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La Policía vincula a una banda de Benidorm con la venta de un arma para matar a un juez

  • Escrito por Redacción

BANDA-BENIDORM

La Audiencia de Alicante anula las escuchas en las que se basó la investigación y en las que también se hablaba de compra de explosivos. Los agentes sostienen que el arma fue adquirida por el hermano de un hombre absuelto por una red vinculada en España al 11-S.

La alerta de un confidente sobre un supuesto complot para matar a un magistrado de la Audiencia Nacional fue la pista que puso a la Policía detrás de una presunta banda organizada juzgada ayer en la Audiencia de Alicante. La Fiscalía les acusa de un delito de tráfico de armas de guerra después de que la investigación abierta en 2006 por la Audiencia Nacional no consiguiera acreditar los vínculos de los acusados con redes yihadistas.

El proceso arrancó ayer, tras haberse suspendido dos veces por la incomparecencia de uno de los cinco acusados, con la decisión del tribunal de anular las escuchas en las que se basó la investigación. La petición fue planteada por la abogada Ángeles Gutiérrez y a ella se sumaron otros letrados del caso como Javier Gómez de Liaño, Aitor Esteban Gallastegui y Ernest Armada. La Sección Tercera avanzó ayer a las partes que iba anular los pinchazos autorizadas por la magistrada de la Audiencia Nacional Teresa Palacios porque el auto estaba poco motivado. La sala dijo que desarrollaría en la sentencia las razones.

Las defensas sostienen que no existe otra prueba más que las escuchas por lo que consideran que su anulación suponían la absolución inmediata de todos los acusados. Sin embargo, el juicio continuó. Todos los procesados, salvo uno, se acogieron a su derecho a no declarar.

La Fiscalía considera que además de los pinchazos hay otras pruebas, como el testimonio de un testigo protegido que alertó a los agentes y las vigilancias por las que la Policía detectó la venta de un subfusil en Benidorm que iba a ser entregado en Madrid a un empresario de origen sirio. El fiscal argumenta que en las escuchas los acusados hablan en clave y se refieren a la venta de pisos y de solares, sin hablar directamente del arma de guerra. Los agentes también concluyeron que la red negoció una venta de explosivos en un chalé de l'Alfàs, pero este extremo fue obviado por el fiscal en sus conclusiones tras la nulidad.

Los funcionarios manifestaron que el confidente les alertó de que en el despacho del empresario sirio acusado había visto un reportaje fotográfico de un magistrado de la Audiencia Nacional y había inquietud porque los acusados podrían estar preparando algo contra él, aunque en el juicio no se dijeron nombres. El hermano de este empresario había sido procesado por Baltasar Garzón como presunto miembro de la célula española que colaboró en los atentados del 11-S, pero salió absuelto en el juicio celebrado en 2005, un año antes de estos hechos.

Las informaciones del confidente, que no ha sido citado como testigo en el juicio, llevaron a los agentes a un bar de Benidorm donde se cerró la venta de un subfusil, un arma de guerra cuya posesión en España está prohibida para particulares. Los policías que formaron parte del operativo aseguraron que el testigo protegido les llegó a facilitar fotografías del arma. Los agentes hicieron un seguimiento desde Benidorm a Madrid a los sospechosos y les detuvieron en el momento en que iban a entregar el subfusil en el despacho del empresario. El arma fue requisada en uno de los coches en los que se desplazaron algunos de los acusados. El confidente llegó a ser uno de los detenidos en la operación. El fiscal dejó a la consideración del tribunal la participación en los hechos de cada miembro de la red, a quienes pide penas de entre dos y cinco años de cárcel.

El empresario acusado, que fue el único que quiso declarar, achacó la declaración del testigo protegido a una venganza contra él. Según dijo, meses antes habían dejado de hacer negocios con él porque era una persona muy informal y siempre había querido engañarlos. «Nos llegó a pedir diez millones de pesetas para un soborno para sacar a mi hermano de la cárcel. Yo estaba convencido de que era inocente pero él decía que la Justicia estaba corrupta y que había que pagar», aseveró. Otros acusados aseguraron que todo este proceso era una burla y que no tenían nada que ver con lo que se les imputaba y anunciaron que reclamarían por el daño causado.

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