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El Supremo anula la orden de 2015 de la Guardia Civil que restringía el papel de las asociaciones profesionales

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El Tribunal Supremo ha declarado "nula de pleno derecho" la Orden General 10/2015, de 28 de diciembre, de la Dirección General de la Guardia Civil sobre el desarrollo de los derechos de las asociaciones profesionales de agentes del Instituto Armado, al considerar que el contenido de dicha norma está ya regulado por la ley Orgánica 11/2007.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha anulado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dictada en 2017 que daba validez a esta orden.

El Supremo da la razón a la asociación mayoritaria de guardias civiles que afirmó que la Orden, ahora anulada, fue dictada por un "órgano incompetente, omitiéndose las reglas exigidas para su elaboración, en concreto el dictamen del Consejo de Estado".

La Sala concluye en su sentencia que el contenido de la Orden General de 2015 se identifica con el desarrollo reglamentario de la Ley Orgánica 11/2015, pues en su artículo 1 dice que como objeto tiene "desarrollar, facilitar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las asociaciones profesionales de guardias civiles y de sus representantes", recogidos en varios artículos de la citada ley.

Es más, afirma que la Orden tiene un "contenido de innovación" al exponer que "incorpora cuestiones relevantes con el propósito principal de progresar en el ejercicio de los derechos de asociación y representación en el Cuerpo".

Añaden los magistrados que una orden general no puede emplearse como instrumento para el desarrollo normativo de la citada ley orgánica.

Por último, la Sala indica que tal reglamentación debe efectuarse mediante una norma aprobada por Real Decreto del Consejo de Ministros, previo dictamen del Consejo de Estado, siguiendo las reglas del Título V de la Ley del Gobierno.


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