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EL SEPRONA DE LA GUARDIA CIVIL DE LAS PALMAS DENUNCIA A 50 PERSONAS POR UNA MATANZA ILEGAL

  • Escrito por Redacción

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El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas ha identificado y denunciado administrativamente a más de 50 personas tras localizar, el 24 de septiembre, una matanza "clandestina e ilegal" en el barrio de Calderín, en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).

Esta denuncia se produce después de la investigación que el Seprona realizó para controlar las medidas higiénico sanitarias que deben cumplir los alimentos, realizando varios servicios centrados en prevenir la matanza irregular y clandestina del ganado dispuesto para el consumo humano, según informó la Guardia Civil en nota de prensa.

En este marco, agentes del Seprona localizaron una explotación ganadera presuntamente ilegal donde se realizaba el sacrificio de animales "sin las medidas higiénicas sanitarias" correspondientes, si bien este acto debe hacerse en mataderos autorizados y con supervisión veterinaria para certificar que los animales son aptos para el consumo humano y que las instalaciones reúnen las condiciones sanitarias.

Una vez localizado esta explotación, los agentes inspeccionaron la zona encontrando 35 animales sacrificados y pudiendo paralizar la muerte de otros 28 animales que aún estaban vivos en corrales de la explotación ganadera pero preparados para el sacrificio.

Ante esta situación se solicitó la colaboración de un inspector veterinario del Servicio Canario de Salud (Área de Salud de Gran Canaria) para levantar acta por una infracción recogida en la Ley General de Sanidad y de la que la Guardia Civil dará conocimiento a la Consejería de Ganadería del Gobierno de Canarias, ya que se trata del organismo competente.

Los agentes identificaron en la explotación al titular de la misma y a más de 50 personas que esperaban para comprar los animales muertos, por lo que "todos" están considerados como infractores a las correspondientes normativas de sanidad.

Estas infracciones en materia de sanidad están tipificadas como graves y las multas pueden oscilar entre los 3.000 y 15.000 euros dependiendo de la gravedad. Esta práctica también puede conllevar inhabilitaciones como la clausura del establecimiento y gastos derivados del transporte, así como del deposito en un lugar habilitado para los animales muertos.

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