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Pedía sexo a las inquilinas que no podían pagar la luz o el mes

  • Escrito por Redacción

SEXO-X-LUZ

El arrestado llegó a cortarle la electricidad y el agua a una mujer, que vivía con sus siete hijos, porque no accedió a sus coacciones

Aprovechaba la delicada situación económica de sus inquilinas para ponerlas contra las cuerdas. La Guardia Civil ha detenido a un empresario acusado de pedir favores sexuales a las arrendatarias de sus pisos que no podían hacer frente a los gastos del alquiler o de la luz.

Según informó el instituto armado, el arrestado les ofrecía así la posibilidad de condonar la deuda. En una ocasión, incluso, el empresario se interesó por la hija menor -de 14 años- de una de sus inquilinas y, dado que ésta no cedió a sus supuestas coacciones, le cortó el agua y la electricidad a la familia, compuesta por una madre y sus 7 hijos.

El arresto de este empresario se produjo, según explicó la Benemérita, en el marco de la 'Operación Rampazo'. Fue detenido junto a otros tres empresarios acusados de 'enganchar' ilegalmente la luz en sus edificios de las pedanías murcianas de Puente Tocinos, Cobatillas, Alquerías y Los Ramos. En esta operación la Guardia Civil arrestó también a 17 vecinos de estas viviendas acusados de beneficiarse de la defraudación cometida por las empresas, al poder hacer uso de toda la energía que necesitasen sin verse obligados a afrontar los gastos.

La 'Operación Rampazos' se inició el pasado año a raíz de una denuncia presentada en el puesto de Santomera. Una mujer manifestaba que estaba siendo sometida a una serie de presiones por parte del empresario que le había alquilado la vivienda donde residía. La denunciante explicó a los agentes que el arrendador la coaccionaba para que abonara unas cuantías económicas relacionadas con el consumo de electricidad de la vivienda alquilada, debido a que la primera se negaba a hacerlo sin que le acreditara con facturas o documentos similares el consumo realizado.

Los agentes averiguaron que el empresario se dedicaba a la construcción y que alquilaba los inmuebles a personas con recursos económicos limitados. Estas viviendas carecían de la preceptiva cédula de habitabilidad y, por tanto, de los contratos de suministro de energía.

Para alquilar las viviendas, la empresa manipulaba el cableado perteneciente a la compañía energética, al objeto de dar servicio a los inmuebles, todo ello de forma ilegal y evitando así el pago de la factura que pudiera derivarse de ese servicio, mediante un 'enganche' directo.

Los investigadores detectaron que, en algunos casos, la empresa cobraba a los inquilinos, además del alquiler, el servicio de electricidad. Presuntamente llegaron a confeccionar y aportar facturas falsas para intentar dar apariencia de legalidad al cobro, ya que algunos inquilinos exigían a la empresa que les aportaran facturas para conocer el gasto de luz que venían realizando. Además de estafar supuestamente a la empresa proveedora de electricidad, estafaba a sus propios inquilinos.

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