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Interior blinda después de 30 años la identidad de sus agentes más secretos

  • Escrito por Redacción

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Era una reclamación histórica entre la Guardia Civil y la Policía Nacional desde que en 1986 se aprobó la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: que los nombres, funciones y demás datos de los agentes que llegan a los puestos más altos y más delicados de la seguridad del Estado no estuvieran al alcance de cualquiera con acceso al Boletín Oficial del Estado o a las bases de datos públicas de la Administración. Un problema muy grave en tiempos de ETA, explican responsables policiales, pero que ahora, en la era digital, seguía siendo igualmente preocupante.

Han tenido que pasar casi 30 años para que el Ministerio del Interior haya decidido blindar a sus agentes más secretos con un estatuto laboral propio que, en la práctica, mantendrá a estos mandos policiales, muchos de ellos dedicados a la lucha antiterrorista o a combatir a las grandes organizaciones criminales, en el anonimato que venían pidiendo.

Aparentemente, el blindaje de esta cúpula policial no era tan difícil. Un simple real decreto, aprobado el pasado 27 de noviembre, ha bastado para cubrir esas identidades. El reglamento que «establece el régimen específico del sistema de provisión de los puestos de trabajo de los catálogos de las unidades adscritas a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior», en la práctica, evitará que los concursos públicos para cubrir las vacantes de las más altas responsabilidades en la protección del país no tengan que pasar por las normas generales de publicidad que rigen en la Administración General del Estado, al tratarse de puestos de libre designación. A partir de ahora, estos concursos se controlarán internamente y estarán sujetos a «la normativa específica de provisión de destinos de la Policía Nacional o de la Guardia Civil», por lo que solo se publicarán en las órdenes generales de estos dos cuerpos, no en el BOE, cuando los puestos sean ocupados por funcionarios del Ministerio del Interior.

«Confidencialidad»

Incluso, para los puestos más delicados y por «razones de especial confidencialidad o reserva», la Administración podrá no hacer públicos algunos nombramientos ni siquiera en los boletines internos de las fuerzas de seguridad del Estado. «Razones de confidencialidad y seguridad de la información aconsejan fijar un régimen que contemple las especificidades del sistema de provisión de los puestos de trabajo de los catálogos» de estas unidades especialmente sensibles para la seguridad nacional, explica la resolución firmada por el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz. El listado de personal sensible cuyas identidades se salvaguardarán a partir de ahora es largo. Serán puestos confidenciales todos los que tengan responsabilidad en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO); el Gabinete de Coordinación y Estudios; la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad; Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad; Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad; o la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado.

Labores sensibles

Interior insiste en la necesidad de proteger la identidad de las personas que trabajen en estos órganos pues o bien desarrollan «funciones directamente relacionadas con actuaciones en el ámbito de la seguridad como la lucha contra la criminalidad, la delincuencia organizada, el terrorismo y radicalismo violento o la inspección de las actuaciones realizadas por la Policía Nacional o por la Guardia Civil». O bien se ocupan de labores igualmente sensibles «como el desarrollo de las bases de datos policiales, implantación de los sistemas de comunicaciones y de información, políticas de extranjería e inmigración o el asesoramiento».

El reglamento que blinda la identidad de esos agentes ha sido objeto durante meses de análisis por los juristas del Estado, sabedores de las dificultades legales de no dar publicidad a nombramientos en la Administración. No obstante, recuerdan estos expertos, ya existía el precedente del personal de libre designación que trabaja en la dirección de los servicios secretos del Ministerio de Defensa, CNI, y cuyas identidades, más allá de su dirección, son totalmente desconocidas por obvios motivos de confidencialidad. Era precisamente el agravio comparativo con los responsables del CNI el que venían esgrimiendo las fuerzas de seguridad para reclamar que no se airearan los nombres de sus mandos en funciones igualmente delicadas

EFE

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