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Arraiz se ratifica en sus críticas a la Guardia Civil: "Euskadi ni la necesita, ni la quiere, queremos que se vayan"

  • Escrito por Redacción

ARRAIZ

Declara por presuntas injurias a la Guardia Civil tras la operación "Jaque", y la detención de varios abogados de presos de ETA. "Hay que dar 'jaque mate' a la Guardia civil", dijo, palabras que enmarca ahora en la libertad de expresión. La abogacía del Estado se persona en el caso y pide informes sobre la persecución a los cuerpos y seguridad del Estado.

El presidente de Sortu y parlamentario de EH Bildu, Hasier Arraiz, ha enmarcado las acusaciones lanzadas contra la Guardia Civil en enero de 2015 en el ámbito de la libertad de expresión y el debate político, y se ha ratificado ante el juez en esas declaraciones, en las que aseguraba que había que dar "jaque mate a la Guardia civil".

Arraiz ha comparecido durante algo más de hora y media como imputado ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) en las diligencias previas por un delito de injurias a la Guardia Civil abiertas a raíz de una querella presentada por asociación Dignidad y Justicia.

Tras su declaración judicial, Arraiz ha indicado a los medios de comunicación que "un Estado que tiene miedo a la libertad de expresión es un Estado democráticamente débil. EL 12 de enero de 2015 lo dije alto y claro y hoy lo he repetido ante un juez: Euskadi ni necesita, ni quiere a la Guardia Civil; queremos que se vayan y no nos vamos a cansar de decirlo".

Arraiz ha llegado a los juzgados Superior de Justicia del País Vasco, en Bilbao, como investigado en una querella por presuntas injurias graves a la Guardia Civil. A su llegada acompañado por si abogado, Iñigo Iruin, a las 9.50 horas, ha sido recibido por un grupo de simpatizantes de la izquierda abertzale a los que ha saludado. Entre ello el portavoz de Sortu Pernando Barrena y otros dirigentes de la izquierda abertzale como Joseba Permach y Rufi Etxebarría, así como la concejala de EH Bildu en Bilbao Aitziber Ibaibarriaga.

Los concentrados exhibían pancartas con frases en euskera en defensa de la libertad de expresión y en contra de los juicios políticos.

La querella fue presentada por la asociación Dignidad y Justicia por las declaraciones del presidente de Sortu con motivo de la detención de un grupo de abogados de presos de ETA el 12 de enero de 2015 en una operación policial denominada Jaque.

Ese día y el 14 de enero Arraiz ofreció dos ruedas de prensa. En la primera afirmó que la sociedad vasca debe dar "jaque mate" a la Guardia Civil y pidió que se fuera de tierras vascas, y en la segunda aclaró, sin metáforas, que en Euskadi la única violencia era la del Estado español y la "única amenaza violenta" era la Guardia Civil y el resto de cuerpos "represivos". Manifestó, asimismo, que el objetivo de la citada detención de los abogados de presos de ETA era la "venganza".

Meses después, la sala de lo Social y Civil del TSJPV, por tres votos a dos, aceptó la querella por injurias a la Guardia Civil, pero rechazó la referida a un posible delito de "ultraje a España".

La abogacía del Estado se ha personado en el caso. El magistrado no sólo atiende la petición de la asociación de víctimas del terrorismo de actuar contra el parlamentario sino que, además, reclama tanto a la Guardia Civil como a la Ertzaintza que elaboren sendos informes que pueden tener mucho recorrido y que podrían tener relación con las causas que se instruyen en la Audiencia Nacional sobre delitos de lesa humanidad contra dirigentes de ETA.

En concreto, el magistrado que instruye el pleito contra el líder de Sortu ha pedido que se libre oficio a la Unidad Central de Inteligencia (UCI), al Servicio de Información de la Guardia Civil y a la Policía Autónoma Vasca "a fin de que emitan informes que corroboren la realidad de los hechos puestos de manifiesto en el escrito de querella, así como sobre la reivindicación histórica por parte de la organización terrorista ETA de expulsar a las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, y sobre la persecución y asesinatos que dicho cuerpo de seguridad ha sufrido por parte de la banda armada durante los 60 años de existencia".

El magistrado quiere conocer, basándose en informes policiales si, como denuncia Dignidad y Justicia, el entramado de ETA y todo su entorno tenía como objetivo acorralar y expulsar de "Euskal Herria" a los agentes de la Guardia Civil.

En el auto, los magistrados consideraron que las declaraciones del dirigente de la izquierda abertzale fueron "objetiva y gravemente injuriosas" contra la Guardia Civil, al referirse a esta como "una amenaza violenta, un instrumento represivo de un Estado terrorista y vengativo y como un Cuerpo reñido con un escenario de paz y democracia en Euskal Herria".

EL MUNDO

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