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Los cambios de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal

  • Escrito por Redacción

jueces

Entre polémicas y aciertos, este sábado entra en vigor la nueva ley que pretende agilizar los procedimientos y dar más valor a la investigación policial.

La modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal entra en vigor tras diferentes modificaciones que han sido impuestas, en muchos casos, por la presión que han mantenido diversos agentes sociales. Aunque el papel investigador de las Policía Judicial se verá reforzado en los procedimientos, hay cambios que finalmente no se han adoptado. Las principales modificaciones sobre el articulado existente son:

El investigado:

Es, en puridad, un cambio más semántico que legislativo. Lo que antes conocíamos como imputado, pasa a denominarse investigado. Este cambio se ha introducido, según ha manifestado el Gobierno, para “evitar las connotaciones negativas y estigmatizadoras de la expresión”.

Nuevos límites a las causas:

Los procedimientos durarán seis meses salvo que, a petición de la Fiscalía o de los abogados personados en la causa, se decida la calificación de causa compleja con lo que este plazo podría prorrogarse hasta los 18 meses. Este plazo tendrá efecto para las causas que se encuentran ya en instrucción, pero empezará a contar a partir de la entrada en vigor de esta modificación.

El fin de las macrocausas

A partir de la entrada en vigor, los procesos en los que concurran varios delitos serán divididos para evitar, según justifica el Ejecutivo, la prolongación en el tiempo de instrucciones que se complican dificultando la acción de la Justicia.

Aparece la segunda instancia en la vía penal

Una decisión que resulta de conceder a los tribunales superiores de Justicia la capacidad de revisión de las sentencias dictadas por las audiencias provinciales. Otra modificación es que, el nivel de apelación siguiente será la Audiencia Nacional, no el Tribunal Supremo como ocurría hasta ahora.

Adiós a las “penas de telediario”

Una enmienda introducida por CiU establece la restricción de la difusión de imágenes, vídeos y audios de los detenidos en los medios de comunicación. Desde los sectores profesionales de la abogacía critican que el texto referente a este apartado en la Ley no es suficientemente claro a la hora de diferenciar el derecho a la intimidad y el derecho a la información.

Limitación en los periodos de incomunicación de detenidos

Aquellas personas que estén detenidas y a espera de juicio tendrán que pasar un control médico con reconocimiento físico y psicológico cada 24 horas. Además, la detención incomunicada no podrá aplicarse a los menores de 16 años.

La figura del policía encubierto

Esta figura está especialmente diseñada para que se combatan los delitos informáticos. Está recogida en el artículo 282 y establece que: “el juez de instrucción podrá autorizar a funcionarios de la Policía Judicial para actuar bajo identidad supuesta en comunicaciones mantenidas en canales cerrados de comunicación con el fin de esclarecer alguno de los delitos”. De esta manera los agentes podrán entrar en contacto con sospechosos falseando su identidad, siempre con autorización judicial, sin que sea causa de anulación de la investigación.

Troyanos al servicio de la Policía

Una nueva herramienta que completa a la figura del policía encubierto y que autoriza a los agentes a enviar “malware” y troyanos para controlar la actividad delictiva de las personas a las que se pretende investigar. Esta técnica será muy útil en el caso de los delitos contra menores y de las redes de captación de yihadistas.

Espiar correos, sms y whatsapp

Es la primera vez que en España se legisla para poner fin al vacío legal que existía a la hora de controlar las comunicaciones telemáticas. Se procede, de esta manera a dar vía libre a la interceptación de las comunicaciones vía telefónica, correo electrónica o aplicaciones de mensajería instantánea.

Se amplía el decomisco

A partir de ahora, en el curso de una investigación judicial, se extiende el decomiso para actuar sobre todo el patrimonio de un penado. Se podrá proceder a la incautación de todos los bienes de éste si el fin de esta medida es hacer frente al dinero defraudado por los delitos que se juzgan en esa causa.

Los atestados, por la vía administrativa

Cuando se produzca un atestado policial de oficio y sin un agente conocido en el mismo, se podrá imponer una pena de carácter administrativo, no abriéndose diligencias en los juzgados. Esta medida complementa las atribuciones otorgadas a los funcionarios policiales por la recién aprobada Ley de Seguridad Ciudadana.

Por Juan E. Pflüger

Gaceta.es

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