hospimedica2

TATUAJES Y GUARDIA CIVIL. Parte II sobre el borrador de orden general sobre policía personal, aspecto físico y trato con la ciudadanía.

graciela abogado

El controvertido artículo relativo a tatuajes y perforaciones del borrador de orden general, se estructura en tres apartados, cuyo tenor literal es el siguiente:

“1. Quedan absolutamente prohibidos los tatuajes que contengan expresiones o imágenes contrarias a los valores constitucionales, autoridades o virtudes militares, que supongan desdoro para el uniforme, que puedan atentar contra la disciplina o la imagen de la Guardia Civil en cualquiera de sus formas, que reflejen motivos obscenos o inciten a discriminaciones de tipo sexual, racial, étnico o religioso.

2. Asimismo, se prohíben expresamente tatuajes tanto permanentes como temporales, argollas, espigas, inserciones, pegatinas corporales, perforaciones microdermales o subcutáneas, automutilaciones, dilataciones o similares que pudieran ser visibles vistiendo las diferentes modalidades de los uniformes de uso general del Cuerpo de la Guardia Civil, según se determine en la normativa vigente en esta materia y sus normas de desarrollo.

3. El personal que una vez entrada en vigor la presente orden se haga nuevos tatuajes permanentes que fuesen visibles vistiendo las diferentes modalidades de los uniformes de uso general del Cuerpo de la Guardia Civil, según se determine en la normativa vigente en esta materia y en sus normas de desarrollo, además de poder incurrir en responsabilidades disciplinarias, se verá obligado a eliminarlos.”

Respecto al apartado primero: considero al igual que comentaba en el anterior artículo de mi blog, que este es igualmente un apartado innecesario a regular, por la ingente cantidad de normas vigentes directamente aplicables a los miembros de la Guardia Civil (comenzando con la propia Constitución española) que disuade suficientemente a dicho personal de llevar a cabo actos (cualesquiera que sean, incluyéndose por tanto la realización de tatuajes) que pudieran enmarcarse en los supuestos enumerados en el apartado primero de este artículo que se analiza.

Respecto al apartado segundo: aquí lo que se prohíbe en sí es la visibilidad de los tatuajes tanto permanentes como temporales, por tanto lo que se repudia a través de la orden general es la visibilidad del tatuaje en sí, añadiéndose toda una serie de intervenciones en el cuerpo que igualmente se rechazan, cuales son: argollas, espigas, inserciones, pegatinas corporales, perforaciones microdermales o subcutáneas, automutilaciones, dilataciones o similares.

Respecto del apartado tercero: se habla de la posibilidad de incurrir en responsabilidades disciplinarias en caso de que a la entrada en vigor de la orden general sobre policía persona, aspecto físico y trato con la ciudadanía, el personal de la Guardia Civil se haga nuevos tatuajes permanentes (atención, aquí no se aborda la cuestión de los temporales), viéndose obligado (además) a su eliminación. Curioso que a pesar de tener la obligación de su eliminación y proceder a la misma, se añadiera el plus de la responsabilidad disciplinaria cuando ya hubiese sido solventada a misma con la eliminación del tatuaje. Lo normal hubiera sido insistir en las posibles responsabilidades disciplinarias en que se pudiera incurrir, sin necesidad de añadir la obligatoriedad de proceder a realizarse (por imperativo legal) una intervención como puede ser la de la eliminación de un tatuaje, que supone una intervención corporal en la persona del guardia civil, con las connotaciones a nivel de derechos fundamentales que eso pudiera llegar a constituir.

Sin embargo, la cuestión de los tatuajes no acaba con el contenido del artículo del borrador de orden general anteriormente citado, sino que se extiende a través de la disposición adicional única, que reza de la siguiente manera:

Disposición adicional única. Obligación de cubrir tatuajes y perforaciones.

El personal sujeto a esta orden general que tenga tatuajes, que no se ajusten a lo contemplado en esta norma deberá cubrirlos para la ejecución del servicio mediante apósitos o vendas de compresión que tengan un color similar al de la propia piel o del uniforme, también podrán hacerlo con maquillaje del color de la piel. Por los Jefes de Comandancia o Unidad similar se podrá eximir de esta obligación, de forma parcial o total, valorando, en todo caso, alguna de las siguientes circunstancias; climatología, tipo de servicio, nivel de aceptación social de la demarcación, singularidades y/o significado del tatuaje.

En cuanto a los pendientes, aros u otros ornamentos insertados en perforaciones hechas en partes distintas al lóbulo de la oreja, éstos serán retirados o tapados con apósitos de un color similar al de la piel y de un tamaño apropiado para cubrir solamente el orificio o el propio ornamento.

Considero que se trata de una disposición adicional única con claras connotaciones degradantes para la persona del guardia civil. Y en este sentido, el art. 15 de nuestra Constitución española reconoce como derecho fundamental el derecho de toda persona a no ser sometido a tratos degradantes.

