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¿Por qué ASESGC decide no presentar recurso indirecto contra la resolución de adjudicación de vacantes por necesidades del servicio y opta por la acción individual?

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ASESGC, valorando estas circunstancias y actuando con total responsabilidad ha decidido no presentar un recurso indirecto contra la resolución de adjudicación de vacantes por necesidades del servicio que podría provocar efectos devastadores a todos los suboficiales de la 40 promoción y prácticamente ningún efecto positivo para el resto de los suboficiales interesados en alguna de las vacantes que les han sido adjudicadas.

 Un recurso de nulidad contra TODAS las vacantes adjudicadas sin discriminar cuales de ellas han sido asignadas habiendo un interesado en la misma vacante que no ha tenido oportunidad de solicitarla no soluciona la problemática que se plantea. Una vez decidida y ejecutada por parte de La Direccion General su decisión de llevar a efecto los destinos por necesidades del servicio y por tanto sin publicación, en ASESGC nos encontramos con suboficiales en uno y otro lado, en posiciones distintas.

En esta situación, ASESGC tiene dos opciones. Interponer un recurso general contra todas las vacantes ofertadas o presentar recursos individuales cuando de una oferta hubiere un perjudicado detrás de la misma.

¿Qué implica cada una de las opciones?

Recurso general de nulidad interpuesto por ASESGC

De prosperar el recurso y declarase nula o anulable la resolución, en primer lugar, habría que ver el motivo de nulidad pues es posible que el vicio de nulidad sea subsanable y haya que retrotraerse al momento en que se produjo (p.e. falta de motivación) y una vez solucionado los destinos estarían correctamente adjudicados. En el caso más favorable de que el recurso obtuviera la nulidad absoluta, seria inexistente para el derecho y todos los adjudicatarios perderían su destino quedando desiertos y la Dirección General del Cuerpo atendiendo a criterios generales decidiría si se publican todos, algunos, etc...

En este caso, habría muchísimos sargentos que perderían el destino y sin embargo su vacante no interesaría a otro más antiguo. Tenemos que recordar que en la resolución hay casi 300 vacantes que eran de segunda convocatoria y que podemos presumir que la gran mayoría no las querría nadie (algunas de ellas sí). Sin embargo, a ellos los sacrificaríamos con importantes consecuencias en materias de diversa índole como pabellones, alquileres, retribuciones que han percibido en un destino anulado, escolarización de hijos, traslados, pase a una situación administrativa de activo sin destino y por tanto destinable forzoso, … consecuencias muy graves, en cualquier caso.

Las vacantes declaradas nulas serian anunciadas, en caso de que lo considere oportuno la Dirección General teniendo en cuenta los criterios operativos que maneja habitualmente, dentro de unos años, probablemente dos o tres años y podrían ser solicitadas por todos los interesados que reúnan las condiciones.

Recursos individuales por quien se hubiera postulado para ser destinado a una determinada vacante por necesidades del servicio

¿Por qué preferimos los recursos individuales? El interesado en una vacante adjudicada por necesidades del servicio a un suboficial de la academia que recurra de forma individual, de obtener sentencia favorable se le adjudicaría directamente el destino y obtendría una satisfacción plena de sus intereses y no perjudicaría al adjudicatario pues ambos convivirían en la misma vacante que es lo que ocurre en estos casos por la experiencia que tenemos.

En ambos casos, sin olvidar que la resolución del recurso tardará unos años y la situación individual de cada interesado será probablemente distinta. Teniendo en cuenta esta circunstancia, los efectos positivos de la resolución de nulidad general que pudiera producirse pasado este tiempo serían muy pocos. Sin embargo, la resolución individual de este tipo de recursos permitiría modular los efectos de una forma mas adecuada a los intereses del recurrente y satisfacer sus expectativas de destino.

Todas estas circunstancias deben valorarse y aplicar además de un criterio jurídico el sentido común pues nos encontramos inmersos en esta situación extraordinaria precisamente porque se han matado moscas a cañonazos y no se ha hecho prospectiva de los efectos negativos que pueden tener los recursos judiciales.

ASESGC, valorando estas circunstancias y actuando con total responsabilidad ha decidido no presentar un recurso indirecto contra la resolución de adjudicación de vacantes por necesidades del servicio que podría provocar efectos devastadores a todos los suboficiales de la 40 promoción y prácticamente ningún efecto positivo para el resto de los suboficiales interesados en alguna de las vacantes que les han sido adjudicadas.

Comprendemos que algunos Suboficiales se puedan sentir sorprendidos y molestos porque la Asociación no recurre algo que les ha perjudicado, pero es necesario ver más allá de un recurso que puede devenir perjudicial para los intereses de sus asociados, máxime si existen otras vías de impugnación más eficaces y que consideramos más beneficiosas.

No estamos de acuerdo con como se ha gestionado la crisis de los destinos, pero lo que no vamos a hacer para justificar nuestra actuación en defensa de los suboficiales es contribuir a empeorar la situación. ASESGC tiene una trayectoria de seriedad y coherencia en la que pedimos que confiéis.

 [1] El régimen de la nulidad y la anulabilidad de los actos administrativos parte de lo dispuesto en los Art. 47-52, Ley 39/2015, de 1 de octubre, alcanzando su plena operatividad en sede de revisión de actos en vía administrativa (Art. 106-126, Ley 39/2015, de 1 de octubre). Si la declaración de nulidad de pleno derecho despliega sus efectos ex tunc (desde siempre), esto es, desde que el acto fue emitido, y no es subsanable, la nulidad relativa (procedente del ejercicio en forma y tiempo de la anulabilidad) produce sus efectos ex nunc (desde ahora), es decir, desde la fecha en la que el acto fue anulado.  

Por lo que respecta a la anulabilidad, el Art. 48, Ley 39/2015, de 1 de octubre señala que son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. 

No obstante, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.Los artículos Art. 49, Art. 50, Art. 51, Art. 52, Ley 39/2015, de 1 de octubre se ocupan, respectivamente, de los límites a la extensión de la nulidad y anulabilidad de los actos, la conversión de actos viciados, la conservación de actos y trámites, y, finalmente, de su convalidación.

El régimen de nulidad-anulabilidad de los actos administrativos alcanza su plena operatividad en sede de revisión de actos en vía administrativa (Art. 106-126, Ley 39/2015, de 1 de octubre) y en sus posibles consecuencias.


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