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Torra se reafirma en la desobediencia tras declarar en el TSJC por no retirar simbolos independentistas de edificios públicos

torra imputado

La Fiscalía cree que el presidente cometió delito al no acatar la orden de la JEC de quitar lazos amarillos y otra simbología soberanista de las sedes de la Generalitat en época electoral

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha evitado retractarse durante su declaración ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por haber desobedecido la orden de la Junta Electoral Central para que retirara el lazo amarillo y otros símbolos independentistas de la fachada del Palau de la Generalitat y el resto de sus edificios públicos.

Precisamente desde la sede del Gobierno de Cataluña, Torra ha realizado una comparecencia institucional tras prestar declaración ante el juez en la que ha "defendido" su negativa a acatar la orden de la Junta Electoral Central "con todas las consecuencias". "No se puede obedecer una orden injusta e ilegal", ha alegado el jefe del Ejecutivo catalán, después de asegurar: "Pagaré el precio que haga falta si el Estado español no aguanta mi defensa de la libertad de expresión".

Torra ha sostenido que el lazo amarillo "no es un signo de partido, sino de democracia y justicia" y ha vuelto a argumentar, como ya hiciera en las alegaciones presentadas a la Junta Electoral Central, que su orden era "inaplicable" por la teórica imposibilidad de retirar todos los símbolos en apoyo a los dirigentes independentistas presos colgados de edificios de la Generalitat. Algo que acabó ocurriendo transcurrido el plazo fijado por el organismo.

El presidente de la Generalitat ha considerado que su imputación es una "maniobra orquestada" por el Estado para que fuera la Junta Electoral Central quien dictara la orden de retirada de los emblemas y no la Junta Provincial de Barcelona, el "órgano competente" para hacerlo, ha manifestado. En esta apreciación se ha basado Torra para considerar "nula de pleno derecho" la orden de la Junta Electoral Central que incumplió.

El jefe del Ejecutivo catalán ha acusado a los miembros de la Junta de ser "afines al PP y Ciudadanos", partidos que solicitaron ante el organismo la retirada de los lazos amarillos. "Hemos pasado de la Fiscalía te lo afina a la Junta Electoral Central te lo ha afina", ha dicho Torra, que se ha negado a responder las preguntas de la acusación popular, representada por Vox, por "decencia democrática".

Declaración ante el TSJC

Torra se ha escudado en la libertad de expresión ante el (TSJC que lo investiga por mantener los símbolos independentistas en la fachada del edificio de la Generalitat y ha alegado que la Junta Electoral Central (JEC) fue imprecisa en sus resoluciones.

Torra ha declarado en una comparecencia que ha durado 45 minutos y en la que se ha negado a responder las preguntas de la acción popular, representada por Vox, "por decencia democrática".

A falta de concentraciones épicas, la última fue en Madrid a mediados de marzo, el independentismo se ha conjurado este miércoles para volver a exhibir unidad, aunque sea una tregua mínima ante la grieta cada vez más profunda que separa a Junts Per Catalunya de sus socios de ERC en el Govern, con las entidades soberanistas descolocadas. La campaña electoral ha enfriado las relaciones entre los partidos independentistas con continuos reproches entre candidatos, principalmente entre los que se postulan a la Alcaldía de Barcelona Ernest Maragall (ERC) y Elsa Artadi (JxCat), pero sin perder de vista la pugna entre Oriol Junqueras y Carles Puigdemont por el control del espacio independentista después de los buenos resultados de los republicanos en las elecciones generales.

Ante este escenario, partidos y entidades secesionistas viven como una oportunidad la declaración del presidente de la Generalitat Quim Torra ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) imputado por un delito de desobediencia que se produce en plena campaña electoral, tras la citación del magistrado Carlos Ramos. Torra no estará sólo ante el TSJC, al que llega tras un largo paseo desde Arc de Triomf. En su recorrido ha estado apoyado por consellers del Govern, y diputados de ERC y Junts per Catalunya. El president del Parlament, Roger Torrent, se ha fundido en un abrazo con Torra cuando se han encontrado, y los presidentes de la ANC, Òmnium Cultural, la Asociación de Municipios por la Independencia y la Asociación Catalana de Municipios, además de numerosos alcaldes soberanistas, también le acompañan.

Centenares de personas se han congregado en el paseo frente al Palacio de Justicia, igual que cuando el ex presidente Artur Mas acudió a declarar como investigado por el 9-N y fue recibido por unos 6.000 manifestantes y unos 400 alcaldes soberanistas con las varas alzadas. No fue la masa multitudinaria ya que cuando el primer día del juicio a Mas por desobediencia en febrero de 2017 unas 40.000 personas lo vitorearon en su paseo hacia el TSJC. En aquella ocasión hasta el Govern instó a los funcionarios a acudir.

Querella del fiscal

La Fiscalía de Cataluña considera que Torra cometió un delito de desobediencia a resoluciones judiciales o a decisiones u órdenes de la autoridad superior, cometido por una autoridad o funcionario público al negarse a cumplir las resoluciones de la Junta Electoral Central (JEC) que le instaban a retirar lazos amarillos y otra simbología soberanista de las sedes de la Generalitat ya que podrían vulnerar la neutralidad en época de elecciones. La querella del Ministerio Público cree que Torra presuntamente incumplió "consciente, abierta y reiteradamente lo decidido" por la JEC sobre la retirada "en un plazo corto y perentorio de tiempo de las banderas no oficiales y de los símbolos partidistas que pudieran exhibirse en cualquier edificio público de la Generalitat de Cataluña, bajo la advertencia, consignada en la segunda de las resoluciones, de que, de no hacerlo en el término señalado, incurriría en las responsabilidades administrativas y, en su caso, penales a que hubiere lugar".

Además, indica que el investigado "lejos de obedecer los mandatos de la JEC, el querellado mantuvo más allá del término fijado por el organismo electoral los elementos que había sido conminado a retirar perentoriamente en numerosas dependencias y establecimientos públicos dependientes de la Administración catalana presidida por él, en algunos casos de manera encubierta o simbólica, en forma de carteles, imágenes, figuras, fotografías y simbología de naturaleza ideológica y partidista, vulnerando así conscientemente -según se afirma- el deber de neutralidad y de imparcialidad que las Administraciones públicas están obligadas a respetar, especialmente durante los procesos electorales".

Ayer Torra afirmó que va al TSJC no a defenderse, sino a "acusar al Estado" de lo que entiende una vulneración del derecho a la libertad de expresión, por la orden de retirar los lazos amarillos en la campaña de las elecciones generales del 28 de abril. "No me moveré de aquí. Yo seguiré defendiendo la independencia y la república. Seguiré defendiendo el derecho de expresión, el de protesta, el de manifestación hasta las últimas consecuencias" añadió. Tras su declaración ante el juez, el presidente catalán tiene previsto comparecer ante los medios de comunicación en el Palau de la Generalitat, tal y como hizo Mas cuando fue interrogado por organizar la consulta del 9-N.

Tras recibir el ultimátum de la Junta, el pasado 18 de marzo, Torra anunció que seguiría las recomendaciones del Síndic de Greuges sobre el asunto y, tres días después, sustituyó la pancarta a favor de los políticos presos del Palau de la Generalitat por otra con el mismo mensaje, pero con un lazo blanco con una franja roja, en vez de amarilla. Por eso la JEC acordó llevar el caso a la Fiscalía, ordenar a los Mossos d'Esquadra retirar los símbolos de apoyo a los políticos presos y abrir un expediente sancionador al presidente catalán.


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