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La Guardia Civil encuentra pruebas de comisiones irregulares entre los 9.000 correos intervenidos a Viloca

  • Escrito por Redacción

VILOCA-CARCEL

El instructor del caso Petrum, el magistrado de El Vendrell (Tarragona) Josep Bosch, envió ayer a prisión sin fianza al tesorero de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), Andreu Viloca, acusado de corrupción y ante el temor de que pudiera destruir pruebas.

El instructor atendió así la petición cursada por los fiscales Anticorrupción José Grinda y Fernando Bermejo que, junto a la Guardia Civil, dirigen desde hace meses las pesquisas sobre la financiación ilegal en CDC. El juez apunta que el responsable de los fondos en convergencia ha podido incurrir en delitos relacionados con supuestos pagos de comisiones ilegales a CDC a cambio de adjudicación de obra pública. Los fiscales hablaban de «sobornos».

Se le atribuyen indiciariamente seis delitos vinculados a la corrupción: cohecho, blanqueo, prevaricación, financiación ilegal, alteración de precios en concursos y subastas públicas y falsedad en documento mercantil.

La clave, en sus 9.000 correos

La clave estaba en el despacho de Andreu Viloca. La tecla estaba en su ordenador. La última pista, en la trituradora de papel. «Está todo», sintetizaron fuentes de la investigación. Se referían al archivo informático del ordenador del tesorero de CDC. Se referían a los más de 9.000 correos electrónicos que cuidadosamente almacenaba el disco duro del ordenador personal de Viloca. En él estaban las claves que han permitido a la Guardia Civil ya la Fiscalía Anticorrupción poner en marcha la denominada operación Petrum.

Los agentes del Instituto Armado se hicieron con todo el material en una fase previa de las investigaciones realizada el pasado mes de agosto. Desde entonces, un equipo de especialistas ha estado desgranando estos correos y cotejándolos con las ofertas de obras públicas en Cataluña, con las adjudicatarias, con las cantidades y con las empresas investigadas. El cruce de datos con los correos arrojó la luz definitiva para actuar contra los ahora detenidos y encarcelados. Además, los agentes lograron recomponer los papeles que Viloca tenía en su destructora de papel cuando los agentes entraron por primera vez en su despacho.

La privacidad y sigilo de las pesquisas para evitar que se destruyeran pruebas estuvieron en peligro tanto en la primera fase como en la segunda, por las cuestiones burocráticas de los juzgados, que provocaron que las actuaciones se retrasaran cuando todo el operativo policial estaba preparado. Por este motivo, la Fiscalía pidió al juez que dejara en prisión sin fianza a Viloca, para evitar una destrucción de pruebas.

Y el juez Josep Bosch Mitjavila, que con 30 años afronta su primer gran caso al frente del juzgado del Vendrell (Tarragona), decretó ayer el encarcelamiento sin fianza del tesorero de CDC. El juez, como la Fiscalía Anticorrupción, considera que existe el riesgo de que el responsable financiero del partido destruya pruebas sobre la existencia de las supuestas comisiones ilegales del 3% -del pago de «sobornos», como definió la Fiscalía-. Acusado de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación, financiación ilegal, alteración de precios en concursos y subastas públicas y falsedad en documento mercantil. El abogado de Viloca y de CDC, Xavier Melero, anunció ayer que presentará un recurso contra el encarcelamiento al considerarlo «exagerado». Tras asegurar que Viloca afrontó con «la serenidad de la persona que tiene la conciencia tranquila» la noticia de su encarcelamiento, Melero lamentó que el argumento del juez sea el de la posible destrucción de pruebas. Según explicitó, «si después de dos años de investigación y con noticias continuas en los medios de comunicación sobre el caso, aún hay quien tenga pruebas, que se lo haga mirar», dijo.

Viloca, gerente del partido y de sus fundaciones afines -Fundació CatDem y Nous Catalans- fue el primero en declarar ante el magistrado, un día después de haber sido detenido en su casa y presenciar el registro, durante 12 horas, de su despacho y de la tercera planta al completo de la sede central de CDC, donde trabajan los gestores de la formación.

Tras pasar la noche del miércoles en los calabozos de la comandancia de Tarragona, Viloca fue trasladado a mediodía al Juzgado de Instrucción número 1. Allí rechazó responder a las preguntas del magistrado.Uno de los principales acusados podría mantener esta actitud mientras el juez no levante el secreto de sumario de la investigación y conozca qué pruebas ha acumulado la Fiscalía Anticorrupción contra él.

Los fiscales que pilotan el caso desde hace más de un año, Fernando Bermejo y José Grinda, también pedirán cárcel incondicional contra el director general de Infraestructuras.cat -la antigua GISA-, Josep Antoni Rosell. Los investigadores de la Guardia Civil, consideran que el gestor de infraestructuras es una de las piezas clave en el caso. El juez decretó la puesta en libertad con cargos de otros cinco detenidos. Se trata del secretario del patronato de Catdem, Carlos del Pozo, y de la administrativa Anna Dolors Benítez. También se dejó en libertad pero imputados a tres directivos detenidos.

EL MUNDO

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