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Los siete pecados capitales de Fernández Díaz que no le perdonan policías y guardias civiles

  • Escrito por Redacción

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Tradicionalmente, el cargo de ministro del Interior ha sido de los mejor valorados. Sus titulares solían ocupar los primeros puestos en las encuestas del CIS, por encima incluso del jefe del Ejecutivo.

Sin embargo, Jorge Fernández Díaz ha roto esa tendencia paradójicamente cuando su cartera se presentaba, sobre el papel, bastante más placentera que la que habían tenido que asumir sus antecesores. Con ETA inactiva y la tasa de criminalidad en sus niveles más bajos, el cargo se presentaba como una auténtica ‘perita en dulce’. Sin embargo, el político catalán ha conseguido lo que parecía imposible. En los últimos sondeos, consiguió un magro 2,47 de valoración, muy lejos del aprobado, en buena parte por culpa de su polémica Ley de Seguridad Ciudadana, bautizada popularmente como la ‘ley de la patada en la boca’.

Sin embargo, su imagen también es pésima entre sus subordinados. Es sus tres años largos al frente del Ministerio, Fernández Díaz acumula agravio tras agravio hacia policías y guardias civiles, buena parte de los cuales no dudan en calificarle como uno de los peores ministros del Interior de la democracia, si no él peor. Él lo sabe y, de hecho, en privado reconoce su deseo de abandonar la cartera al término de la presente Legislatura. No se encuentra cómodo ni apreciado. Pero mientras llega ese momento, Fernández Díaz, un hombre profundamente religioso y vinculado al Opus Dei, pena sus numerosas meteduras de patas con sus subordinados. Éstas son las siete más llamativas, sus particulares pecados capitales:

Funerales, no gracias. El detonante del actual malestar de la Policía hacia el ministro ha sido su ausencia en el multitudinario funeral que se celebró esta semana tras la muerte en acto de servicio del agente Francisco Javier Ortega del Real arrollado por un tren cuando iba a identificar a un sospechoso que se resistió. Fernández Díaz acudió al lugar en el que falleció el policía el mismo día del suceso, como se apresuró a recoger su equipo de prensa en una nota de prensa con fotografía incluida. Sin embargo, cuando se celebró la multitudinaria ceremonia de despedida, no estuvo presente. En su agenda oficial, sin embargo, no figuraba ningún acto para aquel día. El hecho no pasó inadvertido para los sindicatos de Policía, que dejaron a un lado las diferencias que les suelen separar y emitieron un comunicado conjunto en el que destacaban que “la ausencia del ministro del Interior y de otros responsables políticos en actos de despedida a compañeros asesinados se está convirtiendo en una práctica habitual, además de irrespetuosa”.

De hecho, no era la primera vez que ocurría algo así. En las concentraciones que se celebraron poco después a las puertas de los centros policiales, los representantes sindicales recordaban que algo similar había sucedido cuando falleció la policía Vanessa María Lage Carreira, muerta por disparos de un atracador en Vigo en noviembre pasado, y cuando corrió igual suerte el agente Francisco Enrique Díaz Jiménez, apuñalado mortalmente en mayo en Málaga. En el primero de los casos, los agentes destacaban además que aquel día el ministro del Interior prefirió ir a un acto de su partido en Barcelona en el que intervenía Maríano Rajoy. “Prefiere estar de palmero en un mitin que junto a sus subordinados en un momento tan duro como el funeral de un compañero muerto en acto de servicios”, se lamentaba un veterano policía a este diario en aquellas jornadas. En su lugar, acudió al acto su ‘número dos’ en el departamento, Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad.

Estos hechos han abierto la puerta a los sindicatos policiales para reclamar que, en el futuro, las banderas de todas las dependencias oficiales ondeen a media asta cuando fallezca un policía en acto de servicio. Los representantes de los agentes aspiran a que la declaración de luto oficial, que actualmente compete en exclusiva al Consejo de Ministros, pueda ser adoptada por otros estamentos. ”Un gesto de esta naturaleza exterioriza el sentimiento colectivo de dolor, pésame y apoyo”, defendían los sindicatos en su escrito, en el que además decían sentirse “maltratados y humillados” al tiempo que criticaban los “desprecios permanentes” del ministro del Interior.

¿Favoritismo hacia a la Guardia Civil? La soterrada guerra que desde el inicio de la Legislatura mantienen el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil a cuenta de las competencias de cada uno llegaron al Palacio de La Moncloa. Lo hicieron el mismo día que Mariano Rajoy anunciaba la decisión del Rey de abdicar. Entonces, los cuatro sindicatos representativos de los policías (SUP, CEP, UFP y SPP) entregaban en el registro del Ministerio de la Presidencia una carta de dos folios dirigida a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, en el que además de solicitarle una reunión para mostrarle su “profundo malestar” por la situación que están viviendo, acusaban al ministro del Interior de amparar al Instituto armado en lo que consideran una apropiación indebida de funciones.