Constituye un trato cuanto menos degradante para el guardia civil tener que prestar su servicio en estas condiciones, o tener que adoptar esta rutina diaria de aplicación de apósitos o vendas en su propio cuerpo para no infringir esta norma en caso de que llegara a entrar en vigor. Incluso, el hecho de que esta obligación vaya a depender, conforme a la excepción que reconoce la propia disposición adicional única, del Jefe de Comandancia o Unidad al que pertenezca el guardia civil.

Sobre los tratos degradantes, podemos citar la sentencia de la Sala 5ª de lo Militar del Tribunal Supremo núm. 114/2017, de 21 de noviembre que retrotrayéndose a una anterior, concretamente a la sentencia de la Sala 5ª de lo Militar del Tribunal Supremo núm. 6/2017, de 16 de enero nos remite en cuanto a la conceptualización de los tratos degradantes a una serie de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos:

«el trato degradante es un elemento normativo del tipo, en tanto que precisa de un juicio de valor en relación con los hechos; y, evidentemente, junto a ello es necesario determinar su concepto, el cual hoy día ya se encuentra suficientemente concretado, debido a que tal expresión aparece (entre otros Convenios en los que no es preciso ahora entrar, como el Convenio de la ONU contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, firmado en Nueva York el 10 de diciembre de 1984 y el Convenio Europeo para la prevención de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes, hecho en Estrasburgo el26 de noviembre de 1987, y sus Protocolos que entraron en vigor el 1 de marzo de 2002) en el art. 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos . Este precepto taxativamente ordena que «nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes», lo que ha propiciado una abundante doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sobre la concreción del trato degradante. Al respeto valga por todas, por ejemplo, la STEDH, Jalloh contra Alemania de fecha 11 de julio de 2006 en cuyo nº 68 se define el trato degradante; o también, la STEDH, Gäfgen contra Alemania de fecha 1 de junio de 2010 en cuyos nº 87 y ss. Se explica el concepto de trato degradante.

Más allá de lo anterior y a colación del asunto del presente artículo, la mencionada sentencia núm. 114/2017 de la Sala 5ª de lo Militar del Tribunal Supremo anteriormente mencionada hace una relevante reflexión:

“No necesariamente un maltrato se transforma en degradante ni un trato degradante se desconceptualiza en maltrato por su escasa entidad. Un trato degradante es aquel que humilla, que degrada en la consideración que una persona debe tener por el mero hecho de serlo; esto es, todo trato degradante afecta a la dignidad de la persona y ésta va aparejada a la persona por el hecho de su existencia.”

Por otra parte, y para la cuestión que nos ocupa, contamos con la controvertida disposición transitoria primera del borrador de orden general:

Disposición transitoria primera. Procedimiento en caso de tenencia de tatuajes y perforaciones.

“A la entrada en vigor de esta orden general, y en un plazo máximo de 3 meses, el personal sujeto a la misma y que presente tatuajes permanentes que no se ajusten a lo contemplado en el apartado 2 del artículo 9, deberán realizar una declaración jurada, según el Anexo I, donde se reflejará el número de tatuajes que presenta, el lugar y la descripción de los mismos. Esta declaración jurada será presentada en su unidad de destino o de encuadramiento, donde será registrada, quedándose el interesado con una copia de la misma sellada, datada con la fecha de presentación y el número de registro que le servirá para acreditar ante sus mandos la preexistencia de dichos tatuajes. Asimismo, la información contenida en la declaración jurada podrá ser incorporada en el historial profesional del interesado.”

Tras su lectura, creo que es necesario hacer una reflexión desde la perspectiva del derecho fundamental al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen de que gozan los guardias civiles en tanto que personas (art. 18.1 de la Constitución española). Por otra parte, derecho fundamental del que se reitera su reconocimiento en la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, en cuyo artículo 5 se reconoce el derecho de los guardias civiles a la intimidad y a la vida privada.

Partimos del punto de que un tatuaje, puede ser efectivamente visible a los ojos de los demás, pero creo que obligar a hacer una declaración sobre los mismos, solicitando ubicación y descripción (e incluso la posibilidad de añadir fotografía en la declaración jurada), pudiera entrar en confrontación con el derecho fundamental a la intimidad del guardia civil como persona.

Portar un tatuaje puede implicar muchas connotaciones: desde íntimas o familiares, emocionales, simbólicas, religiosas, recuerdo de familiares fallecidos… Y en este borrador de orden general se está exigiendo sin ninguna base jurídica que lo justifique dar explicaciones a través de una declaración jurada de los tatuajes que pudieran ser visibles respecto de personal de la Guardia Civil que ya los ostentara antes de la entrada en vigor de esta orden general. No hallo justificación jurídica alguna en cuanto portar un tatuaje pudiera influir en el rendimiento o en el menor cumplimiento de la misión que un guardia civil tiene encomendada en nuestro ordenamiento jurídico.

