 de julio de 2013, firmó una diligencia de juramento de su cargo. Por ello, indican que la imputación se basa en «indicios suficientes en este momento» y que tendrá que ser en la fase de enjuiciamiento donde deberán valorarse la calidad e intensidad de los indicios.

AGENCIAS

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