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Acción policial contra agricultores ilegales

  • Escrito por Redacción

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Las denuncias implican la imputación judicial de los responsables, lo que choca con la habitual creencia de que no pasa nada. Agentes de la Guardia Civil descubren plantaciones de frutales patentados sin las correspondientes autorizaciones.

 Agentes de la Guardia Civil han descubierto una plantación irregular de frutales de variedades registradas (patentadas, para entendernos), lo que implica una ilegalidad por la que han de responder judicialmente sus dueños.

Este tipo de acciones policiales son cada vez más frecuentes contra agricultores que producen clandestinamente variedades vegetales que sólo se pueden producir mediante la autorización de sus propietarios, obtentores o licenciatarios, y, naturalmente, previo el pago de los royalties correspondientes.

En ocasiones, ni pagando se puede producir un determinado producto, debido a que los responsables determinan que no se conceden nuevos permisos, como modo de mantener la exclusividad en el mercado y asegurar la venta a precios altos.

La citada actuación de la Guardia Civil se enmarca en la operación denominada precisamente 'Royalty', cuyas investigaciones se iniciaron a raíz de denuncias de la entidad Geslive, especializada en la gestión y defensa de los derechos de variedades registradas, lo que implica la detección de productores ilegales para garantizar los intereses de los que sí se regularizaron adecuadamente.

La última explotación frutera ilegal, por cultivar variedades protegidas sin derechos, ha sido descubierta en Murcia y su dueño ha sido imputado como presunto autor de un delito contra la propiedad industrial.

Para acreditar que se trata de variedades registradas, cultivadas en su caso sin permisos y sin haber pagado los preceptivos royalties, los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil obtienen muestras de los árboles bajo sospecha, que son después analizadas para determinar con exactitud de qué variedades o subvariedades se trata y, por supuesto, si las mismas son de uso libre o están patentadas.

Para ello colaboran investigadores que pueden determinar sin lugar a dudas la procedencia del material vegetal analizado, de forma que sus conclusiones tienen pleno valor como pruebas en las actuaciones administrativas o judiciales contra los agricultores ilegales.

Este tipo de actuaciones e investigaciones policiales proliferan cada vez más, porque también crece el número de variedades patentadas y de explotaciones regulares de las mismas, y sin embargo chocan con el frecuente escepticismo de muchos agricultores que aún consideran que es muy difícil, o imposible, demostrar que una fruta es la que dicen ser y no otra. Pero se equivocan, porque los científicos cuentan hoy en día con sofisticados sistemas de detección basados en marcadores moleculares que señalan sin lugar a dudas de qué se trata. Y quienes infringen esto deben saber que pueden ser castigados a cuantiosas indemnizaciones y a penas de prisión de seis meses a dos años.

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