Retomando la posible colisión del contenido de esta disposición transitoria primera con el contenido del derecho fundamental a la intimidad, es conveniente llevar a cabo una exposición de cómo debe entenderse este derecho fundamental a la intimidad y características del mismo. En este sentido, y siempre moviéndonos en el ámbito de lo militar, podemos partir de la sentencia núm. 115/2016 de la Sala 5ª de lo Militar del Tribunal Supremo de 11 de octubre de 2016, que recuerda el contenido de este derecho fundamental que nos atañe:

“La doctrina del Tribunal Constitucional ha reiterado que el derecho a la intimidad se funda en la necesidad de garantizar "la existencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción y conocimiento de los demás, necesario, según las pautas de nuestra cultura, para mantener una calidad mínima de la vida humana, que puede ceder ante la prevalencia de otros derechos" ( STC 77/2009, de 23 de marzo , entre otras; y de esta Sala 12 de junio de 2007; 9 de diciembre de 2009 y 4 de diciembre de 2014, entre otras).

La doctrina constitucional insiste en que tal derecho atribuye a su titular "el poder de resguardar el ámbito reservado por el individuo, para sí y su familia, de una publicidad no querida" (SSTC 236/2007, de 7 de diciembre; y 60/2010, de 7 de octubre, ambas del Pleno). Esta doctrina refiere la intimidad protegida no solo a la que tiene lugar en ámbito de lo privado o doméstico, sino que la amplía a otros ámbitos tanto laborales como profesionales en donde se desarrollan relaciones interpersonales.”

En la misma línea, una sentencia de este mismo año 2018, nos ayuda a valorar el contenido del referido derecho fundamental a la intimidad contrastándolo con la dignidad de toda persona (sentencia núm. 1/2018, de la Sala 5ª de lo Militar del Tribunal Supremo, de fecha 10 de enero):

“El derecho fundamental a la intimidad (art. 18.1 CE) que se protege, según doctrina constitucional acuñada desde STC 231/1988, de 2 de diciembre, está representada por el ámbito propio y reservado de las personas cuya efectiva existencia es necesaria para alcanzar

una calidad mínima de vida humana y que debe respetarse por todos, tanto los poderes públicos como los particulares, y comprende la facultad de excluir las intromisiones ilegítimas en el mencionado ámbito propio y reservado.

Mientras que la dignidad de la persona representa, en palabras de la STC 120/1990, de 27 de junio, «el mínimo invulnerable que todo estatuto jurídico debe asegurar de modo que, sean unas u otras las limitaciones que se impongan en el disfrute de los derechos individuales, no conlleven menosprecio para la estima que, en cuanto ser humano, merece la persona».

Mayormente clarificadora respecto del asunto de que se trata en el presente artículo, resulta la sentencia de la Sala 5ª de lo Militar del Tribunal Supremo de fecha 12 de junio de 2009 (Rec. 98/2007):

“la función de este derecho, estrictamente vinculado a la propia personalidad y que deriva de la dignidad de la persona humana, es, en palabras de la sentencia del Tribunal Constitucional núm. 292/2000, "la de proteger frente a cualquier invasión que pueda realizarse en aquel ámbito de la vida personal y familiar que la persona desea excluir del conocimiento ajeno y de las intromisiones de terceros en contra de su voluntad."

(…) como dice la sentencia del Tribunal Constitucional núm. 196/04, "esta vulneración podría causarla la información que mediante este tipo de exploración se ha obtenido”. "En efecto" -continúa la referida sentencia- "el derecho a la intimidad personal garantizado por el art. 18.1 CE tiene un contenido más amplio que el relativo a la intimidad corporal. Según la doctrina de este Tribunal antes transcrita, el derecho a la intimidad personal, en cuanto derivación de la dignidad de la persona (art. 10.1 CE ), integra un ámbito propio y reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás, referido preferentemente a la esfera, estrictamente personal, de la vida privada o de lo íntimo. Así, la cobertura constitucional implica que las intervenciones corporales pueden también conllevar, no ya por el hecho en sí de la intervención, sino por razón de su finalidad, es decir, por lo que a través de ellas se pretenda averiguar, una intromisión en el ámbito constitucionalmente protegido del derecho a la intimidad personal (STC 207/1996, de 16 de diciembre, F. 3)."

Así las cosas, de la lectura de las sentencias expuestas, contrastándolo con la redacción actual del borrador de orden general que se pretende publicar, y siempre posicionándome desde el punto de vista estrictamente jurídico, entiendo que la redacción actual de este borrador, en cuanto a la cuestión de los tatuajes se refiere, pudiera conllevar una vulneración del derecho fundamental a la intimidad de las personas ex art. 18.1 de nuestra Constitución española.

GRACIELA RODRIGUEZ

Abogado, Col. nº 818, ICA Santa Cruz de La Palma

https://gracielarodriguezblog.wordpress.com/


Imprimir   Correo electrónico

Escribir un comentario


Código de seguridad
Refescar