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Los jueces prefieren a la UCO porque la Guardia Civil ha demostrado ser siempre “independiente” y “más leal a la ley que a las personas”

  • Escrito por EFE

Uco GC secuestros virtuales

Su trabajo ha sido clave para combatir la corrupción y que haya menos casos que antes, pero la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tiene que rechazar a menudo nuevas investigaciones por falta de medios, sobre todo personales. Así lo advierte el jefe de esa unidad de elite, el coronel Manuel Sánchez.

“Con demasiada frecuencia tenemos que rechazar casos”, dice el jefe de la UCO en una entrevista con EFE, quien asegura que si su unidad no se hace cargo de más investigaciones es porque tiene claro que no va a rebajar ni un ápice la calidad del trabajo.

E insiste: “No vamos a disminuir la calidad. No podemos. Ningún ciudadano se merece que primemos la cantidad sobre la calidad. Imagínese que detuviéramos a un empresario inocente. Le hemos arruinado la vida y sus negocios”.

Al frente de 400 agentes ubicados en Madrid y de otros cien de los equipos de investigación contra el crimen organizado, conocidos como los ECO y repartidos por distintos puntos de España, el coronel cree que la UCO se ha ganado el reconocimiento del ciudadano medio porque es garantía de “eficacia y de seguridad” en un clima social crispado por la crisis y la corrupción.

Hasta la mesa de su despacho llegan los casos más complicados de homicidios, desapariciones, secuestros, mafias, tráfico de drogas, ciberdelincuencia y, por supuesto, delitos económicos y de corrupción indisolublemente unidos ya a operaciones con nombre propio, como los ERE, Púnica, Taula o Lezo.

Y llegarían muchos más, pero… “Hay muchas investigaciones que no se pueden atender por falta de medios, sobre todo de personal, y eso nos deja un sabor agridulce”, se lamenta el coronel. “No podemos atender denuncias de ciudadanos o peticiones de jueces y fiscales. No podemos”, reitera.

Para poder decir que sí, la plantilla “debería multiplicarse por varios dígitos” y eso depende de que los gobiernos de turno quieran o no potenciar las investigaciones de las unidades especializadas, precisa.

Lo ideal sería un aumento de un 10 por ciento cada año, es decir, entre 40 y 50 agentes, para no perder eficacia y calidad, pero el coronel recuerda que los guardias de esta unidad requieren una formación muy especializada y “no se puede doblar el personal de la noche a la mañana”.

Precisamente, esa cualificación técnica es el plus que un agente de la UCO aporta respecto a otras unidades, necesaria para enfrentarse, por ejemplo, a grandes corporaciones e instituciones asistidas por los mejores bufetes de abogados, según el coronel.

No duda cuando se le pregunta por qué un juez elige a la UCO como policía judicial para un caso y dice que la Guardia Civil ha demostrado ser siempre “independiente” y “más leal a la ley que a las personas”. “Así ha sido desde su creación hace casi 180 años y por eso nos hemos ganado el reconocimiento de ser la institución más valorada por los ciudadanos”.

De sus investigaciones han salido imputados de todos los colores políticos y nunca la UCO ha recibido presiones. “Ninguna, nunca; desde que yo estoy, nunca, y me consta que antes tampoco”, asevera rotundo su jefe.

Reconoce que el “termómetro social”, la percepción ciudadana, es la mejor manera de medir la eficacia contra la corrupción, pero hay otra forma y tiene que ver con la paulatina desaparición de estas prácticas.

“Creemos que ahora mismo la corrupción es mucho menor y el que tiene tentación de corromperse, tiene cada vez más difícil salir indemne”, advierte Sánchez antes de recordar que las administraciones están ya legislando para ponerse “cotos”.

Porque a la UCO le llega poca información de prácticas corruptas que se estén llevando a cabo ahora mismo, lo que “demuestra que las actuaciones policiales les han puesto freno”. Hay otra forma de medir esa eficacia: los dos millones de euros que un agente de la UCO -que gana 1.800 euros al mes- le reporta al Estado por el dinero o bienes que se recuperan en las operaciones.

Convencida de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, la UCO sí es consciente de la “responsabilidad” que asume al encausar a expresidentes de autonomías o exdirectores generales del FMI, como ha hecho, porque eso exige “hilar muy fino”, ya que si “el margen de error es siempre cero, en estos casos tiene que ser cero elevado al cubo”.

A la pregunta de cómo se está viviendo en su unidad la polémica surgida en el Ministerio Fiscal por el caso Lezo, el coronel es tajante: “Nos abstraemos. Nosotros investigamos y lo que tenemos que decir, lo decimos en las diligencias. Las polémicas de cada uno no nos afectan”. En esta operación, subraya, la UCO ha trabajado en “perfecta coordinación con juez y fiscal”.

Lezo es un ejemplo de cómo han evolucionado los métodos de investigación en los últimos años y cómo se han incorporado técnicas que antes se usaban casi en exclusiva en materia antiterrorista. Por ejemplo, la colocación de micros en el despacho de Ignacio González que autorizó el juez Eloy Velasco.

Otro de los retos de esta unidad pasa por abstraerse de la presión mediática en casos que investigan, como el de la desaparición de Diana Quer. Una presión que aunque no afecta a las pesquisas, sí perturba porque contamina todo lo que las rodea, incluidos los testigos, explica Sánchez.

Un caso el de Diana Quer que el coronel sitúa al mismo nivel que la operación Lezo en cuanto a la dificultad de su investigación. “En Lezo estás tocando a lo más alto de la pirámide política, y en Diana Quer el caso es difícil porque no hay cuerpo, no hay testigos, nadie ha visto nada…”.

Investigaciones largas, sobre todo las de delitos económicos, que no acaban con la detención de los autores. Tras esos arrestos, pueden quedar aún dos años más de análisis de todo lo incautado para llegar a los informes finales, como pasará en el caso Lezo.

“Mantener la atención de los agentes durante cuatro años en una investigación no es fácil”, concluye el coronel. 

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