La misiva, publicada por Vozpópuli el pasado mes de junio, arrancaba cargando contra ”la nula gestión política” de Fernández Díaz “y de algunos miembros del equipo político que dirigen los distintos órganos del Ministerio”, en referencia al ‘número 2′ del departamento, Francisco Martínez, y el director general de la Policía, Ignacio Cosidó. A todos ellos los acusaban de ”un constante debilitamiento organizacional mediante el mantenimiento de situaciones no reguladas jurídicamente”. Según los cuatro sindicatos, la Policía es “el único Cuerpo de Seguridad que carece de una ley de régimen de personal, que no tiene regulada la jornada laboral y que no cuenta con un desarrollo de carrera profesional objetiva”. Para los representantes de los agentes, esta situación se ve agravada “aún más ante la falta de medios y de inversión en la seguridad de los policías, lo que hace que esta profesión, ya de por sí de alto riesgo, lo sea aún más”. En este sentido, los firmantes de la carta añadían que “lo más grave es que no existe voluntad alguna por parte del Ministerio del Interior de solucionar estos asuntos”.

Sin embargo, la principal queja de los sindicatos se dirigía al conflicto de competencias que mantienen desde el principio de la Legislatura con la Guardia Civil y que, aseguraban, ha provocado un ”profundo malestar” entre los policías. “La distribución competencial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es vulnerada sistemáticamente”, afirman, y culpan de ello a “los responsables políticos de Interior” por distribuir las funciones entre el Cuerpo Nacional de Policía y el Instituto armado “conforme a criterios interesados, tendenciosos e ilegales que son trasladados al ministro por algunos de los asesores”. Una situación que, en su opinión, “está produciendo una pronunciada deriva hacia la militarización de la seguridad pública” que, además, provoca “desasosiego [...] en buena parte de la sociedad española”.

El cuartel de Fitero, una obra bajo sospecha. El pasado 15 de marzo, Fernández Díaz presidía la colocación de la primera piedra del nuevo cuartel de la Guardia Civil en la localidad navarra de Fitero. Un acto en el que, además de por la presidenta del Gobierno foral, Yolanda Barcina, y otras autoridades regionales, el ministro estuvo acompañado de la polémica. ¿El motivo? Esta era una de las dos únicas casas cuartel cuya construcción iba a acometer su departamento en 2014 (la otra era en la provincia de Sevilla) y se levantaba, precisamente, en un municipio con el que el ministro tiene estrechos lazos familiares: su padre es natural de este pueblo de 2.300 habitantes, donde su madre reside y al que el propio Fernández Díaz acude regularmente para utilizar el balneario de la localidad, sobre todo en verano.

Según denunciaron entonces a este diario altos cargos del propio Instituto armado, la utilidad del nuevo acuartelamiento es ”más que discutible”, ya que en dos localidades cercanas, Cintruénigo y Corella, situadas a sólo 3 y 6 kilómetros respectivamente, ya existen instalaciones de la Guardia Civil. Además, destacaban que el dinero que se ha invertido, 1,1 millones de euros como reconoció el propio ministro cuando anunció en otoño de 2013 el proyecto, ”pueden y deben dedicarse a suplir otras carencias de material que sufren las unidades por culpa de la crisis”. Los únicos que parecían conformes con las obras son el alcalde de Fitero y senador por UPN, Francisco Javier Yaguas, y una parte importante de los vecinos del pueblo, que en 1991, cuando se cerró el anterior cuartel por orden de Luis Roldán, salieron a la calle para protestar por la decisión del entonces director general del Instituto armado.

El proyecto de construcción se puso en marcha el 28 de octubre de 2013, cuando Fernández Díaz acudió a Fitero a firmar con el primer edil el convenio por el que el municipio se comprometía a ceder gratuitamente 2.133 metros cuadrados para levantar la casa cuartel. En aquel acto, en el que el alcalde llegó a calificar al ministro como ”el gran valedor de Fitero en Madrid”, éste anunció ya la millonaria inversión aunque “los tiempos no están para muchos gastos”. También destacó que las instalaciones estarían terminadas en la primavera de 2015 para ser ocupadas por los 15 agentes y sus familias que la Dirección General de la Guardia Civil tiene pensado destinar. Cuando el anterior cuartel fue clausurado hace 23 años, la dotación era menor: sólo nueve agentes.

