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Interior deniega la residencia a testigos clave contra una red mafiosa

  • Escrito por Redacción

RUMANAS

Las dos mujeres ayudaron a desarticular la mayor red rusa de explotación sexual. La Policía analiza ahora sus casos para elaborar otra resolución "en sentido positivo".

 El Ministerio del Interior ordenó el pasado febrero que se denegara la renovación del permiso de residencia a dos mujeres cuyas declaraciones -en condición de testigos protegidos- fueron clave para acabar en 2012 con la mayor red rusa de trata de personas y prostitución desarticulada nunca en España.

Las órdenes fueron firmadas a inicios del mes pasado por el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez Vázquez, tras recibir un informe policial elaborado por la Comisaría General de Extranjería. A través de sendas resoluciones de las que ha tenido conocimiento EL MUNDO, el alto cargo del Ministerio del Interior ordena que se revoquen las solicitudes temporales de residencia que les fueron concedidas a ambas por circunstancias «excepcionales» en 2011.

Según reconoce la Ley de Extranjería en su artículo 144, se podrá conceder la «autorización provisional de residencia y trabajo» de forma extraordinaria a aquellas personas que colaboren en la investigación de un delito. Las dos destinatarias de las resoluciones, sin embargo, no sólo colaboraron en todo el proceso con la Policía Nacional y la Justicia sino que, según fuentes judiciales conocedoras del caso, también se erigieron en elementos clave para acabar con una gigantesca red de trata de mujeres y prostitución forzada liderada por un mafioso ruso al que se buscaba desde hacía siete años.

Engañadas con falsos contratos y empleos por la trama del proxeneta Igor Chernavsky, ambas viajaron en 2011 desde Rusia hasta clubes de alterne repartidos por Lleida. Una vez ahí fueron forzadas a prostituirse y, en una práctica habitual de las redes de explotación sexual, se les impuso una deuda desproporcionada como peaje para recuperar la libertad. Una situación que se prolongó hasta que fueron rescatadas en marzo de ese mismo año, en el marco de una operación de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif) que se saldó con más de una veintena de detenciones. A partir de ese momento, y pese al riesgo de ser localizadas por los miembros de la red, decidieron colaborar en la investigación.

Bajo la condición de testigos protegidos -y en repetidas ocasiones en sedes policiales y judiciales-, las dos mujeres ofrecieron a los investigadores datos sobre los responsables del entramado de Lleida donde fueron prostituidas. Una colaboración que llevaron más lejos en una segunda investigación. En esa ocasión señalaron directamente a Chernavsky -también conocido con el apodo de 'Mark Knopfler'- como el presunto líder de la red mafiosa.

Sus declaraciones ayudaron a cerrar el cerco en torno a la estructura que la banda tenía creada en España, la cual fue dada por desmantelada a finales de 2012, con un saldo de 25 detenciones. Según datos que trascendieron en los medios de comunicación tras la operación contra Chernavsky llevada a cabo de nuevo por la Ucrif central, la red habría llegado a introducir en España a unas 8.000 mujeres procedentes de Rusia para su prostitución en clubes y pisos distribuidos por todo el arco mediterráneo.

La importancia de la causa contra la trama rusa fue de tal dimensión que se convirtió, además, en una de las primeras instrucciones por trata de seres humanos asumidas por un juzgado central de la Audiencia Nacional. El pasado enero, 17 de los detenidos acordaron con la Fiscalía aceptar penas de un máximo de ocho años de prisión.

Desde 2011, cuando aceptaron colaborar con la Justicia y la Policía Nacional, las dos mujeres han renovado anualmente sus permisos temporales de residencia y empleo sin ningún obstáculo por parte de la Administración. Gracias a esa medida excepcional, ambas testigos han rehecho sus vidas en España tras haber entrado en el circuito de protección de una ONG.

Las resoluciones firmadas por Interior el pasado mes de febrero reconocen el mérito de las dos por su colaboración contra el crimen organizado.Sin embargo, cuatro años después de que les fuera concedido el primer permiso, desestima la renovación de la residencia al no considerarlas, ahora, como víctimas de la red. También recuerda que, una vez perdida la condición de residentes, ambas pueden ser objeto de un expediente de expulsión.

Fuentes de la Policía Nacional, consultadas ayer por EL MUNDO, aseguraron que la resolución todavía no ha sido entregada a ninguna de ellas. Y añadieron que la Comisaría General de Extranjería, responsable del primer informe entregado a la Secretaría de Estado de Seguridad que sirvió de base para revocar su permiso de residencia, estudiará ahora «la situación personal» de las afectadas para tratar de elaborar una nueva resolución «en sentido positivo».

Cabe recordar que el ministro del Interior,Jorge Fernández Díaz, presentó el 9 de febrero en Barcelona la segunda fase del plan contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual, una de cuyas claves reside en aumentar la protección a las víctimas y durante cuya presentación se elogió la colaboración de los testigos protegidos.

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