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Prostitución, extorsión y amaños de exámenes en la Policía de Palma

  • Escrito por Redacción

policia municipal palma

Treinta agentes, dos ex concejales de Seguridad y dos jefes del Cuerpo, imputados en relación a una trama corrupta dedicada a extorsionar a locales nocturnos y clubes de alterne.

La Policía Nacional ha detenido recientemente a nueve policías locales de Palma en el marco de una amplia operación contra la corrupción policial. Los arrestados están acusados de pertenencia a banda criminal, encubrimiento y omisión del deber de perseguir delitos por, presuntamente, extorsionar y coaccionar a empresarios de locales de ocio nocturno de la capital balear. Las detenciones han sido efectuadas por agentes de la unidad de Blanqueo de Dinero del Cuerpo Nacional de Policía, que incluso han efectuado un registro en las dependencias del cuartel general de la Policía Local, acompañados por dos de los detenidos. Los agentes se han llevado los discos duros de todos los ordenadores de la Patrulla Verde, la unidad encargada de las inspecciones a los locales de ocio, sobre la que se focalizan todas las sospechas. De hecho, uno de los detenidos es el jefe operativo de esta unidad, Gabriel Torres, quien también está acusado de falsedad en documento público por presuntamente falsificar expedientes contra locales.

Esta actuación policial supone la tercera fase de la llamada Operación Sancus, que se inició en 2013  con la investigación del presunto amaño de oposiciones a oficial en el Cuerpo municipal y se ha ido extendiendo a otros delitos al detectar toda una trama de corrupción policial centrada en la extorsión, coacciones y favores a empresarios de locales nocturnos. De hecho, la mayor parte de los nueve detenidos recientemente ya estaban imputados en el marco de esta operación. Uno de ellos es el comisario Rafael Estarellas, número dos de la Policía Local de Palma entre 2011 y 2013, imputado desde 2014 por el presunto fraude en los exámenes de ascenso. Los entonces intendente del Cuerpo, Antonio Vera, y director general de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento, Enrique Calvo (PP), también fueron imputados por este caso y tuvieron que dimitir. Irónica y significativamente, sus respectivos sucesores Joan Mut y Guillermo Navarro (PP) acabaron encausados por supuestos delitos de coacciones y prevaricación en su intento de obstruir las investigaciones en curso. Mut fue destituido hace aproximadamente un mes y sustituido provisionalmente por el comisario Antoni Morey hasta que se elija un nuevo jefe, que probablemente procederá de otro Cuerpo policial.

Sexo y alcohol gratis para políticos y policías

La operación dio un salto cualitativo el pasado mayo, cuando se destapó una red de corrupción formada por policías y políticos que tenían acceso a prostitutas, consumiciones y Viagra gratis en diversos locales de alterne de Palma a cambio de evitar las inspecciones en dichos locales o, en su defecto, avisar a sus dueños cuando estas se iban a producir, además de hacer la vista gorda ante la presencia de prostitutas menores o sin papeles, entre otras ilegalidades. Por otro lado, varios policías presuntamente corruptos compatibilizaban su trabajo con labores de seguridad privada, mantenimiento o gestión de la limpieza, los seguros y las máquinas de tabaco en algunos de estos locales. Para colmo, los agentes entraban de paisano pero armados en los locales de alterne, en los que se organizaban fiestas privadas para policías y políticos, entre ellos varios alcaldes, con barra libre de alcohol y sexo.

Además, la investigación también ha destapado supuestos vínculos entre la trama de corrupción policial y la banda motera criminal Ángeles del Infierno, desarticulada en 2013, e incluso se sospecha que la red policial pagó la fianza a un agente detenido junto a los cabecillas de la banda, acusados de pertenencia a organización criminal, delitos contra la salud pública, extorsiones, amenazas y coacciones, blanqueo de capitales, delitos relativos a la prostitución, encubrimiento y estafa.

Agresiones a detenidos

Para mayor descrédito del Cuerpo municipal, cuatro agentes, uno de ellos también implicado en la trama del amaño de oposiciones, fueron condenados el pasado julio por torturar a un detenido, tras conocerse un vídeo en que se ve a un agente pateando a un joven esposado ante la impasible mirada de sus compañeros. El fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán, precisamente el mismo que tiene a su cargo la investigación de la Operación Sancus, llegó a denunciar el encubrimiento de este tipo de prácticas por parte de responsables políticos y sindicales del Ayuntamiento y consideró lógico plantearse si las agresiones a detenidos son habituales en los calabozos de la Policía Local de Palma, dada la pasividad de que hicieron gala los compañeros del agresor.

Como guinda, estos días se ha conocido que dos policías que son testigos protegidos de la Fiscalía Anticorrupción por la Operación Sancus han solicitado oficialmente permiso para llevar pistola las 24 horas, alegando que temen por su vida, dada la supuesta peligrosidad de las personas implicadas en la trama de corrupción policial.

Además, el pasado 10 de octubre se imputó a tres funcionarios del Ayuntamiento acusados de malversación y prevaricación por el supuesto amaño de las adjudicaciones de puestos vacantes dentro de la Policía Local.

Tras conocerse las últimas detenciones, el Ayuntamiento de Palma, gobernado en coalición por PSOE-PSIB y Podemos desde las elecciones municipales del pasado mayo, se ha apresurado a anunciar que está “trabajando para hacer cambios” en el Cuerpo, en palabras de la nueva concejala de Seguridad Ciudadana, Angélica Pastor, quien ha reconocido que actualmente hay al menos una treintena de agentes imputados en relación con esta trama de corrupción policial, aunque ha pedido que se aplique el principio de presunción de inocencia a los agentes imputados, que son una “minoría” dentro del Cuerpo.

LA GACETA

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