Un ‘olvido’ en el caso Púnica. La desarticulación de la trama de corrupción supuestamente encabezada por el exdirigente del PP Francisco Granados y su socio, el empresario David Marjaliza, provocó un aluvión de felicitaciones a la Guardia Civil y, más en concreto, a la Unidad Central Operativa (UCO). Sin embargo, desde el Ministerio del Interior no salió ninguna.

El comunicado destacaba que los integrantes de la UCO estaban ”contribuyendo, operación tras operación, a combatir la corrupción en nuesto país” como lo demostraba que sólo en las últimas semanas hubieran llevado a cabo la ‘Púnica’ y la posterior ’Operación Enredadera’, con más de 80 arrestos entre ambas. Sin embargo, los responsables de algunas asociaciones profesionales echaban en falta un reconocimiento público por parte de “nuestros gobernantes y responsables políticos directos”, en referencia al director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y el propio Fernández Díaz.

“Nos cuesta entender que con la reciente operación del cuerpo hermano deteniendo a un pederasta de Madrid esos mismos responsables coparan los medios de comunicación loando -justificadamente tras ese excepcional trabajo- a estos investigadores, incluso premiándolos pocos días después con casi 50 medallas, varias de ellas con distintivo rojo [que llevan aparejada una gratificación económica vitalicia], y todavía hoy los guardias civiles que llevan meses trabajando en unos delitos más rocosos y graves para toda la sociedad española no hayan escuchado una sola palabra de agradecimiento”, se lamentaban.

La increíble comparación entre aborto y ETA. “El aborto tiene poco que ver con ETA ¿verdad? (…) Bueno, tiene algo que ver, pero no demasiado”. Con esta desconcertante comparación respondió el ministro del Interior el 7 de mayo de 2013 a las preguntas que le lanzaron los periodistas sobre la reforma entonces aún en marcha de la Ley de interrupción del embarazo. Una relación de ideas que se producía, precisamente, en una rueda de prensa en la que el ministro iba a dar detalles de la detención poco antes de seis presuntos miembros de la banda armada en una triple operación simultánea realizada en distintos puntos de Francia. Había sido, de hecho, uno de los últimos grandes golpes a la organización terrorista y, sin embargo, Fernández Díaz consiguió que los medios de comunicación no hablasen de ella sino, precisamente, de su llamativa comparación.

De hecho, aquellas declaraciones corrían al poco tiempo como la pólvora por las redes sociales sin que el ministro las matizara o explicara. Fue su equipo de prensa quien posteriormente tuvo que salir a la palestra para hacer pública una nota de prensa negando que Fernández Díaz hubiera haber comparado terrorismo y aborto: “En ningún momento el ministro del Interior ha querido establecer una comparación entre las personas que deciden abortar y los terroristas etarras. La voluntad del ministro era contestar más tarde la pregunta relacionada con el aborto para evitar que se mezclara con las cuestiones vinculadas con la operación antiterrorista. De hecho, así ha sido. El titular de Interior, tras responder a las preguntas relacionadas con la detención de seis presuntos etarras, dio su opinión sobre la cuestión del aborto”, decía la nota.

Ferviente católico, no era la primera vez que el ministro levantaba polémicas con sus declaraciones de sesgo ultraconservador. Unos meses antes ya había indignado a los colectivos de homosexuales al asegurar que los matrimonios entre personas del mismo sexo ”no garantizan la pervivencia de la especie”. Sin embargo, en esta ocasión, la decisión de ‘mezclar’ en la misma frase el aborto con ETA también molestó a la Guardia Civil, que vio como su éxito en la lucha antiterrorista quedaba difuminada por la incontinencia verbal de su máximo responsable. Aquella rueda de prensa había sido preparada con esmero por los máximos responsables de la lucha antiterrorista del Instituto armado. De hecho, llegaron a proyectar a los periodistas imágenes de los seguimientos a los terroristas y gráficos explicativos de la situación operativa de ETA en aquel momento, algo completamente novedoso. Sin embargo, los medios de comunicación dedicaron finalmente mucho más espacio a la inoportuna comparación que a los arrestos.

