Menu
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
logo-circulo-ahumada
Cartas al Director

Cartas al Director

Envíe su carta...

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. ARTÍCULO 2 (CUIDADO CON LAS COCES)

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. ARTÍCULO 2 …

‹‹La Constitución ...

El gran encierro

El gran encierro

No, no me refiero ...

DOMINGOS BENEMÉRITOS

DOMINGOS BENEMÉRITOS

SUMARIO: DOMINGO 04 ...

Sábados culturales en Benemérita al Día

Sábados culturales en Benemérita a…

SUMARIO SÁBADO 03 de...

MANIFESTACION DE ODIO EN ALSASUA

MANIFESTACION DE ODIO EN ALSASUA

Miles de personas ...

Los majaderos de Alsasua

Los majaderos de Alsasua

Tras el acto terro...

Prev Next

hospimedicalpatrocinador

Noticias Actualidad

La Guardia Civil cifra en 21 millones el dinero sin justificar en cursos formativos desde 2005

  • Escrito por Redacción

EL DIA

El informe narra el descontrol en las ayudas y señala a Antonio Fernández como presunto autor de un delito de malversación

 Benemérita al Día (08/04/2015)

El informe de la Guardia Civil que forma parte de las diligencias que está llevando a cabo el Juzgado número seis de Sevilla por irregularidades en los cursos de formación no deja lugar a dudas en el caso de la provincia de Córdoba y apunta a que la concesión de las ayudas incumplían los controles preceptivos. El informe, al que ha tenido acceso El Día, narra una serie de incorrecciones en los procedimientos por parte de la Delegación de Empleo y ya en sus primeros párrafos aclara una cuestión, como es que "la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Córdoba no habría cumplido con la legislación que le es aplicable".

A partir de aquí, son muchas las apreciaciones que se indican respecto a la fase de adjudicación de las ayudas, así como de la gestión y control de los fondos públicos que se concedían y de la justificación del dinero que las entidades que impartían esas acciones de formación profesional ingresaban por parte de la Junta de Andalucía. Sobre este último punto, el informe del Instituto Armado se elabora con las declaraciones de una serie de responsables técnicos del SAE y apunta incluso que la Intervención Provincial de Córdoba habría requerido al SAE en la provincia "las cantidades pendientes de justificar fuera de plazo desde el año 2005 al 2012, ascendiendo este importe a 21.274.436,19 euros, todo ello referido a las subvenciones en materia de Formación Profesional para el Empleo", indica el texto de la Guardia Civil.

Pero además de especificar que los procedimientos no eran los adecuados, el informe concluye que el exdelegado de Empleo en Córdoba, Antonio Fernández Ramírez, "sería responsable" de una serie de hechos que podrían ser constitutivos "de los supuestos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación". El también exalcalde socialista de Pozoblanco ya fue detenido por esta causa. Llamado por la jueza que lleva el caso, se acogió a su derecho a no declarar y fue puesto en libertad con cargos.

En cuanto a qué irregularidades se le atribuyen a Fernández Ramírez, la Guardia Civil indica que en la concesión de subvenciones públicas para la realización de acciones formativas para FPE, "ha certificado, ante los órganos de Intervención, que los beneficiarios que solicitaban las subvenciones reunían las condiciones impuestas, esto es, que estaban inscritos en el Registro Andaluz de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo", cuando realidad parece que hay dudas sobre ello.

La Unidad Central Operativa de la Policía Judicial del Instituto Armado añade que la labor inspectora, cuya responsabilidad era también del exdelegado, "no se habría realizado con la diligencia debida, habiendo podido generar una disfunción en la ejecución de las acciones subvencionadas por la Administración andaluza, y por tanto, pudiendo haber causado un menoscabo en los fondos públicos destinados a tales acciones".

Pero además, para la Guardia Civil "se ha demostrado que los beneficiarios no presentaban las justificaciones de las subvenciones en los plazos establecidos en la Resolución de concesión de las mismas, sin que existan evidencias de que el órgano gestor, en el ejercicio de sus obligaciones, haya requerido el estricto cumplimiento de ello, pudiendo haber ocasionado, mediante esta dejadez de funciones, un perjuicio al Erario andaluz".

De otro lado, en las diligencias de Juzgado se hace referencia igualmente a la ausencia de informes de inserción laboral y del impacto de los cursos revisados en los expedientes.

Benemerita al Dia/EL DIA DE CORDOBA

Escribir un comentario


Código de seguridad
Refescar

Benemérita al día

Actualidad

Cultura y Sociedad

Otras Secciones

Boletín de Noticias

SUSCRÍBETE >> Recibe gratis todas las noticias en tu correo
Términos y Condiciones