hospimedica2

Amaia Izko: Letrada de Inés del Río, voz de los agresores de Alsasua, edil de Bildu... y cómplice de ETA

imagen sin titulo

Amaia Izko, artífice del fin de la 'doctrina Parot' y abogada de etarras con delitos de sangre, deberá dejar el Ayuntamiento de Pamplona al ser condenada a 1,6 años de cárcel y tres de inhabilitación

María Caballero se ha quejado amargamente durante largos años de los impunes y dolorosos homenajes dispensados en las calles de Pamplona por los ‘abertzales’ a los asesinos de su padre, el edil de UPN Tomás Caballero. Solo falta, ha lamentado la hoy edil de la formación regionalista en la capital navarra, que les ofrezcan un sillón de concejal. Los tres etarras condenados por el asesinato no cuentan con un asiento en el salón de plenos, pero sí quien les defendió durante el juicio en el que se vanagloriaron de su acción terrorista, Amaia Izko (Pamplona, 1971), que ejerce de concejala por EH Bildu tras las elecciones municipales del 26 de mayo.

El paso de Izko por el ayuntamiento va a ser, al menos de momento, fugaz, ya que la habitual abogada de presos de ETA, entre ellos etarras con delitos de sangre, va a tener que renunciar a su acta de concejala, forzada por la Justicia, después de que haya sido condenada a un año y medio de prisión por un delito de "participación activa en organización terrorista" y a tres años de inhabilitación absoluta en virtud del acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y las diferentes acusaciones y los 47 abogados que este lunes se sentaban en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional por pertenecer al denominado ‘frente de makos' (frente de cárceles) de la banda terrorista.

El Consistorio de Pamplona ha supuesto el salto a la labor institucional de quien pidió la absolución de los etarras que asesinaron al edil Tomás Caballero

El pacto alcanzado, que conlleva que los acusados reconocen que actuaron bajo las directrices de ETA a la hora de dirigir al colectivo de presos de la banda terrorista, hará que Izko no entre en la cárcel pero sí salga del Ayuntamiento de Pamplona. Todo un “mal menor” para María Caballero, que durante unas semanas ha tenido que compartir espacio municipal con quien reclamó la libre absolución para los tres asesinos de su padre, quienes durante el juicio no dudaron en exhibir su orgullo por militar en ETA y por acabar con la vida del concejal de UPN en 1998. “Al menos, ha supuesto una liberación para ella”, afirman fuentes del Gobierno municipal.

Porque la mera presencia de Izko en el ayuntamiento, la posibilidad de cruzarse con ella en los pasillos, “no ha sido fácil” para la hoy teniente de alcalde y edil delegada de Servicios Sociales, Acción Comunitaria y Deporte en el Gobierno municipal que lidera Enrique Maya. De hecho, la decisión de EH Bildu de situar en las listas municipales a la histórica abogada de presos de ETA, sobre quien pesaba una petición de 11 años de cárcel en el macroproceso judicial contra el frente de cárceles, en el puesto número cinco, lo que le garantizaba, salvo catástrofe electoral, su salto a la vida institucional tras un cuarto de siglo de labor como abogada y política vinculada a la izquierda 'abertzale', ya había provocado la indignación en la familia Caballero y las filas de UPN, que veían en este movimiento una “provocación” a las víctimas del terrorismo. Ahora, consumada de palabra la condena, el alcalde ha exigido a quien ha admitido haber actuado a las órdenes de ETA su salida inmediata del consistorio —su marcha se debe hacer efectiva una vez se notifique la sentencia a los imputados—.

Lo ha hecho al comienzo de un pleno extraordinario de este lunes —al que no ha acudido Izko por estar en el macrojuicio 11/13 en Madrid— con una dura intervención cargada de fuertes críticas a EH Bildu por colocar en el ayuntamiento a quien además nunca ha condenado a ETA. “Su presencia en este salón de plenos, aunque solo sea durante unos meses, ha sido una ofensa para las víctimas del terrorismo etarra de nuestra ciudad y ha menoscabado la dignidad de esta institución. Nunca una persona acusada de colaborar con ETA debería haber formado parte de esta corporación. No era una anormalidad, era una aberración democrática y un insulto a las víctimas del terrorismo, al que se sumaba su papel de defensora de los asesinos de Caballero, para los que pidió absolución completa. Ahora podemos decir que nunca una persona que reconoce colaborar o actuar al dictado de ETA debería haber formado parte de este ayuntamiento”, ha denunciado Maya.

