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Quince policías han quedado atrapados en una promoción inmobiliaria del sindicato CEP

  • Escrito por Redacción

Jura-bandera-Avila

Quince policías invirtieron 40.000 euros en la señal de unas viviendas que iban ser construidas en un municipio cercano a Madrid por una cooperativa respaldada por la Confederación Española de Policía (CEP). A día de hoy, no disponen de casa ni les han devuelto el dinero.

 Las viviendas estaban anunciadas como la segunda fase de una urbanización construida en la localidad de Azuqueca de Henares, al este de Madrid. Sin embargo, han pasado siete años desde el pago de la entrada y aún no han comenzado las obras.

La promoción inmobiliaria estaba respaldada por un alto cargo del sindicato Confederación Española de Policía (CEP). En concreto, los afectados acusan a José Luis Oyuela, responsable de la secretaría de acción sindical, de lo que les ha ocurrido.

Los diecisiete afectados, quince funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y dos civiles, han reclamado a la constructora el reintegro de la inversión, pero no han obtenido respuesta. Algunos de ellos llegaron a abonar hasta 40.000 euros en concepto de adelanto.

Por este motivo, los diecisiete están estudiando emprender acciones legales contra la empresa encargada de la cooperativa, Cepadi Desarrollos Urbanisticos. La constructora, según denuncian, ofrecía promociones con precios ventajosos para los policías que forman parte del sindicato CEP.

Algo similar ocurrió hace nueve años con otra cooperativa que cumplía estas mismas características: mantenía acuerdos con la CEP, pero esta vez en Valladolid.

Según denuncia la Unión Federal de Policía, otro sindicato, la empresa UCASA nunca llegó a construir 90 chalets adosados que dejaron en la calle y sin ahorros a más de 77 familias de policías. Estos, tras emprender las acciones pertinentes, llegaron a juicio en el año 2012.

Aunque el magistrado condenó a la empresa a devolver los casi 350.000 euros de las señales y a pagar las tasas derivadas de todo el proceso, a día de hoy no se ha abonado ninguna de las dos cantidades, reclaman. El juzgado ha declarado a su promotor, Carlos Valdés, en “rebeldía procesal”.

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