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La Mesa del Parlamento catalán será juzgada por el 1-O del 19 al 22 de noviembre

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El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) juzgará entre los días 19 y 22 de noviembre próximos a los miembros soberanistas de la Mesa del Parlament durante la etapa de Carme Forcadell y a la exdiputada de la CUP Mireia Boya por permitir la tramitación de las leyes del 'procés'

En una resolución, el TSJC ha fijado las fechas para el juicio contra los exmiembros de la Mesa Lluis Maria Corominas (PdeCAT), Lluís Guinó (PDeCAT), Anna Simó (ERC), Ramon Barrufet (PDeCAT) y Joan Josep Nuet (EUiA), además de la exdiputada de la CUP Mireia Boya, que serán juzgados por un delito de desobediencia. La fiscalía les solicita multa e inhabilitación, aunque la acusación popular, Vox, reclama penas de cárcel.

Políticos como testigos

El tribunal ha aceptado las pruebas solicitadas por las partes, entre ellas las declaraciones de testigos. Así deberán declarar otros políticos, como los miembros de la Mesa no acusados David Pérez y José María Espejo, el socialista Miquel Iceta, el popular Xavier García Albiol y la dirigente de Ciutadans Inés Arrimadas. El tribunal también ha acordado nombrar un intérprete del aranés para asistir a Mireia Boya en su interrogatorio y durante el derecho a la última palabra.

Los diputados --ninguno de ellos parlamentario en la actualidad, con la excepción de Guinó-- serán juzgados al día siguiente del juicio al 'president' de la Generalitat, Quim Torra, por desobedecer la orden de la Junta Electoral de retirar los lazos de los edificios públicos. 

Causa enviada por el Supremo

La sala que juzgará a la Mesa está integrada por el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, --que, de acuerdo con la ley, preside todos los juicios de la sala civil y penal--, así como el civilista Jordi Seguí y Carlos Ramos, uno de los jueces designados a propuesta del Parlament y que será ponente de la sentencia.

La causa contra los miembros de la Mesa --iniciada a raíz de varias querellas de la Fiscalía-- se juzgará en el TSJC, después de que el Tribunal Supremo decidiera desgajarla del proceso contra Forcadell y el resto de líderes independentistas y remitirla al alto tribunal catalán para su enjuiciamiento.

Las leyes de desconexión

Los exvicepresidentes de la Mesa Lluís Maria Corominas y Lluís Guinó, la exsecretaria primera Anna Isabel Simó, la exsecretaria cuarta Ramona Barrufet, de JxSí, y Joan Josep Nuet, secretario tercero de CSQP, están acusados de permitir que la Cámara catalana debatiera resoluciones a favor de un referéndum, pese a que el Tribunal Constitucional les había advertido de su obligación de impedir cualquier iniciativa que supusiera eludir sus mandatos.

Tras la declaración unilateral de independencia del 27-S, los miembros de la Mesa de JxCat y CSQP declararon como investigados ante el Supremo por los delitos de rebelión, sedición y malversación, por permitir la tramitación de laley de referéndum que preveía el 1-O y de la ley de transitoriedad nacional, aprobadas por el Parlament los días 6 y 7 de septiembre de 2017 y después suspendidas por el Constitucional.

La exdiputada de la CUP Mireia Boya, por su parte, fue imputada por el Supremo en el caso del "procés" por ser quien presentó, como presidenta de su grupo parlamentario, la proposición de la ley de transitoriedad, que creaba un marco legal alternativo al español para el caso de que el 'sí' a la independencia ganara en el 1-O.

Penas de inhabilitación

En su escrito de acusación, la fiscalía pide para cada uno de los seis acusados penas de hasta un año y ocho meses de inhabilitación, así como una multa de 10 meses con una cuota diaria de 100 euros por un delito continuado de desobediencia grave.

Por su parte, la acusación particular ejercida por la Abogacía del Estado pide multas de 30.000 euros e inhabilitación especial de un año y ocho meses para Corominas, Guinó, Simó y Barrufet, y multa de 24.000 euros y un año y cuatro meses de inhabilitación para Nuet y Boya, todos ellos acusados de desobediencia grave.

Asimismo, la acusación popular de Vox pide 12 años de cárcel, 108.000 euros de multa e inhabilitación para esos seis acusados, a los que considera autores de un delito de organización criminal y de otro continuado de desobediencia.

El letrado de la administración de justicia del TSJC ha señalado jornadas de mañana y tarde para la celebración del juicio y ha pedido al Departamento de Justicia que preceda a la "adecuación del mobiliario de la sala de vistas" para que se pueda garantizar que, durante el juicio, las defensas estén ubicadas de forma que puedan comunicarse con sus clientes. 

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