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Los informes de la UCO sobre UGT comprometen al PSOE ante Alaya

  • Escrito por Redacción

ugt-psoe

Los informes elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para el caso de las facturas falsas de UGT -en manos del Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla-, que cuestionan el «artificio financiero» ideado por el sindicato en Andalucía para justificar gastos de subvenciones ante la Junta, podrían acabar situando al PSOE andaluz y sus Casas del Pueblo en el punto de mira de la juez Mercedes Alaya dentro de la investigación paralela puesta en marcha en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla por el presunto fraude masivo con las ayudas para los cursos de formación profesional.

Benemérita al Día - 21 de abril de 2015

Tras desmenuzar las cuentas del sindicato y recoger el testimonio de algunos trabajadores ugetistas, los expertos de la Guardia Civil concluyeron que el sindicato que ahora encabeza Carmen Castilla había justificado gastos en subvenciones otorgadas por la Junta de Andalucía con una maniobra de ficción mercantil consistente en ceder sus instalaciones a una empresa participada al 100% por la organización sindical para que dicha sociedad, liberada de siglas, se dedicara a alquilar las dependencias a otra entidad -también dependiente de UGT-A- para la realización de cursos de formación.

Alquiler subvencionable

Hay que tener en cuenta que uno de los conceptos subvencionables para las ayudas formativas de la Junta de Andalucía era el del alquiler de aulas. Y es evidente que, si un curso se realizaba directamente en una sede de UGT, el sindicato no podía cobrar, autorrepercutirse ni justificar ante la Administración autonómica renta de alquiler ninguna. ¿Qué hizo? Recurrir al «artificio» de ceder patrimonio a la empresa Soralpe (propiedad al 100% de la propia UGT) y usarla como pantalla para facturarle al Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) por los cursos impartidos en instalaciones de UGT.

Según advirtió la UCO al juez de las facturas falsas, Juan Jesús García Vélez, de esta maniobra mercantil se derivó «una situación irreal mediante la cual se estaban justificando gastos ante la entidad concedente de las subvenciones [la Junta de Andalucía] que en sí no lo eran», una conclusión que confirma la gravedad de los acuerdos que recoge el acta revelada por EL MUNDO de la reunión interna celebrada el 9 de febrero de 2006 por el ex tesorero de UGT Andalucía Federico Fresneda con los secretarios de Administración de las ocho uniones provinciales.

En presencia de Enrique Goicoechea, consejero delegado de Soralpe, Fresneda apuntó que «habría que poner todo a nombre» de esta empresa siguiendo el ejemplo de UGT de Jaén, a la que ya le estaba saliendo gratis el gasto de la factura eléctrica vía ayudas de formación de la Junta. «La luz se ha puesto a nombre de Soralpe y es quien paga, y la unión provincial se olvida», recoge un acta donde también salen a relucir las Casas del Pueblo del PSOE.

«Con los cursos de Sevilla hay un problema y es que todos se hacen en la Avenida de la Raza [sede del IFES] y habría que intentar sacarlos de ahí», refleja expresamente el acta de una reunión en la que Fresneda da la orden también de «comprar» Casas del Pueblo del PSOE y reconvertirlas en aularios para solventar el problema de la justificación del autoalquiler de edificios que en realidad son propiedad de UGT.

Cesión gratuita

Como prueba la documentación remitida a la Junta, numerosos cursos impartidos por IFES se desarrollaron en sedes del PSOE. En un solo expediente justificativo (el presentado ante la Consejería de Empleo en marzo de 2011 por una ayuda de 3,17 millones de euros), se especifica que 22 de los cursos desarrollados por UGT se realizaron en Casas del Pueblo del PSOE o compartidas con el sindicato, y en todos la Junta le subvencionó a la organización sindical el supuesto «alquiler» de la sede socialista pese a que, siempre según la versión oficial, el partido le cedía gratuitamente las Casas para formar a los desempleados.

Ni siquiera en aquellas sedes cuya propiedad está compartida al 50% por socialistas y ugetistas el PSOE ha admitido que se haya beneficiado indirectamente de las partidas subvencionadas por la Junta para alquiler de los aularios. O sea, según el Partido Socialista, ni los gastos corrientes de las Casas del Pueblo se han afrontado con el dinero de alquiler que sí cobró UGT y que lo ha justificado como tal ante la Junta.

En todo caso, hay pruebas fehacientes de que el PSOE ha sido beneficario directo de las ayudas de la formación a UGT. Y es que el Gobierno andaluz subvencionaba las obras de construcción o adecuación de aulas para impartir formación. Y hay Casas del Pueblo que han sido remozadas con las ayudas al sindicato hermano. El caso más significativo probablemente sea el de de la sede socialista del pueblo jiennense de Lopera, donde el PSOE andaluz dispone desde 2007 de un edificio -compartido con UGT- que costó 353.309,02 euros cubiertos íntegramente por una subvención de la Administración autonómica. Los socialistas nunca han aclarado el patrimonio que comparten con UGT en Andalucía.

El acta que implica a Susana Díaz, firmada en notaría

Consciente o inopinadamente, la propia secretaria general del PSOE andaluz y presidenta en funciones de la Junta, Susana Díaz, jugó en el pasado un papel principal en esa extraña relación entre su partido y UGT en torno a las Casas del Pueblo y las ayudas de la Junta para formación.

El 15 de abril de 2011, cuando era secretaria de Organización del PSOE andaluz, Díaz suscribió ante notario un convenio con el ex secretario general de UGT Andalucía Francisco Fernández Sevilla -dimitido en pleno escándalo de las facturas falsas- para la creación de un «aula» en la Casa del Pueblo que partido y sindicato comparten en el pueblo jiennense de Torreperogil.

En el acuerdo firmado por Susana Díaz, el anterior líder ugetista y Federico Fresneda, el ex tesorero imputado de UGT, establecen que dicha aula «será destinada al alquiler para la realización de cursos de formación» y añaden, expresamente, que «el importe obtenido será destinado al mantenimiento del edificio».

Cuando en enero de 2014 EL MUNDO reveló el documento notarial con la rúbrica de Susana Díaz, ésta reaccionó afirmando que era «falso». No negaba la veracidad de la información, sino que aludía a que en el convenio se había acordado también crear una cuenta bancaria conjunta de PSOE y UGT en la que se ingresaría el dinero obtenido por el rrendamiento de la Casa del Pueblo de Torreperogil y esa cartilla común no se llegó a crear nunca.

No osbtante, el acuerdo notarial -reconocido hasta por el portavoz parlamentario del PSOE, Mario Jiménez-invita a pensar que puede haber más acuerdos respecto a otras sedes del PSOE que hayan supuesto ingresos indirectos para el PSOE vía ayudas de formación. O no: pero si el sindicato se quedaba el dinero y simulaba un falso alquiler en las justificaciones ante la Junta, sería el mismo «artificio» que el de Soralpe con los socialistas participando en la ficción.

EL MUNDO

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