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El Parlamento catalán aprueba con la abstención de los comunes y los votos en contra de Cs, PSC y PP que la Guardia Civil abandone Cataluña

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El Parlamento autonómico catalán ha aprobado este jueves una propuesta de resolución de JxCat y ERC por la que la Cámara declara necesaria "la retirada de Cataluña de los efectivos de la Guardia Civil".

 "Se ha mostrado abiertamente como una policía de carácter político que está centrada en perseguir a determinados colectivos políticos y sociales, y completamente redundante a la hora de garantizar la seguridad de la ciudadanía", recoge el texto ha prosperado en el Debate de Política General.

La propuesta ha salido adelante con los votos a favor de JxCat, ERC y la CUP, con la abstención de los comuns, y los votos en contra de Cs, PSC y PP.

Con la aprobación del escrito, el Parlament denuncia los "abusos de derechos civiles y políticos que no solo se han centrado en líderes políticos y sociales, sino que han abusado de la legislación impulsada bajo la excusa de combatir el terrorismo, para atemorizar a la ciudadanía y coartar la protesta", y solicita a la Cámara exigir la dimisión inmediata de la delegada del Gobierno autonómico en Cataluña, Teresa Cunillera.

"Es manifiestamente incapaz, de garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía", concluye, y pide parar las operaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que consideran prospectivas y que aseguran que hacen una utilización especulativa y arbitraria de los tipos penales asociados al terrorismo para reprimir el activismo social y político, según el texto.

La Cámara pide a los grupos con representación en el Congreso impulsar una modificación del Código Penal en materia de delitos de terrorismo "que abrió la puerta a la arbitrariedad y el abuso" en su aplicación.

La propuesta aprobada advierte "un incremento de la represión y una creciente deriva en la restricción del libre ejercicio de los derechos civiles y políticos por parte del Estado, y una acción concertada de los diferentes poderes de Estado constituida en una auténtica causa general contra el independentismo".

Por eso, el Parlamento catalán constata que el proceso judicial del Tribunal Supremo contra los impulsores del 1-O es "arbitrario, sesgado y en el que los derechos fundamentales de la ciudadanía se han visto abusados y violentados por parte, tanto de los cuerpos policiales del Estado, como de la Fiscalía, el juez instructor, el juzgado del Supremo, el Gobierno y el Jefe de Estado".

La Cámara "denuncia a un Gobierno y a una cúpula del poder judicial manifiestamente sesgada y que actúa claramente preocupada por garantizar la razón de Estado".

También avisa de que sería "un abuso flagrante" el Supremo dictara sentencia antes de que el Tribunal de Justicia de la UE se pronuncie sobre la inmunidad parlamentaria de Oriol Junqueras, que salió escogido eurodiputado en las últimas elecciones.

Además, el Parlamento catalán insta al Gobierno autonómico a revisar su participación como acusación en procesos jurídicos que impacten en el libre ejercicio de los derechos civiles y políticos.

Plantea "seguir llevando a cabo una revisión exhaustiva" de las actuaciones de los Mossos d'Esquadra, de acuerdo con los mecanismos de transparencia y de control interno.


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