En todo caso, las puertas del consistorio volverán a estar abiertas en el futuro para Izko, que podría regresar a la actividad institucional la próxima legislatura una vez cumplidos los tres años de inhabilitación si así lo decide la ‘izquierda abertzale’, que ya le ha premiado con anterioridad por los servicios prestados con el cargo de portavoz de Sortu, puesto que ejerció junto al histórico miembro de HB y hoy eurodiputado Pernando Barrena.Amaia Izko, durante la manifestación en apoyo de los 47 encausados en el macrojuicio 11/13. (EFE)

Licenciada en Derecho por la Universidad de Navarra, Izko lleva ejerciendo como abogada desde los 23 años dentro de una trayectoria profesional ligada a la defensa de miembros de ETA. Es una referencia para el entorno etarra por ser la artífice, como integrante y portavoz del equipo de abogados de la sanguinaria Inés del Río –más de una veintena de asesinatos a sus espaldas–, de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que tumbó en 2013 la ‘doctrina Parot’ y de la que se han servido históricos etarras para salir de prisión. Estrasburgo conoce bien su nombre ya que ha participado en gran parte de los recursos presentado por los reclusos de la banda terrorista y su entorno ante este tribunal.

Izko también representa en los tribunales a Igor Portu y Martín Sarasola, los dos miembros de ETA condenados a más de mil años de prisión por el atentado en la T-4 de Barajas el 30 de diciembre de 2006 que acabó con la vida de dos personas. El pasado año, bajo su defensa, los dos etarras lograron que el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos determinara que sufrieron un “trato inhumano o degradante” por parte de la Guardia Civil tras su detención, por lo que condenó a España a indemnizarles con 50.000 euros a cada uno. Este pronunciamiento europeo le llevó a pedir una revisión de su condena al asegurar que la confesión del atentado se produjo debido a las torturas, si bien el Supremo rechazó esta petición.

Exponente de la ortodoxia ‘abertzale’ dentro y fuera de los pasillos judiciales, esa que le impide alzar la voz contra el pasado de ETA o rechazar los recibimientos por todo lo alto en la calle a etarras a su salida de prisión tras cumplir condena, Izko se ha enfrentado a los jueces de la Audiencia Nacional, entre ellos al hoy ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska, y se ha significado por sus continuas acusaciones a la Guardia Civil, cuyos informes sustentan precisamente el procedimiento que ha significado su primera condena judicial por esta participación en la estrategia de ETA. Defiende la salida de la Benemérita del País Vasco y Navarra, y de hecho, es la gran valedora del argumento que reduce a una “trifulca de bar” la agresión a dos agentes de este cuerpo y sus parejas en Alsasua en octubre de 2016 en su condición de integrante del equipo de la defensa de los ocho jóvenes condenados por estos hechos a penas de entre dos y trece años de prisión. Precisamente, este miércoles el Tribunal Supremo analiza el recurso presentado por los representantes de los condenados a la sentencia de la Audiencia Nacional.

Izko estuvo imputada por participar en un brindis por los presos de ETA durante el inicio de los Sanfermines de 2014 cuando era portavoz de Sortu

El caso de Alsasua es el último gran servicio mediático dado por el momento al mundo ‘abertzale’ en los tribunales, donde Izko también ha conocido el banquillo de los acusados. Antes de enfrentarse al proceso como parte de la estructura que controlaba al colectivo de presos (EPPK), que repudia a aquellos que renuncian a la banda terrorista y abrazan la legalidad penitenciaria para acogerse a la vía Nanclares, la entonces portavoz de Sortu estuvo imputada por participar en un brindis por los presos de ETA durante el inicio de los Sanfermines de 2014 después de que la Policía Nacional pusiera los hechos en conocimiento de la Audiencia Nacional.

El último macrojuicio contra el entramado de ETA ha librado de la cárcel a 45 de los 47 imputados, ya que los históricos letrados Arantza Zulueta y Jon Enparantza han aceptado unas penas más altas en su condición de “dirigentes” del colectivo. Ahora deberán entrar a prisión para cumplir los cinco meses que les restan tras restar el tiempo preventivo cumplido entre rejas. Cerrado el proceso a falta de que se redacte la sentencia, Izko ha ejercido de portavoz de los ya condenados, quienes, según ha justificado, han admitido subordinación a ETA para llegar a un acuerdo con Fiscalía ante el temor de que fueran impuestas “condenas más graves” dentro de un procedimiento “condicionado por su excepcionalidad”. Entre sus razonamientos, ha resaltado que los imputados han decidido actuar de “forma responsable” y hacer un “sacrificio personal” para cerrar este proceso e “impulsar verdaderas vías de solución” en relación con los presos de ETA. Porque es, como ha enfatizado, en los etarras encarcelados “donde hemos puesto el foco”. Ahora, el foco del Ayuntamiento de Pamplona se ha quedado sin luz para Izko. Al menos, por el momento.

JOSE MARI ALONSO. VITORIA

ACCESO FUENTE


Imprimir   Correo electrónico