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La Guardia Civil eleva a un millón de euros el fraude en el pósito de Cabo

  • Escrito por Redacción

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El Juzgado instructor ha levantado el secreto de sumario y los investigadores creen que el presunto delito fiscal afecta a ocho subvenciones no ejecutadas

El Juzgado de Instrucción Número 2 de Ribeira ha decretado el levantamiento del secreto sumarial de la operación Vipe, que investiga, junto al Seprona de la Comandancia de A Coruña, los presuntos delitos fiscales que habrían sido cometidos por los que fueron máximos responsables de la cofradía hasta el 2014: Carmelo Vidal, que ejerció de patrón mayor durante más de veinte años, y Ermitas Pérez, que fue presidenta del colectivo de mariscadoras de a pie. Los investigadores, desde que se realizaron los registros en las oficinas de la cofradía y en las viviendas de Vidal y Pérez, no han dejado de analizar la documentación confiscada. A día de ayer, las conclusiones de los agentes fijaban, aproximadamente, en un millón de euros el dinero presuntamente defraudado.

El análisis de los documentos económicos requisados, principalmente en el pósito, está siendo más laborioso de lo que se pensó inicialmente, ya que, tal y como trascendió hace semanas, los agentes no encontraron numerosa documentación contable de los años investigados (2012 y 2013). Aún así, y atendiendo a lo que sí había en las oficinas, los profesionales creen que, en el tramo de tiempo analizado, se habría cometido un fraude de subvenciones que alcanzaría el millón de euros. Las pesquisas llevadas a cabo permiten concluir al instituto armado que las ayudas que están bajo sospecha serían un máximo de ocho, aunque también hay que tener en cuenta, explican en A Coruña, que solo se está investigando una mínima parte del tiempo que los dos principales imputados en el operación Vipe ejercieron el poder en esta entidad crucense.

Cuantías diversas

El valor de las citadas ayudas públicas es muy diferente. La que más valor tiene llegaría a los 500.000 euros, y la que menos, a los 60.000. Además, habría otras de 200.000 o 100.000. Por ahora, el Seprona prosigue plasmando sus conclusiones en el informe policial que será entregado próximamente en el Juzgado Número 2 de Ribeira y en el Ministerio Fiscal.

Otra parte clave del trabajo llevado a cabo por el instituto armado en el marco de la operación Vipe se concentra en las grabaciones llevadas a cabos en diferentes teléfonos intervenidos, y que serán incluidas en las diligencias para su posterior análisis por parte de la jueza instructora de este caso.

La defensa de Vidal y Pérez pidió la nulidad de las actuaciones por no informar del operativo policial

La defensa de los principales imputados en el marco de la operación Vipe, Carmelo Vidal y Ermitas Pérez, ha solicitado a la jueza instructora la nulidad de las actuaciones. El letrado, Ramón Sabín, explicó ayer: «Yo estaba personado en la causa y no me notificaron la operación policial que se realizó en la cofradía y en las viviendas de mis clientes. Además, no se justificó el por qué de los registros en sus casas (en alusión a la de Carmelo Vidal, en Cabo, y al de Ermitas Pérez, en Boiro), que no estaban motivados y por eso solicité la nulidad».

Sabín añadió que todavía no conoce la resolución de la jueza a su petición, aunque fuentes cercanas a la investigación indicaron que su demanda fue rechazada. El letrado concluyó sus declaraciones asegurando: «Entendemos que no hay fraude en las subvenciones investigadas, pero si los agentes lo consideran así tendrán que aportar pruebas para demostrarlo».

LA VOZ DE GALICIA

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