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Defensa adjudica sin concurso la compra de 348 unidades del VCR 8x8 por valor de 2.100 millones "por seguridad nacional"

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El Gobierno puede adjudicar un pedido multimillonario fuera de la Ley de Contratos Públicos «por seguridad nacional», según un informe jurídico y que da vía libre a una compra colosal. Este informe del Ministerio de Defensa avala que el Gobierno pueda adjudicar directamente a Santa Bárbara Sistemas, filial de la multinacional estadounidense General Dynamics, un contrato de 2.100 millones totalmente al margen de los requisitos y reglas de la Ley de Contratos Públicos «por seguridad nacional».

Según el documento, al que ha tenido acceso EL MUNDO, la ministra de Defensa, Margarita Robles, no cometió irregularidades al proponer y conseguir aprobación el pasado día 12 al Consejo de Ministros el inicio de la contratación de 348 vehículos de combate 8x8 por 2.100 millones, porque si lo hubiera hecho como es habitual en los contratos públicos en concurso y con publicidad «resultaría necesario revelar información contraria a los intereses esenciales de la Seguridad» y «pudieran resultar perjudicados los intereses esenciales de la Defensa».

El informe está firmado por el asesor jurídico de la Dirección General de Armamento y Material, Jorge Marcelino Salvador, y está fechado el pasado 2 de julio. Un día antes, la ministra de Defensa ya había declarado que el expediente de contratación a Santa Bárbara estaba al margen de la Ley 24/2011 de 1 de agosto de Contratos del Sector Público en los ámbitos de la Defensa y Seguridad. El asesor jurídico ve claro que al excluir el caso de Santa Bárbara por necesidades de seguridad «no han de aplicarse de manera obligatoria la disposiciones recogidas en la Ley».

El Consejo de Ministros lo acordó en funciones el pasado día 12 y fuentes militares lo justifican para no aguardar más un pedido largamente esperado por el Ejército. El origen, según un comunicado oficial, fue «el atentado sufrido en el Líbano en junio de 2007, en el que murieron seis soldados», y que «puso de manifiesto la vulnerabilidad de los vehículos utilizados, lo que motivó que el ministro José Antonio Alonso y, posteriormente, Carme Chacón iniciaran el programa para sustituir la flota de vehículos blindados sobre ruedas».

La sustitución de los BMR no llegó a concretarse tras el estallido de la crisis y la contención del déficit, pero se retomó en 2015 con la contratación de los programas tecnológicos asociados a los nuevos blindados, que es el antecedente del que ha impulsado ahora Robles.

La propia ministra ya logró el pasado diciembre el permiso del Ministerio de Hacienda para reprogramar de los planes de modernización de las fuerzas armadas para que cupiera este proyecto.

La filial de General Dynamics se apoya en Indra y Sapa y no tienen rival, porque el Gobierno ha decidido considerarla «como la única opción con capacidad industrial suficiente para atender el objeto del contrato».

La adjudicación no ha provocado críticas entre los principales partidos de la oposición, pero el diputado de Compromís, Joan Baldoví, sí ha solicitado la comparecencia de la ministra de Defensa en funciones para que explique lo sucedido.

Defensa señala que el pedido no es sólo beneficioso para el Ejército, sino también para la industria nacional.

«El desarrollo del programa va a potenciar la base industrial española obteniendo un producto nacional, integrado y con la autoridad de diseño en España, tecnológicamente avanzado y de primera categoría a nivel mundial, con muchas posibilidades de exportación por ser muy demandado en todos los Ejércitos».

Calcula que el nuevo vehículo blindado generará unos 650 puestos de trabajo directos y un millar indirectos con impacto sobre todo en las plantas participantes de Alcalá de Guadaira (Sevilla), Trubia, (Asturias), Aranjuez (Madrid) y Andoain (Guipúzcoa).


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