Su querencia a los telediarios. Hace ahora un año, en enero de 2014, el Ministerio del Interior ponía en grave riesgo una operación contra el entorno de ETA al lanzar una nota de prensa informando sobre los arrestos una hora antes de que éstos fueran realizados por la Guardia Civil en Bilbao. La nota, en la que se informaba de la detención de “varios presuntos miembros de ETA en el País Vasco y Navarra”, llegó por correo electrónico a los medios de comunicación de toda España a las 15.06 horas, sólo unos minutos después de que se iniciara el principal informativo de TVE. De hecho, esta cadena dio noticia de la operación sólo ocho minutos más tarde. El éxito ‘informativo’ del equipo de Jorge Fernández Díaz provocó un enorme malestar entre los agentes que debían desarrollar la misma ya que ésta aún no se había iniciado cuando aparecieron las primeras noticias en los medios. Media hora después de la primera nota, Interior se veía obligado a lanzar una segunda “anulando” la primera. Para entonces, sin embargo, expertos de la lucha antiterrorista consideraban que el daño ya estaba hecho: “A saber qué documentación han podido destruir los arrestados entre que salió la noticia y la Guardia Civil los pudo detener”, aseguraron entonces a Vozpópuli. La polémica se zanjó con la dimisión del asesor de comunicación del ministro.

No era la primera vez que el político catalán y su equipo comprometían una operación relacionada con ETA. En julio de 2013, el propio Fernández Díaz adelantaba en una entrevista radiofónica una operación contra la banda terrorista que se produciría horas después. Se trataba, en concreto, de la detención en Francia de Juan María Mujika, que estuvo a punto de ser cancelada por aquellas declaraciones del ministro. Entonces, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y varios expertos antiterroristas criticaron esta actuación del responsable de Interior y le reprocharon que ”no se pueden ‘radiar’ las detenciones”. El desliz también provocó un gran malestar entre los responsables policiales franceses y el juez galo que dirigía la operación. De hecho, este último decidió no dar la autorización judicial para entrar en la vivienda de la localidad francesa donde se escondía el presunto terrorista. Finalmente, dicha orden no fue necesaria porque el etarra fue arrestado cuando abandonaba el domicilio.

Aquel incidente había sido precedido sólo un mes antes de otro anuncio similar del ministro. Éste aseguró entonces públicamente que se podían producir “detenciones [de etarras] en otros países europeos” en referencia a diversas investigaciones en marcha que habían permitido a la Policía española controlar a una veintena de miembros de la organización en cinco países de la Unión Europea. Antes, el 25 de abril de 2013, Fernández Díaz desveló a un grupo de periodistas en los pasillos del Congreso que la Policía había estado a punto de capturar a una importante dirigente de la banda cerca de Toulouse, pero que la vasta operación de las autoridades galas para capturar a un yihadista Mohamed Merab, autor de la muerte de siete personas en el país vecino en aquella fechas, había obligado a aplazarla. La terrorista, Izaskun Lesaka, la dirigente que había sido localizada, consiguió entonces huir.

Honores policiales a la Virgen. Es, tal vez, el ‘pecado’ más anecdótico de los cometidos por Fernández Díaz, pero curiosamente el que ha llegado más lejos judicialmente. La decisión del ministro del Interior de conceder una condecoración al mérito policial a Nuestra Señora Santísima del Amor es analizada en estos momentos por tres magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, quienes en las próximas semanas decidirán si la polémica decisión, tomada en febrero de 2014, se ajusta o no a derecho. La condecoración generó críticas entre los agentes, para quienes las entregas de medallas siempre han sido fuente de polémica por su reparto arbitrario. Sin embargo, han sido dos asociaciones ajenas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Movimiento Hacia un Estado Laico (MHUEL) y Europa Laica quienes presentaron la demanda y cuyos abogados defienden la retirada de la misma.

En estos meses de batalla judicial, los representantes legales de Interior han esgrimido argumentos tan llamativos para defender la medalla como que “la Virgen no es funcionaria”. Llamativo, sí, pero no tanto como las razones contenidas en el expediente oficial creado por el Ministerio para justificar su decisión. En sus magros tres folios, el departamento de Jorge Fernández Díaz no dudaba en remontarse a 1938, en plena Guerra Civil, para encontrar argumentos que justificase la polémica entrega. El documento, que fue adelantado en exclusiva por Vozpópuli, destacaba también que el objetivo último de dicha condecoración era pedir a la Virgen que “guíe a la Policía en la difícil misión que tiene encomendada”.

Varios medios de comunicación extranjeros terminaron haciéndose eco de la polémica. En abril fue el británico The Guardian. En octubre era The Wall Street Journal el que dedicaba un amplio reportaje en su página web en el que se mofaba de la concesión y destacaba, precisamente, que el caso había acabado en los tribunales. Bajo el título “La Virgen gana una medalla en España… y provoca un pleito”, el texto arrancaba con una afilada frase: “La última agraciada con la medalla de Oro al Mérito Policial en España nunca salió a patrullar ni hizo un arresto. De verdad, jamás se estremeció al enfrentarse cara a cara con el peligro. Pero todo ello porque no puede moverse”.

Fuente: VOZPOPULI

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