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La Dirección General dará las instrucciones oportunas sobre la forma de proceder de los guardias civiles en caso de que los presos comentan algún tipo de infracción o delito durante los traslados

expediente guardia

El Gabinete Técnico de la Dirección General de la Guardia Civil ha contestado a la consulta que desde IGC (Independientes de la Guardia Civil), sobre la forma de proceder en caso de que los guardias civiles fuesen víctimas, por acciones de los presos en sus traslados, y en el tiempo de su custodia, de alguna infracción administrativa o penal.

En este sentido desde el Gabinete Ténico han contestado que una vez recabada la oportuna información al respecto y realizados los estudios y análisis relacionados con esta nueva orden de servicio desde los órganos competentes de la Dirección General de la Guardia Civil se va a proceder a dar las instrucciones pertinentes a las unidades que se encargan del traslado interurbano de presos, acerca de cómo actuar en los casos en los que los agentes que intervienen en dichos traslados fueran víctimas de hechos constitutivos de infracción administrativa o penal por parte de aquellos.

La demanda de IGC se realizaba el pasado 27 de febrero de este año, tras la publicación de la emisión de la Orden de Servicio número 1/2019 del Secretario General de Instituciones Penitenciarias D. Ángel Luis Ortiz González, de fecha 24 de enero de 2019, sobre infracciones cometidas fuera del establecimiento penitenciario,

Dicha Orden considera que el ámbito espacial del régimen disciplinario que castigan conductas acaecidas fuera del establecimiento penitenciario -traslados, calabozos, unidades de custodia hospitalaria, juzgados-, quedan fuera del régimen de imposición de sanciones disciplinarias a los reclusos, siendo los guardias civiles los que tienen encomendada por ley la función del traslado interurbano de presos en toda España, sin perjuicio de los traslados que se prestan desde el centro penitenciario a hospitales o juzgados, entre otros lugares o establecimientos, surgiendo dudas ypreocupaciones ante la comisión por parte de los reclusos, de hechos antes denunciados y sancionados por vía del Centro Penitenciario, que ahora no pueden someterse al juicio de las autoridades de ese orden, ni a su potestad punitiva, por quedar fuera de su ámbito espacial potestativo, o de los fines que con esas medidas disciplinarias se persiguen.

Tras esta nueva situación, desde IGC habían preguntado si la forma de proceder debería ser la denuncia de los hechos constitutivos de una supuesta infracción, a través de la Delegación o Subdelegación del Gobierno, por si los mismos tuvieran encaje en alguna de las conductas que la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la Seguridad Ciudadana sanciona a cualquier ciudadano, o en el caso de poder considerarse los hechos como constitutivos de un delito leve o grave, deberían dar cuenta al Juzgado de Instrucción del lugar en donde se hubiera cometido el hecho durante el traslado..


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