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Dos abogadas de ETA defienden a tres de los agresores de Alsasua

abogados eta alsasua

Amaia Izko y Jaione Carrera, que han participado en la vista por el recurso de casación, aceptaron el lunes una condena por participar en el 'frente de cárceles de' ETA y por los delitos de integración y colaboración en organización terrorista, enaltecimiento, quebrantamiento de medida cautelar y financiación del terrorismo, en el marco del llamado caso Herrira. Tanto Amaia Izko y Jaione Carrera, así como el resto de encausados reconoció los hechos de la acusación y su participación en la banda terrorista

Cinco magistrados del Tribunal Supremo han escuchado este miércoles los argumentos con los que las defensas de los ocho condenados por la agresiones de Alsasua solicitan la absolución o, al menos, la rebaja de las penas. Dos de las abogadas estuvieron en otro juicio de gran relevancia este mismo lunes, pero en el banquillo de los acusados. Amaia Izko y Jaione Carrera, defensoras de tres de los condenados, fueron dos de las acusadas en la causa contra el frente de cárceles de ETA que aceptaron una condena de un año y medio de prisión y tres de inhabilitación por su «participación activa en organización terrorista».

En el caso de las agresiones a dos guardias civiles y sus parejas en la localidad navarra en octubre de 2016 examinado hoy por el Supremo, los autores fueron condenaron por delitos de atentado a la autoridad, lesiones, amenazas y desórdenes públicos. La Fiscalía reclamaba penas por terrorismo. Ninguna de las partes solicita elevar las condenas y se limitan a reclamar que se rechacen los recursos de las defensas y que se mantengan las penas ya impuestas, de entre dos y 13 años. La sentencia del Supremo sólo podrá dejar la condena como está o rebajarla, nunca subirla.

Tanto las dos letradas condenadas por su participación en ETA, como los otros tres abogados de la defensa -sin vinculación alguna con la banda terrorista- han criticado la valoración de la prueba que hizo la Audiencia y han insistido en que ninguno de los dos tribunales que han sentenciado sobre el asunto era imparcial. En ambos había una magistrada a la que niegan neutralidad: una por haber sido condecorada por la Guardia Civil y otra por estar casada con un mando del Instituto Armado.

Entre los puntos comunes de las defensas estaba la petición de que se retirara la "fantasmagórica" -en palabras del abogado José Luis Galán- agravante de discriminación ideológica con la que se elevan la condena por atentado. La sentencia recurrida sostiene que las agresiones se produjeron por la condición de guardia civil de dos de las víctimas. El abogado Manuel Ollé ha sostenido que esta agravante no está pensada para aplicarse grupos como la guardia civil o los jueces. En su respuesta, el fiscal Álvaro Redondo ha sostenido que "por supuesto que sí" se puede aplicar la agravante a un caso como este. "La Guardia Civil no es una asociación de amigos que se reúnen para comer un asado, es una institución del Estado que asume los valores constitucionales y es fiel a España, fiel al Rey y al pueblo español", ha dicho.


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