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Imputados los arquitectos de la Policía por adjudicar obras a cambio de comisiones

  • Escrito por Redacción

ARQUITECTOS-POLICIA

El Juzgado número 26 de Madrid investiga al jefe del Área de Arquitectura y Patrimonio del cuerpo por conceder las reformas de dependencias corporativas a empresas afines.

La titular del Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid, Concepción Jerez, ha imputado a cinco funcionarios del Área de Arquitectura y Patrimonio de la Policía, perteneciente a la División Económica y Técnica de la corporación, por el supuesto cobro de comisiones en la adjudicación de obras realizadas en las dependencias del cuerpo por toda España.

Los imputados son el jefe del departamento, el arquitecto Luis Losa Sánchez, que lleva más de 20 años en el cargo; su mujer; Santiago Herrador, arquitecto laboral contratado del mismo departamento; Gonzalo Riaño, también arquitecto contratado; y un quinto aún por identificar y que podría estar vinculado con la parte externa al cuerpo de la trama de concesión de obras. La Fiscalía los acusa de los posibles delitos de cohecho y malversación de fondos públicos.

La instrucción, amplia y compleja según fuentes judiciales, está en marcha desde 2012; sin embargo, hace sólo 20 días que se produjeron las primeras imputaciones. La juez Jerez investiga si durante el tiempo que lleva Losa Sánchez como jefe del Área de Arquitectura, bajo el mando de diferentes Gobiernos, su departamento ha adjudicado reformas de comisarías y otras dependencias policiales a dedo y ha incurrido en diferentes ilegalidades.

Entre las irregularidades que investiga el Juzgado número 26, explican fuentes policiales, está la adjudicación de obras sin publicidad, el fraccionamiento del coste de los trabajos para evitar que se saquen a concurso, la entrega de honorarios a los conseguidores o la concesión a empresas distintas pero propiedad de la misma persona.

La investigación tiene su origen en un escrito que detallaba en 2012 el proceder de los funcionarios y que fue presentado por un anónimo ante la Intervención Delegada de Hacienda, que a su vez lo remitió a la Dirección General de la Policía y esta a la Unidad de Asuntos Internos. Este último departamento presentó un exhaustivo informe basado en la documentación aportada por el anónimo ante la Fiscalía Anticorrupción, que el año pasado pidió la imputación de los cinco funcionarios ahora señalados por la juez.

En paralelo, la Fiscalía recibió otro escrito menos exhaustivo de manos del Sindicato Unificado de Policía (SUP), organización a la que llegó un anónimo similar al que fue puesto sobre la mesa de la Intervención Delegada de Hacienda. Tras leerlo, el entonces secretario general del SUP, José Manuel Sánchez Fornet, interpuso una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en la que indicaba que había recibido un documento titulado Graves daños a los intereses de la administración como consecuencia de corrupción en el Departamento de Obras y Arquitectura de la Dirección General de la Policía.

En concreto, el anónimo que el SUP adjuntó a su denuncia denunciaba la "continua práctica de irregularidades y arbitrariedades en la tramitación de expedientes de obras y prestaciones de servicios técnicos". Entre estas ilegalidades, señalaba el "amaño de antemano" de las adjudicaciones, que "viene acarreando graves perjuicios económicos a la administración". "Es conocido que reparten honorarios por asegurar los contratos con técnicos externos", apuntaba claramente la denuncia anónima que ahora está investigando el Juzgado número 26.

El escrito –que hablaba de "falsas contrataciones de supuestos servicios" que han provocado pérdidas de "cientos de miles de euros"– aseguraba que, tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que incrementaba las cuantías de los contratos menores de 50.000 a 200.000 euros, el Área de Arquitectura ha efectuado "una continua adjudicación indiscriminada, fraccionando el gasto de obras mayores en una repetida adjudicación de contratos menores a una misma empresa sobre obras localizadas en un mismo edificio policial (...) para evitar la publicidad". En muchos casos, señalaba, "es tal la grosería que una misma persona física es administrador de varias empresas situadas en la misma dirección fiscal".

El escrito, que ponía de manifiesto el pago de comisiones a "amigos" por obras que "no servían para nada a la Policía", denunciaba también que se adjudicaban habitualmente de forma "inexplicable" reformas a empresas localizadas muy lejos de donde estas tenían lugar y sin pedir ofertas a sociedades emplazadas en los municipios afectados.

Tras permanecer casi dos años la instrucción estancada en el Juzgado, la petición de la Fiscalía de imputar a los cinco actualmente señalados reactivó el caso en abril del año pasado. Desde entonces, toda el Área de Arquitectura ha pasado por el despacho de la magistrada Jerez. Una treintena de funcionarios del departamento ha sido llamada a declarar como testigo en un caso de dimensiones difíciles de calcular, dado que por el momento se desconoce el número exacto de obras que han sido adjudicadas de modo irregular, que fácilmente podría superar el centenar.

EL CONFIDENCIAL

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