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La Guardia Civil estrecha el círculo sobre la antigua cúpula de la Junta de Andalucía

  • Escrito por Redacción

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El juez del Tribunal Supremo que lleva la investigación respecto de los aforados implicados por los ERE fraudulentos en Andalucía ha comenzado a dar los primeros pasos en la causa después de en noviembre se admitiera.

Así, acaba de ordenar al Grupo de Delincuencia Económica de la Guardia Civil una investigación sobre dos de los aforados, la exconsejera andaluza Mar Moreno y el diputado y exvicepresidente de la Junta, Gaspar Zarrías, centrada en los actos que adoptaron como consejeros de Presidencia de la Junta de Andalucía y que puedan estar relacionados con los hechos que son objeto de la causa.

El magistrado de la Sala de lo Penal Alberto Jorge Barreiro ha dictado una providencia en la que indica que, a tenor de los datos sobre Mar Moreno recogidos en las actuaciones de la causa principal sobre los ERE, que ha remitido al alto tribunal la juez Mercedes Alaya, procede dirigir un oficio a la Guardia Civil para que realice una investigación “centrada en constatar cuáles son las actividades realizadas por aquélla en el ámbito de la Junta de Andalucía o en cualquier otro cargo público que estuviera relacionado con los hechos presuntamente delictivos que aquí se investigan; es decir, con la concesión de ayudas sociolaborales y ayudas económicas directas a diferentes empresas de Andalucía, así como a personas físicas, en el periodo comprendido entre los años 2002 y 2012”.

El diputado Gaspar Zarrías en una imagen de archivo (EFE)El diputado Gaspar Zarrías en una imagen de archivo (EFE)

El instructor pide que se centre, fundamentalmente, en el periodo de tiempo en que desempeñó el cargo de consejera de Presidencia en el Gobierno de Andalucía. Así, añade, a este respecto, que deberá ser informado sobre qué resoluciones, en su caso, dictó como consejera en relación a los hechos investigados; los actos en que intervino relativos a su ejecución y actuaciones a las que aparece directamente vinculada que tuvieran alguna repercusión en el menoscabo patrimonial del erario público que se investiga en la causa.

En igual sentido, ordena una investigación de la misma índole en relación con Gaspar Zarrías, “centrada en los actos que haya ejecutado como consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía que tuvieran alguna vinculación con los hechos delictivos que son objeto de la presente causa”.

De la investigación llevada a cabo por Alaya se desprende que siendo Moreno consejera de Presidencia, se aprobó en abril de 2010 una orden que introdujo los criterios de transparencia y concurrencia. Nada de esto ha sido considerado por Alaya al incluir a Moreno por ser consejera de Presidencia -segunda en el escalafón- durante un tiempo en el que, según la instructora, se mantuvo el sistema ilegal.

El alto tribunal se declaró competente para instruir y, en su caso, enjuiciar a los aforados Manuel Chaves, José Antonio Viera, Gaspar Zarrías, José Antonio Griñán y Mar Moreno. Antes de citarles a declarar como imputados, el instructor quiere conocer los indicios de criminalidad que existen contra ellos. Según los datos enviados por Alaya, resulta indiciario que en el ámbito de la junta de Andalucía, concretamente desde la Consejería de Empleo, y con la finalidad de proceder al pago de ayudas a empresas, ayudas sociolaborales y ayudas directas a trabajadores, “se organizó un sistema que se llevó a efecto desde el año 2000 durante un periodo de tiempo aproximado de 12 años que permitía disponer de importantes cantidades de dinero ascendentes a 855 millones de euros para hacer efectivos aquellos pagos sin sujetarse al procedimiento y controles propios de las subvenciones, a pesar de que esa era la naturaleza jurídica de las referidas ayudas”.

El magistrado tiene que todavía decidir sobre la petición de Chaves y Griñán de declarar voluntariamente en el alto tribunal para defender su inocencia. Lo solicitaron en cuanto conocieron que el Supremo iniciaba una investigación el pasado mes de noviembre. Sin embargo, el instructor necesita tener más datos sobre la mesa y conocerse el proceso antes de proceder a un interrogatorio.

Los expresidentes de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves (EFE)Los expresidentes de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves (EFE)

Conocedores del sistema

En la exposición razonada enviada por Alaya al Supremo, con los posibles indicios de aforados, explica que en relación con este uso arbitrario de los fondos públicos, “tampoco podría negarse el conocimiento del sistema por la Comisión General de viceconsejeros. al frente de la cual estaba el consejero de la Presidencia Gaspar Zarrias”. La instructora se basa en la declaración judicial del director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, quien aseguró que había elaborado varios proyectos de Decretos y Órdenes reguladoras de las subvenciones sociolaborales que fueron rechazados en los citados "Consejillos". Esta afirmación, según la magistrada, ha quedado acreditada documentalmente en la causa: el primero de ellos fue en noviembre de 2000, el cual consta remitido por la Consejería de Empleo a través de Guerrero, y luego por la Consejería de Hacienda a la Intervención.

General para la emisión del preceptivo informe

La juez Alaya (EFE)La juez Alaya (EFE)

Así, Alaya concluye que tanto los cargos inferiores como los superiores de esta estructura piramidal “conocían y participaban en mantener o renovar cada año el sistema; es decir no solo las autoridades que materialmente manejaban las concesiones y los fondos, amparándose en que era un hecho conocido por el Consejo de Gobierno y su presidente, sabían de la arbitrariedad del sistema, sino que de forma inversa, tanto el consejero/a de Hacienda (y demás responsables de la misma), como la Comisión General de viceconsejeros y el Consejo de Gobierno, a través de la elaboración presupuestaria, la actuación de la Intervención a través de sus informes, de las propuestas de Acuerdo relativas al programa anual de control de las empresas públicas, y de los proyectos de Órdenes y Decretos reguladores de las subvenciones sociolaborales, conocían lo que estaba ocurriendo en la Consejería de Empleo y en la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA)”.

Es decir, que con las transferencias de financiación de la primera, la juez sostiene en la documentación remitida al Supremo el pasado 21 de enero y a la que ha tenido acceso El Confidencial, que la Agencia estaba pagando, “por encargo”, subvenciones excepcionales otorgadas por aquella, “ausentes de todo control y bases reguladoras, reproduciendo con cada nuevo presupuesto y modificación presupuestaria el mismo panorama”.

Así, indica que esta conclusión conecta directamente con los delitos de malversación de caudales públicos, es decir con el conocimiento y participación activa en el uso ilícito y arbitrario de fondos públicos de algunos aforados o con el quebrantamiento del deber de impedir esta utilización ilegítima de efectos públicos, por parte de otros; y el de prevaricación.

EL CONFIDENCIAL

Comentarios   

ana gomez
+1 #1 ana gomez 16-02-2016 17:59
Gracias por vuestro trabajo
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