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El Consejo de Europa destaca las "buenas prácticas" de España en la lucha contra el abuso sexual de menores

  • Escrito por Redacción

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España es el único país entre los 39 que han ratificado la Convención de Lanzarote que ha recogido en su legislación la definición literal de abuso sexual de menores que proporciona el convenio y que está pensada para poder luchar contra el que cometen personas del entorno cercano del menor: castiga al que hace "abuso de una posición reconocida de confianza, autoridad o influencia" para conseguir esos objetivos.

Así lo destaca el primer informe del Consejo de Europa sobre la Convención, un análisis de las prácticas en cada uno de los Estados donde se ha ratificado y que destaca el caso de España tanto en esta tipificación de los delitos como en el nivel de protección de las víctimas durante el proceso judicial o la recogida de datos estadísticos.

"La gran mayoría de los estados parte no cubren todos los posibles autores del delito, como un amigo del padre o un compañero de trabajo, los amigos de un hermano mayor o un vecino y esto pone en peligro el derecho del niño a la seguridad", afirma el Presidente del Comité de Lanzarote, Bragi Gudbrandsson, tras destacar que España es la excepción.

El informe recomienda al resto de países que revisen sus legislaciones nacionales para poder proteger a todos los niños, "sin importar si están por debajo o por encima de la edad para participar en actividades sexuales, e incluso cuando el autor no utiliza la coacción, la fuerza o la amenaza".

En cuanto al sistema estadístico para conocer la magnitud del problema, el informe destaca como "buenas prácticas" a España y su Registro Unificado de Menores Víctimas de Abuso, al que "servicios sociales, colegios, servicios de salud, policía y servicios de protección de menores remiten los casos de abuso sexual" y al que "todos los servicios de protección tienen acceso".

"Hay enormes lagunas en la recopilación de datos sobre el abuso sexual infantil en Europa. Los gobiernos, en cooperación con la sociedad civil, deben establecer con urgencia mecanismos de coordinación específicamente encargado de la recogida y la evaluación de estos datos", señala Gudbrandsson en relación al informe sobre el resto de Estados parte.

Otro de los ejes centrales del informe es la exposición del menor durante el proceso penal y también en este ámbito, sitúa a España entre los países que han tomado medidas para evitar su revictimización, como la posibilidad de grabar la primera declaración en vídeo.

"El niño que ha sido víctima de abuso tiene que denunciar un delito cometido por alguien en quien confiaba, a quien respetaba y probablemente amaba, por alguien que él o ella confiaba, así que se encuentra en una situación especialmente delicada. Debemos evitar exacerbar el trauma profundo que ya ha sufrido", ha señalado el responsable de la Convención.

En este sentido, dice que "los Estados deberían hacer todo lo posible para evitar la necesidad de que los niños víctimas sean físicamente presente durante el procedimiento" en línea con lo que ya se practica en Bosnia y Herzegovina, Croacia, Dinamarca e Islandia.

Por último, recomienda que sacar al niño del entorno familiar sea "el último recurso" porque el menor puede percibirlo por un castigo por haber denunciado. Pide que sea expulsado del entorno el presunto autor, algo que "se debe considerar en primer lugar", y advierte de que hay disparidad entre los distintos Entornos en relación a medidas como retirar la patria potestad cuando el agresor es el padre.

"El Comité hace hincapié en que lo que plantea la Convención es la retirada de la patria potestad como medida de protección a la víctima una vez que el agresor ha sido condenado, no aborda la suspensión de la patria potestad como medida para proteger al niño durante el proceso judicial mientras el tribunal toma una decisión", explica. En España, la decisión se adopta en forma de "pena accesoria" en el marco del proceso penal.

EUROPA PRESS

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