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Enfermos de segunda en Muface e Isfas.

  • Escrito por Redacción

recortes-muface

Los recortes del Gobierno en el presupuesto de Muface e Isfas, las mutualidades que dan asistencia sanitaria a dos millones de funcionarios, están poniendo en peligro tratamientos y pruebas médicas de pacientes con graves enfermedades. Policías, profesores, carteros o guardias civiles dicen sentirse abandonados cuando más lo necesitan. “Tras toda una vida cotizando, nos tratan como a un colectivo de desecho”, resume María Ángel Herrero, mujer de un comisario.

“Estoy asfixiado. Esto me está comiendo por los pies. Es una injusticia”. La angustia que atenaza a Félix Soto, guardia civil retirado, tras conocer que se cierra la Unidad del Dolor de una clínica murciana a donde acudía desde hace años para recibir medicación, es la misma que comparten otros mutualistas.

Funcionarios, policías, profesores, militares, carteros o guardia civiles con graves enfermedades que, como Soto, se quejan de que, tras los recortes los recortes del Gobierno en el presupuesto de Muface e Isfas -las mutualidades que dan cobertura sanitaria a dos millones de funcionarios- las aseguradoras les están poniendo todo tipo de trabas para continuar con sus tratamientos o acceder a pruebas médicas en hospitales o clínicas que, de golpe y porrazo, han quedado fuera de sus cuadros médicos.

Las quejas se suceden. Los enfermos están preocupados. “Les está provocando mucha ansiedad, mucho estrés”, dicen desde el CSI-F, uno de los sindicatos que ha presentado más reclamaciones de pacientes. Desde el Ministerio de Hacienda aseguran que se han buscado soluciones para todos los casos. “Los hemos atendido uno por uno y de forma personalizada”, indican al tiempo. Hacienda advierte, además, que los centros sanitarios tienen la “obligación absoluta” de dar continuidad asistencial a los enfermos.

Dos millones de funcionarios públicos y familiares afectados

El CSI-F ya denunció en marzo pasado, en una carta al Ministerio de Sanidad que desde que empezó el año los recortes en las mutuas de los funcionarios han producido una disminución de la oferta sanitaria, cuadros médicos y centros hospitalarios que afecta a más de dos millones de personas. Es más, durante los últimos 5 años el presupuesto destinado sólo a Muface se ha visto recortado en 1.052 millones de euros. Desde el sindicato, apuntan a la «reducción paulatina de las aportaciones del Gobierno, la utilización irresponsable de los fondos de reserva y la reducción de los mutualistas en activo como los culpables de esta situación».

«Estos recortes han provocado retrasos en tratamientos, pruebas diagnósticas y denegaciones de acceso a urgencias en sus centros habituales, algo que resulta especialmente grave en pacientes con enfermedades cardiológicas y oncológicas», denuncian desde la agrupación sindical. Además, los mutualistas no han podido decidir si se incorporaban al Régimen General de la Seguridad Social ya que cuando fueron avisados el plazo se había cumplido. En el caso de que desaparecieran las mutuas y se incorporaran todos, entrarían dos millones de personas más a la Seguridad Social, en su mayoría personas de avanzada edad, lo que supondría un sobrecoste en principio inasumibe para el sistema sanitario.

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