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La Guardia Civil interviene más de 500 kilos de merluza inmadura

  • Escrito por Redacción

merluza-intervenida

Los agentes dieron el alto a un hombre que transportaba en su vehículo más de 85 cajas con el pescado de talla no reglamentaria, valorada en más de 5.000 euros. El pescado ha sido aprehendido y, tras garantizar su estado, se destinará a los centros de beneficencia, mientras que para el infractor se propone una sanción de 60.000 euros.

La Guardia Civil ha propuesto para sanción a un hombre como presunto autor de varias infracciones a la normativa de pesca marítima.

Las actuaciones se llevaron a cabo en un punto cercano a la localidad de Isla Cristina, cuando Agentes de la Guardia Civil realizaban labores de inspección de vehículos y personas para evitar la captura y comercio de pescado inmaduro. Identificado un varón e inspeccionado su vehículo, los agentes hallaron gran cantidad de pescado de pequeña talla, en concreto merluza distribuida en más de 85 cajas.

Una vez comprobados los datos de la mercancía transportada, la Guardia Civil levantó acta de infracción al conductor no sólo por transportar pescado inmaduro, sino también por carecer de factura que indicase su procedencia y por la falta de etiquetado.

En estos casos además de las mediciones hechas por los agentes, se traslada la mercancía a la Delegación Provincial, donde los inspectores de Medio Ambiente determinan el peso y la talla exacta para la pesca de dicha especie. En este caso, se verificó que se trataba de más de 500 kilos de merluza que incumplía los requisitos de talla mínima, que está fijado en el Golfo de Cádiz en 27 centímetros, que es la talla a partir de la cual se considera que los peces ya han podido reproducirse. La pesca y el consumo de pescado de talla inferior a la reglamentaria afecta gravemente al sostenimiento de los caladeros y al futuro del sector pesquero.

El vehículo utilizado y el pescado aprehendido se han puesto a disposición de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y, una vez realizados los controles de Seguridad Alimentaria que garantizan su consumo, serán entregados a centros de beneficencia.

La persona infractora ha sido propuesta para una sanción de 60.000 euros por el órgano competente.

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