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El Congreso habilita a Rajoy a asumir el mando de los Mossos ante una crisis

  • Escrito por Redacción

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Una sola norma, y dos interpretaciones de la misma radicalmente contrapuestas. La comisión constitucional del Congreso aprobó ayer, y remitió al Senado, la ley de Seguridad Nacional. Lo hizo con los votos a favor del PP y del PSOE, además del de UPyD, pero con la oposición de CiU, PNV, la Izquierda Plural, ERC o Amaiur.

Algunos artículos de esta norma, que amplía los poderes del Gobierno para "proteger la libertad y bienestar de los ciudadanos, y garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales", fueron cuestionados sobre todo por los grupos nacionalistas o independentistas justo en plena escalada de tensión entre Mariano Rajoy y Artur Mas por el proceso soberanista abierto en Catalunya. El presidente del Gobierno, según la norma, queda habilitado para declarar una "situación de interés" para la seguridad nacional -una crisis-, que supondría, entre otras cuestiones, "la obligación de las autoridades competentes de aportar los medios humanos y materiales necesarios que se encuentren bajo su dependencia, para la efectiva aplicación de los mecanismos de actuación". El PNV o ERC tradujeron de inmediato que el presidente del Gobierno podría asumir, por tanto, el mando de las policías autonómicas -los Mossos d'Esquadra, por ejemplo- sin siquiera tener la autorización expresa del Parlamento.

El PP y el PSOE, como también ha hecho ya el Gobierno, se volvieron a esforzar ayer en desvincular totalmente la ley de Seguridad Nacional del proceso abierto en Catalunya. "Nada que ver, no hay la menor alusión en ninguno de los artículos a esta cuestión", insistió la portavoz del PP, Beatriz Rodríguez Salmones. El portavoz socialista, José Enrique Serrano, lo corroboró y recordó que este proyecto comenzó su andadura legislativa en el año 2009.

Salmones y Serrano defendieron la necesidad de esta ley en respuesta a los nuevos riesgos y amenazas para la seguridad -como el terrorismo yihadista- que han llevado a muchos países de la UE a elaborar estrategias específicas de defensa.

Pero el portavoz de ERC, Joan Tardà -que ayer también aseguró que el proceso catalán ya no lo para "ni Dios ni Rajoy"- salió en tromba: "Esta ley aumenta el aparato legislativo del Ejecutivo central para abortar el proceso democrático en Catalunya que culminará el 27-S". Tardè acusó al Gobierno de "ir poniendo aceite y lubricando la maquinaria represiva", además deestar "afilando el armamento".

El portavoz del PNV, Emilio Olabarría, criticó a su vez el intento de "legislar a uña de caballo, para crear un estado de emergencia permanente y para poder expropiar competencias autonómicas". Tanto el PNV como el grupo de Convergència y de Unió no vincularon esta norma al proceso soberanista en Catalunya. Pero el diputado de Unió, Antonio Picó, sí aseguró que "es una nueva excusa para laminar y sustraer competencias".

El conseller de Interior, Jordi Jané, reclamó rebajar la "intensidad" sobre el debate de esta norma. Pero advirtió: "Si entendemos que no se corrigen las vulneraciones competenciales podemos impulsar un recurso ante el TC".

LA VANGUARDIA

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