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Aplicar la Ley de Seguridad Ciudadana en Cataluña

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La Ley de Seguridad Ciudadana es la herramienta más eficaz, sin los protocolos políticos del 155. Lo ha sugerido Pablo Casado y los expertos la recomiendan. En Moncloa, se resisten.

Pedro Sánchez lleva varios días amenazando al independentismo con la aplicación del 155. Este martes, incluso, en la Cadena SER ha advertido que la situación de en funciones del Gobierno no sería obstáculo.

Pero, tal como le propuso este lunes el líder del PP, Pablo Casado, existe una fórmula ideal, por su rápidez de aplicación y su carácter "quirúrgico": La Ley de Seguridad Nacional.

Esta previsión constitucional, mucho menos agresiva que el 155 o los estados de Excepción y Sitio, permite el presidente del Gobierno, con un simple decreto, asumir el control de los Mossos o de la infraestructuras críticas, como autopistas, autovías, estaciones de metro o aeropuertos.

Lo explica este martes la catedrática de Derecho Constiticional, Teresa Freixes, en un artículo que publica el diario El Mundo.

"Con la Ley de Seguridad Nacional se puede incidir en cualquier ámbito administrativo, servicios esenciales e infraestructuras críticas incluidos. Se trata de delimitarlos, individualizarlos, decidir en qué ámbitos se va a actuar y cómo. No se trata de un instrumento genérico o indeterminado, sino de un mecanismo que permite operar quirúrgicamente en los ámbitos que se crean necesarios, ya sea uno o varios, siendo necesario establecerlos por decreto".

"Es, pues, el Ejecutivo, presidente del Gobierno y Consejo de Ministros, el poder concernido para ello. No se precisa autorización previa de las cámaras legislativas, como es el caso del Senado en el artículo 155 o de la autorización previa del Congreso en el estado de excepción o su declaración directa por esta cámara en el estado de sitio. Ello tiene la ventaja, y el inconveniente, de ser responsabilidad directa del presidente y su Gobierno, que no necesitarán debates previos en sede parlamentaria que puedan frustrar la actuación", recuerda Freixes.

Y enfatiza la experta: "En la actualidad, con las cámaras disueltas, nada impide que el presidente y su Gobierno puedan iniciar la preparación de una declaración de interés para la seguridad nacional, puesto que la Ley reguladora nada dispone al respecto y la comunicación posterior al Congreso, de producirse, podría realizarse ante la Diputación permanente de la cámara".

"Se trata de una Ley que hace frente a problemas de Estado que precisan de una respuesta de Estado por parte de los políticos y, también, de la ciudadanía", apostilla Freixes.


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