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Rechazan indemnizar con 60.000€ a un guardia civil imputado y exculpado

  • Escrito por Redacción

0701

La Audiencia Nacional ha desestimado la petición de indemnización de 60.000 euros que presentó un guardia civil que estuvo imputado como presunto autor de un delito de omisión del deber de perseguir delitos.

El agente alegó que sufrió «escarnio, vergüenza y un tremendo sufrimiento» durante la investigación, en la que estuvieron implicados en el año 2011 otros cinco compañeros del cuartel de Sant Antoni. A varios de ellos se les relacionó con el consumo de drogas y hasta se barajó la posibilidad de que alguno traficase con estupefacientes.

«Para nada se ha acreditado que se haya causado algún perjuicio al recurrente, por cuanto se limita a invocar un daño moral que ni siquiera precisa», explica el magistrado José Luis Gil en la sentencia de la sección quinta de la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, a la que ha tenido acceso este diario. «Aparte de tratarse de meras afirmaciones subjetivas, esos posibles daños se han compensado con el regreso al servicio activo en plenitud de facultades y con la reposición del destino [el cuartel de ses Païsses]», añade el ponente.

En cuanto a la enfermedad mental que asegura que sufrió, el juez recuerda que es cierto que el agente estuvo de baja por una crisis de ansiedad desde el 9 de febrero de 2011 y que recibió el alta el 17 de julio de ese año. Antes, el 22 de febrero, el servicio de Psicología informó de que padecía una reacción reactiva a la posibilidad de que le expulsasen del cuerpo al imputarle un delito, pero no una enfermedad.

En el marco de la operación Benimussa, que investigaba el asesinato en la isla de un narcotraficante colombiano, el 8 y el 9 de febrero de 2011 fueron detenidos dos guardias civiles e imputados otros cuatro. Los responsables del cuartel de Sant Antoni pusieron en conocimiento del director general de la Guardia Civil el 14 de febrero que los investigados podrían haber incurrido en una falta muy grave.

Suspendidos tres meses

Mientras la causa abierta continuaba su curso, el 6 de abril el instituto armado incoó un expediente disciplinario, al mismo tiempo que decretó el cese de funciones de varios agentes por tres meses, incluido el denunciante, al que también retiraron del destino en Sant Antoni. El 26 de agosto de 2011 se acordó que podía regresar a su puesto en ses Païsses. Se desconoce si continúa en activo en la isla, puesto que el instituto armado no se pronuncia sobre ningún procedimiento judicial

El guardia civil remitió un escrito de reclamación de indemnización a la entonces ministra de Defensa, que fue desestimado por una resolución del 7 de noviembre de 2012. Después interpuso un recurso contencioso-administrativo, que fue admitido a trámite. El agente reclamaba 60.000 euros en concepto de indemnización por «los perjuicios causados por el deficiente funcionamiento de la Administración». El abogado del Estado pidió que se desestimara el recurso del guardia civil y que se le condenara a pagar las costas del proceso.

El agente aseguraba que sufrió «vergüenza» al ser despojado de su destino por unos hechos «que ni siquiera merecieron una imputación penal», lo que, según él, le provocó una enfermedad mental. Los 60.000 euros de indemnización que reclamaba se basaban en «el tremendo sufrimiento causado al recurrente y a su familia», que vieron «como la totalidad de su vida se desmoronaba» como consecuencia de lo que consideraban una injusticia. Además, asegura que sufrió «una profunda humillación y atentado contra su dignidad militar».

La Audiencia Nacional desestima completamente el recurso y rechaza el pago de la indemnización solicitada al Ministerio de Defensa. En la sentencia, contra la que no cabe recurso de casación común, no se hace expresa imposición de las costas procesales a ninguna de las partes.

DIARIO DE IBIZA

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