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La Guardia Civil y el hospital protegieron a la mujer de Verín asesinada por su marido

  • Escrito por Redacción

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La Guardia Civil no convenció a la jueza de Verín cuando le pidió medidas de protección para Isabel Fuentes mientras estaba hospitalizada en el CHUO de Ourense, recuperándose de una agresión en la cabeza con un martillo.

Tampoco logró autorización para intervenir el teléfono de su pareja, Aniceto Rodríguez, de 75 años, a quien desde mediados de abril consideraban sospechoso de aquella agresión y ahora es presunto autor de la muerte de la mujer, que se produjo el pasado viernes en el propio hospital. No se rindieron en la unidad de Policía Judicial de Verín, ni se contentaron con la respuesta. Reorientaron sus esfuerzos dentro del CHUO.

Los seis argumentos con los que había defendido la Guardia Civil su punto de vista, detallando los indicios que apuntaban al ex carnicero del municipio de Riós como supuesto autor de la agresión a su pareja, no tuvieron peso suficiente para la jueza, que por escrito desmontó una a una las razones de los investigadores.

La Guardia Civil había presentado en el juzgado de Verín 1 con la explícita referencia de «homicidio intentado» su ampliación de diligencias sobre la agresión a Isabel Pazos, que inicialmente había sido etiquetada como un robo con violencia tras una denuncia que el 3 de abril presentó el ahora presunto homicida. Hablaba entonces de un intento de robo y una agresión a la mujer.

La presencia de los agentes de Policía Judicial de la Guardia Civil, de paisano, llegó a ser perceptible en el CHUO. Sobre todo cuando Isabel estaba en la Unidad de Reanimación. Conocida la posición de la jueza, buscaron alternativas para el mismo fin. Hubo sintonía. De forma más o menos explícita, un representante del equipo confió sus sospechas a la persona a quien consideró que mejor podía entenderlo. Pidió ayuda de forma extraoficial.

En un lugar sometido a vigilancia permanente, con enfermos críticos y horarios de visitas restringidas, era donde Isabel podía estar más segura. Trataban de ganar tiempo, a la espera de que la jueza del caso pudiera cambiar su impresión del asunto, que pudiera intervenir el ministerio fiscal o, incluso, que se pudiera reconducir el asunto en un momento en el que la decisión dependiera de la guardia de otro juez más receptivo con las peticiones policiales.

Isabel Fuentes estuvo en reanimación más tiempo del que hubiera sido normal. Una semana más, dicen algunas fuentes, resaltando que un servicio tan especializado tiene siempre una alta demanda. Cuando el traslado a planta resultó inevitable, sin posibilidades de más aplazamientos, se intentó situarla en alguna de las habitaciones más próximas al puesto de control. El 29 de abril ya durmió la paciente en la habitación 413. Cuanto más personal sanitario estuviera cerca de ella, mejor, concluyeron quienes estaban detrás de aquellas discretas maniobras cuyo objetivo no era otro sino protegerla de una agresión que en la Guardia Civil veían muy posible y se acabó produciendo.

El desenlace fue muy diferente al que esperaban quienes más pendientes estaban de Isabel Fuentes, que esperaban a que madurara aquella tensa situación y confiaban en que Aniceto diera el paso en falso que permitiera detenerlo, imputarle la primera agresión y evitar otra.

La inesperada infección de la paciente con quien compartía Isabel habitación provocó su traslado preventivo el día 2 de mayo a otra, la 417. Con una herida abierta, se consideró que el riesgo de contagio era alto y resultaba necesario trasladarla. Puro protocolo. La cambiaron de habitación, quedó más lejos del puesto de control, pero, a cambio, tenía como compañera a una persona que estaba plenamente consciente y que, ante una eventual situación de peligro, podría dar la alarma. Los acontecimientos, sin embargo, rompieron las previsiones. Aniceto fue rápido. Y el viernes, 8 de mayo, Isabel murió apuñalada.

Medios oficiales han evitado confirmar que haya habido coordinación en esos hechos.

Una decisión sin informe de la Fiscalía

Mientras se producían estos discretos movimientos al margen de cualquier indicación del Juzgado de Verín 1, donde Isabel Fuentes aún era consideraba víctima de un intento de robo con violencia y no de una agresión machista, con la mujer ya en planta ordinaria, el máximo responsable de la Guardia Civil en la provincia transmitió su preocupación al fiscal jefe de Ourense. Este, a su vez, hizo llegar a una de las personas de su equipo la necesidad de intervenir desde la óptica de la violencia de género. Precisamente el día en que Isabel perdió la vida, según todos los indicios a manos de Aniceto, tenía previsto reunirse la fiscal con los responsables de la investigación que habían llegado a la conclusión de que el suceso del 3 de abril no había sido un robo y que, ante la evolución de la víctima y la perspectiva de una confesión, no se podía descartar que se repitiera.

La baza que le quedaba a los investigadores era la fiscalía, que, hasta el momento, no había tenido intervención en el caso. Aniceto, que ahora se recupera en el CHUO de un intento de suicidio que algunas fuentes aproximan más a una autolesión controlada, había denunciado un supuesto robo sin botín del que no había huellas sólidas, pero que había dejado al borde de la muerte a Isabel Fuentes golpeada en la cabeza con un martillo.

Cuando la Guardia Civil expuso a la titular del Juzgado de Verín 1 sus razones para dar un giro radical a las diligencias, la jueza acordó dar traslado de la petición de medidas al ministerio público con el obvio fin de conocer la impresión del fiscal. Sin embargo, la resolución judicial -es decir, la negativa a la solicitud, que dejaría a Aniceto como sospechoso de violencia de género- se firmó sin que al parecer el ministerio público hubiera tenido tiempo de pronunciarse.

LA VOZ DE GALICIA

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