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El juez envía a la Guardia Civil a la Comunidad Madrid a requerir contratos

  • Escrito por Redacción

caso-punica

El juez de la Audiencia Nacional instructor del caso Púnica de corrupción, Eloy Velasco, ha ordenado requerir diversa documentación a la Comunidad de Madrid acerca de contratos sobre reputación "online", han informado fuentes jurídicas.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha enviado este jueves a la Guardia Civil al departamento de contrataciones de la Comunidad de Madrid, a la Oficina de Comunicación del Gobierno de Madrid, a la Agencia de Comunicación y a la Agencia de Informática y Comunicaciones (ICM) para que recaben todos los contratos y facturas de los últimos cinco años que existan en esos organismos con la trama Púnica.

En concreto, el juez reclama las facturas de uno de los principales implicados, Alejandro de Pedro Llorca, y las empresas de este Eico Online y Madiva Editorial, así como todos los contratos que existan en esos organismos con las firmas, también de la trama Púnica, Apsara, Atalia y Centro Audiovisual de Inversiones.

El empresario valenciano Alejandro de Pedro está considerado una de las "cabezas" del entramado desarticulado a través de la operación Púnica. Dejó la cárcel madrileña de Soto del Real el pasado 24 de diciembre tras abonar una fianza de 50.000 euros.

En el auto en el que decretó su ingreso en prisión incondicional, el pasado 30 de octubre, el juez Eloy Velasco aseguraba que el empresario es la "cabeza" de un importante entramado de tráfico de influencias alternativo al dirigido por David Marjaliza, otro de los principales detenidos en la operación. "Se ha acreditado que presta servicios de reputación en Internet para autoridades políticas que, por no ser susceptibles de contratación administrativa, se pagan mediante procedimientos irregulares", precisaba.

Velasco considera que estos "trabajos" le abrían la posibilidad de constituir una red de contactos con autoridades públicas que le facilitarían "la contratación en otros sectores para sí mismo o para terceros" en lugares como Murcia, León y Madrid. Algunas firmas vinculadas al empresario contrataron con varios Ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, como el de Valencia y el de Castellón.

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