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La Guardia Civil acusa a Sánchez Teruel de hasta cinco delitos en el caso 'Marismas'

  • Escrito por Redacción

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Un informe policial asegura que el líder socialista formó parte entre 2008 y 2009 de un «grupo organizado» junto a otras diez personas que buscaba un «lucro ilícito»

La Guardia Civil vuelve a insistir, un año después de una primera propuesta, para que el secretario general del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, sea imputado por la Justicia en el marco del caso 'Marismas'.

Un total de cinco delitos -dos más que en abril de 2014- tipificados en el Código Penal, imputa la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil al actual líder del socialismo almeriense, en el último atestado elevado la pasada semana al juez instructor, tal y como el domingo avanzó IDEAL de Almería y al que ha tenido acceso este periódico.

Según el informe policial, que consta de más de doscientos folios, el actual dirigente del PSOE de Almería, siendo director general de la Consejería de Agricultura, entre 2008 y 2009, habría podido cometer los siguientes delitos. Delito de tráfico de influencias, otro de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función, así como un delito de fraudes y exacciones ilegales. Además, la investigación mantiene que Sánchez Teruel pudo incurrir en sendos delitos de coacciones y de pertenencia a grupo organizado. De este último, la Guardia Civil asegura que el secretario de los socialistas almerienses estaba integrado en «un grupo organizado» junto a otras diez personas, que buscaban «un lucro ilícito por parte de un tercero, siendo evidente la división de funciones por su estructura, organizada y jerarquizada».

Junto a Sánchez Teruel, en el mismo atestado, son propuestos para su imputación seis personas más. De confirmarse las mismas por el magistrado, el caso 'Marismas' ya tendría imputados a un total de 28, entre técnicos, exmiembros de la Junta Rectora de la Comunidad de Regantes del Bajo Guadalquivir (CRMG), empresarios, funcionarios de la Junta de Andalucía y cargos políticos de la misma durante la época investigada. De hecho, entre estos últimos, ya están imputados dos exdirectores generales de Regadíos, Francisco Ruiz y Tomás Martínez.

Cabe recordar que en esta causa, que desde hace dos años se investiga en Sevilla, se trata de averiguar las responsabilidades en el uso de unos 40 millones de euros públicos destinados a la mejora de los regadíos de las Marismas del Bajo Guadalquivir.

En esta nueva ristra de personas propuestas para ser imputadas, además de Sánchez Teruel, que disfruta del estatus de 'aforado' ante el TSJA por ser diputado, aparecen mencionadas las siguientes personas: Guillermo Bravo Macheño, que era consejero delegado de Befesa del Grupo Abengoa, actualmente en Abeinsa. Joaquín Mª Sánchez Mancha, como director de Obras de la CRMG, actualmente en la mercantil Wats. Salvador Cejudo Galán, como jefe de la oficina de Supervisión de Proyectos de la Dirección General de Desarrollo Sostenible y Medio Rural y en la actualidad director de Agricultura de la Subdelegación del Gobierno en Andalucía. Antonio Fiñana, como delegado Sur-Este de Befesa/Abengoa. Luis Hereza Díaz (Befesa), gerente de la UTE Riego-Marismas desde septiembre de 2008. Y Juan Bautista Peña López-Pazo, gerente de la UTE Riegos Marismas de junio de 2007 hasta agosto de 2008 y redactor del Proyecto Constructivo en esas fechas.

Las acusaciones a Teruel

En relación con los presuntos delitos cometidos por el diputado almeriense del PSOE, el atestado policial desgrana los motivos que concurren en los mismos.

En el caso del delito de trafico de influencias, los investigadores señalan en su informe que «no nos queda la menor duda de que esta persona presiona a la Junta de Gobierno de la CRMG y funcionarios adscritos a su Dirección General (DG), con el único objetivo de conseguir una resolución que pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para la UTE Riegos-Marisma (Befesa-Alpi)». Los investigadores señalan, asimismo, que «todo lo desarrollado en el 'mal llamado' Proyecto Complementario, donde esa DG da todos los pasos para conseguir informes favorables de los técnicos de la Administración en un solo sentido y es aplicar el articulo 155 b de la LCSP, es decir, conceder una nueva subvención para financiar con dinero público algo ya subvencionado, con adjudicación directa a Befesa, por importe de más de 13 millones de euros; cosa que no se llegó a realizar, por renuncia expresa de la actual Junta de Gobierno de la CRMG de esa subvención, pues tenemos el convencimiento de que se le hubiese otorgado, una vez están favorables los informes».

Respecto al delito de negociaciones prohibidas y abuso de poder, el informe policial asegura que Sánchez Teruel, «aprovechándose de tal circunstancia -su cargo de responsabilidad-, facilitó la participación directa de la UTE Befesa-Alpi», tal y como queda recogido en un total de ocho testificales.

Los investigadores de la Benemérita también acusan al líder de los socialistas almerienses de un delito de fraude y exacciones ilegales: «Por tener una intervención directa por razón de su cargo en intentar que se realice una contratación pública, como era ese Proyecto Complementario y concertarse entre ellos con el único fin de conseguir defraudar a la administración pública, al subvencionar dos veces las mismas unidades en las obras». Así como -relata el extenso informe- «permitir que Befesa enmascarara partidas importantes de dinero público en las certificaciones» por un valor de unos 21 millones «con la permisividad de esa Dirección General de Regadíos».

Finalmente, Sánchez Teruel también incurre en un presunto delito de coacciones «por las amenazas y coacciones realizadas a la Junta Rectora de la CRMG», como dejan de manifiesto tres testificales.

El pasado 14 de octubre de 2013, el político almeriense, acogiéndose al derecho de rectificación tras las primeras informaciones periodísticas publicadas sobre este caso, argumentó entre otras cosas lo siguiente: «Que es inexacto y no se ajusta a la verdad como se afirma, que exista un sumario judicial abierto por corrupción donde se esté investigando a D. José Luis Sánchez Teruel o se mencione a este como integrante de una trama de supuestas presiones (y comisiones), en relación con las obras de modernización de regadíos de la comunidad de regantes de las Marismas».

EL IDEAL

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