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Desarticulada una red que falsificaba la muerte de caballos para estafar a aseguradoras

  • Escrito por Redacción

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La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas e imputado a seis, en las localidades de Jaén, Begíjar, Baeza, Cazorla y Navas de San Juan, entre los detenidos e imputados, figuran propietarios de establecimientos ecuestres, veterinarios, propietarios "de paja" de los caballos y conductores de vehículos que simulaban accidentes, fundamentalmente atropellos

La Guardia Civil, en la denominada como operación 'Picar1', ha desarticulado un grupo criminal organizado, dedicado a la estafa de compañías aseguradoras mediante la simulación de fallecimientos de caballos de alta gama para así poder cobrar las indemnizaciones correspondientes. En el marco de esta operación, que se ha extendido también a las provincias de Sevilla, Granada y Bilbao, han detenido a cuatro personas y han imputado a otras seis.

Las investigaciones, según ha informado la Guardia Civil, han sido realizadas por el Equipo del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Jaén, tras la denuncia de una compañía de seguros que había detectado algunas anomalías en las indemnizaciones a pólizas de animales. A raíz de dicha denuncia, se pudo comprobar que dos titulares de explotaciones ganaderas equinas, una ubicada en Begíjar y otra en Baeza, estaban actuando de forma coordinada para poner de manifiesto unos accidentes que supuestamente justificaban el sacrificio de los equinos.

En el transcurso de las investigaciones, se pudo comprobar que los accidentes no habían ocurrido, sino que se trataba de actuaciones premeditadas y provocadas con el fin de poder solicitar de las compañías aseguradoras, indemnizaciones por valor muy superior a los que realmente tenían los caballos sacrificados.

Los detenidos ante la sospecha de ser descubiertos por la reiteración de la estafa y para eludir el vínculo de ser propietarios de varios animales que sufrían accidentes, pusieron la propiedad documental de los caballos a personas de su familia o confianza, siendo nula la relación de éstos con los animales, de los cuales sólo conocían que su nombre, figura en algún contrato de compraventa o cartilla sanitaria.

De este modo, demandaban a las compañías aseguradores, sin que éstas adviertan la relación de ellos en los siniestros reclamados. Todos estos accidentes y sacrificios, no podían llevarse a cabo sin la participación de veterinarios, los cuales son los encargados de efectuar el reconocimiento facultativo, pero éstos, dejando de lado muchas de las praxis habituales de su profesión, decretaban la eutanasia del animal afectado, sin siquiera comprobar, mediante la lectura de su identificador electrónico, si se trataba del mismo caballo, que el supuesto titular le indicaba.

Inspeccionados los veterinarios, la Guardia Civil pudo comprobar la ausencia de fichas clínicas, donde consten los informes profesionales, informes que debían indicar las lesiones por ellos observadas, y los medios técnicos empleados para detectar las mismas, así como las actividades de comprobación de otra medida, para curar las lesiones de los animales, antes de realizar la eutanasia de los mismos.

Además, los veterinarios extendían los pertinentes certificados de valoración de los équidos sacrificados, haciéndola muy por encima del valor de mercado e incluso del valor real que tiene el animal. Valorando los animales entre los dieciocho y los veinticuatro mil euros, cuando el valor real nunca superaba los tres mil euros.

Todos los animales afectados en esta investigación están siendo localizados por la Guardia Civil, encontrándose en algunos casos vivos y en otros siguen sin moverse de la explotación en la que siempre han estado estabulados ya que los animales realmente sacrificados eran diferentes y de menor valor a los que se decía que habían fallecido.

Los responsables del grupo criminal realizaban las reclamaciones en diferentes zonas con la intención de que fueran diferentes juzgados los que entendían de sus causas, tratando de evitar cualquier sospecha, sobre la falsedad de sus reclamaciones, llegando a presentar una en Madrid.

En el transcurso de la investigación, la Guardia Civil ha detenido a cuatro personas e imputado a seis, en las localidades de Jaén, Begíjar, Baeza, Cazorla y Navas de San Juan, entre los detenidos e imputados, figuran propietarios de establecimientos ecuestres, veterinarios, propietarios "de paja" de los caballos y conductores de vehículos que simulaban accidentes, fundamentalmente atropellos.

Además, se ha podido comprobar que los centros ecuestres investigados, extendían facturas falsas a nombre de otros picaderos, las cuales reflejaban gastos de doma y manutención que los caballos habían generado, facturas que eran extendidas.

Además, los veterinarios extendían los pertinentes certificados de valoración de los équidos sacrificados, haciéndola muy por encima del valor de mercado e incluso del valor real que tiene el animal, que podría ascender a entre 18 y 24.000 euros, cuando el valor real no superaba nunca los 3.000 euros.

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