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La Guardia Civil investiga el desvío de ayudas de la Junta para enfermos mentales

  • Escrito por Redacción

antonio-rivas-faisem

Con el dinero de los parados, con el dinero de la formación... y también con el dinero para enfermos mentales. El fraude con fondos públicos en Andalucía ha llegado a ámbitos que difícilmente podían imaginarse.

Subvenciones que iban destinadas a disminuidos psíquicos, por ejemplo, y que nunca se usaron para eso. Desvíos de cantidades económicas que, como ha confirmado la Guardia Civil, se realizaron mientras la responsabilidad en la gestión de las ayudas estaba en manos de una fundación dependiente de la Junta de Andalucía: la Fundación Andaluza para la Inserción Social de Enfermos Mentales (Faisem).

Según la documentación a la que ABC ha tenido acceso, y que forma parte ya del caso que se dirime en el Juzgado de Instrucción 5 de Sevilla, la Policía Judicial de la Guardia Civil ha trasladado a la juez Beatriz González un contundente informe que refrenda el nulo control en las ayudas públicas concedidas a San Juan Grande, entidad dedicada al cuidado de enfermos mentales radicada en Carmona y que contó después con el apoyo de la fundación Faisem para tramitar esos fondos, asociación que resultó insuficiente para esas gestiones.

En dicho informe se señala que el que fuera delegado provincial de Empleo de la Junta, el socialista Antonio Rivas, rubricó expedientes de ayudas certificando en las que el dinero entregado a la asociación San Juan Grande se había destinado a sus fines cuando, en realidad, «no se ha gastado un solo euro» de la ayuda, como corroboran los estudios realizados por el grupo de Delitos Económicos de la Benemérita. Rivas queda de esta manera señalado por una posible estafa y una presunta falsedad documental ante el juzgado, que ahora tendrá que tomar una decisión.

Primero, sólo en Carmona

Esta subvención que ha salpicado a Rivas es una de las muchas concedidas desde 2005 a 2009 a la Asociación San Juan Grande y Faisem, investigadas desde hace varios años, primero por el Juzgado de Instrucción 2 de Carmona, al que múltiples denunciantes trasladaron el asunto al verse afectados por la entrega de dinero para la construcción de un centro que nunca se llegó a levantar. Por ello, resultó imputado y procesado el gerente de dicha entidad, Antonio Vargas Luna, al considerar la Justicia que es el principal responsable de una estafa de 1,2 millones.

La investigación de esas ayudas llevó hasta la Junta, que había ido concediendo subvenciones de manera creciente. Porque San Juan Grande recibió además de donaciones y préstamos de particulares, subvenciones públicas de varios ayuntamientos, la Diputación y el ejecutivo andaluz. Al investigar estas últimas la Guardia Civil detectó irregularidades. De hecho, el juzgado de Carmona vio ya indicios de malversación en la gestión de la Consejería de Empleo, por lo que abrió una pieza separada que envió a los juzgados de Sevilla tras repasar los agentes de la Benemérita las ayudas recibidas por esa entidad. Como en otros ámbitos, con una falta de control alarmante.

ABC

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