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Absueltos cuatro guardias civiles acusados de torturar a dos turistas

  • Escrito por Redacción

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El Tribunal Supremo ha absuelto a cuatro guardias civiles que habían sido condenados en la Audiencia de Palma por delitos de torturas y faltas de lesiones. Los hechos, derivados de una pelea en un pub con guardias fuera de servicio, sucedieron en noviembre de 2009, en la zona turística de Calvià (Mallorca).

La base de la anulación por el Supremo de las condenas, con penas de hasta dos años de cárcel y ocho de inhabilitación para cada guardia, radica en la ausencia de un relato judicial de las víctimas en el juicio de 2014 y, en especial, de su interrogatorio en el vista oral, porque se negaron a comparecer ni pudieron ser interrogadas por vídeo conferencia.

El Supremo observa que “de los hechos denunciados no puede determinarse una degradación de las garantías propias del proceso penal y especialmente del derecho a la presunción de inocencia”, que considera la clave fundamental.

Han sido absueltos el sargento Miguel Ángel Alcántara Liétor (que fue condenado por dos delitos de torturas graves y dos faltas de lesiones) y los guardias Juan Manuel Martín Meneses, Ángel Suárez Peña y Ayoze Santaella Muñoz, por un delito y una falta cada uno. Todos ellos eran del área de investigación del cuartel. El fiscal pidió 16 años de cárcel para el sargento y 11 para el resto de agentes.

El asunto motivó la causa penal contra los guardias, un expediente sancionador del Instituto Armado que abrió una investigación interna paralela para escrutar la situación del cuartel y, además, se tramitó una denuncia de los guardias contra los turistas detenidos, que fueron condenados por sendas faltas de lesiones y desobediencias a la autoridad, en 2013.

La versión defensiva de los guardias se basó en que los ciudadanos detenidos, Andrew Dutton y Chistopher Bahadur, mostraban gran agresividad, que se autolesionaron y que uno se hirió en la cara al caer al intentar huir mientras iba esposado.

El Supremo subraya que nunca se ratificó la denuncia ante la autoridad judicial, y que los dos implicados al no ir al juicio oral, las defensas no tuvieron la posibilidad de someter su declaración a interrogatorio, con garantías de contradicción. El alto tribunal recoge que uno de los ingleses implicados firmó, además, un acta notarial, desdiciéndose de su primera denuncia policial que enmarcó “como táctica defensiva”.

Sin la narración de los hechos juzgados por parte de los heridos, los magistrados reseñan que “no había pruebas de cargo valorables, o las que se practicaron conducían directamente a la absolución al faltar una certeza completa de lo denunciado desde la perspectiva del derecho constitucional”.

EL PAIS

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