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El muro contra los antisistema, principal baza de Interior

  • Escrito por Redacción

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La Ley de Seguridad Ciudadana, una norma que -en palabras del ministro del Interior- "sólo debe preocupar a los violentos" y que la oposición quiere derogar, ha sido el centro de la polémica en materia de Interior en una legislatura en la que las Marchas de la Dignidad y con ellas los movimientos antisistema de la izquierda radical llenaron las calles utilizando la violencia como forma de protesta.

Conocida como "Ley Mordaza" por sus detractores, la norma, que entró en vigor el 1 de julio únicamente con el apoyo del PP, llegó a las Cortes ya más suavizada respecto al borrador inicial propuesto por el Ministerio del Interior, que la defendió a capa y espada frente a quienes vieron en ella la respuesta del Gobierno para acallar la protesta social.

El fuego del 15M, que se prendió en mayo de 2011 poco antes de las elecciones autonómicas y municipales de ese mes, dejó rescoldos que salpicaron los primeros años de la décima legislatura y que se tradujeron en movilizaciones como los "Rodea el Congreso" o las "Marchas por la dignidad", que se saldaron con graves disturbios y en este último caso con más de 60 policías heridos.

Precisamente, alterar gravemente el orden público en las proximidades del Congreso se incluyó en la nueva ley como infracción sancionable, así como impedir un desahucio, escalar un monumento, acampar en la Castellana u ocupar una entidad bancaria. Infracciones -hasta un total de 44 tipos distintos- que la ley multa de 100 a 600.000 euros.

También levantó ampollas la disposición adicional que se introdujo en esa ley para modificar la Ley de Extranjería y legalizar las denominadas "devoluciones en caliente" de inmigrantes irregulares que intentan saltar las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla. La tragedia del Tarajal, ocurrida el 6 de febrero de 2014 en Ceuta y en la que murieron 15 subsaharianos al intentar entrar en la ciudad por esa playa, tuvo mucho que ver en la inclusión de esa disposición y en el "enfrentamiento" dialéctico y de intercambio de misivas entre el ministro y la entonces comisaria europea de Interior, Cecilia Malmström, que pidió a España explicaciones.

Fernández Díaz no se cansó de recordar a sus socios comunitarios que Ceuta y Melilla son frontera europea y que, por tanto, la UE debería involucrarse más, lo que se tradujo finalmente en ayudas económicas de 10 millones para ambas fronteras. No sólo el ministro tuvo que dar explicaciones de esta tragedia en el Congreso. También su número dos, Francisco Martínez, acudió a la Cámara para defender, con vídeos incluidos, la actuación de los 16 agentes de la Guardia Civil, que fueron imputados por esas muertes, a pesar de haberse producido en territorio marroquí. Finalmente, el 15 de octubre de este año, la juez de Ceuta Carmen Serván archivaba la causa contra los guardias civiles acusados de homicidios imprudentes y lesiones al entender que hicieron un uso "correcto" del material antidisturbios en la entrada masiva de inmigrantes. El auto recordaba que los agentes actuaron en el ejercicio de su "función de custodia y vigilancia de la frontera".

Se aprobó también en la legislatura recién acabada la Ley de Seguridad Privada, censurada del mismo modo por el principal partido de la oposición, el PSOE, que vio en ella un intento de privatizar la seguridad pública. Pese a la polémica que también suscitó la privatización de la seguridad del exterior de las cárceles, el plan piloto dio resultado y hoy se ha extendido sin que el reproche inicial haya ido a más.

En materia de prisiones, el tercer grado al expresidente de Baleares Jaume Matas obligó al secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, a dar explicaciones en el Congreso y, por otro lado, a su departamento a investigar un supuesto trato de favor en la cárcel a Isabel Pantoja, que finalmente no se detectó.

Y el Congreso también escuchó las explicaciones del director general de la Policía, Ignacio Cosidó, sobre los sucesos que el 30 de noviembre de 2014 acabaron con la vida de un seguidor radical del Deportivo de la Coruña, Francisco Javier Romero "Jimmy", en una pelea multitudinaria de ultras en las inmediaciones del Vicente Calderón. La Policía ha puesto ante el juez a los que considera autores, que llegaron a ingresar en prisión hasta que otro magistrado los puso en libertad. Hoy, las discrepancias se mantienen, así como el interrogante: ¿Quién mató a Jimmy?

Es uno de los casos aún sin resolver dentro de un balance positivo de criminalidad, con éxitos policiales, como la rápida resolución del doble crimen de Cuenca o del caso a punto de prescribir de Eva Blanco, y continuos descensos en las tasas de delincuencia. Tanto es así que, como ha insistido Interior, España es el tercer país más seguro de Europa. Gracias, dicen quienes dirigen la seguridad, a la actuación de Guardia Civil y Policía, que se han mantenido durante la legislatura, y por ese orden, en los dos primeros puestos entre las instituciones más valoradas por los españoles.

GACETA.es

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