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Marchena pone coto a los intentos de las defensas de poner en duda la investigación

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El magistrado Manuel Marchena, que preside el tribunal que está juzgando el 'procés' independentista, ha interrumpido este martes los interrogatorios que las defensas han hecho al teniente coronel de la Guardia Civil Daniel Baena, jefe de la policía judicial en Cataluña, cada vez que las preguntas dejaban entrever que se estaban cuestionando los indicios aportados a la instrucción de la causa en el Tribunal Supremo, así como en otros órganos judiciales.

“Los atestados valen para lo que valen”, ha enfatizado el magistrado Manuel Marchena en una de sus intervenciones en la que ha querido dejar claro que la “fuente de conocimiento” del tribunal son los escritos de acusación de la Fiscalía, de la Abogacía del Estado y la acusación popular ejercida por Vox.

Baena, que firma los informes policiales entregados en el Tribunal Supremo, en la Audiencia Nacional y en el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona en el marco de las instrucciones sobre el proceso independentista, la creación de estructuras de Estado y el presunto uso de fondos públicos para estos cometidos, ha contestado durante cinco horas y media a las distintas preguntas que han realizado las partes.

Ha sido justo antes de parar la sesión para comer, y una vez que se ha retomado, cuando se ha enfrentado a las preguntas de las defensas, que llevan cuestionado su imparcialidad desde la fase de instrucción, ya que se le relacionó como usuario de un perfil de Twitter en el que se publicaron mensajes contra los líderes independentistas, cuya autoría ha negado este martes el propio Baena.

El primero de ellos ha sido Andreu Van den Eynde, abogado del ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras y el ex consejero Raül Romeva, que ha centrado todo su interrogatorio a cuestionar los inicios de la instrucción con veladas críticas al hecho de que se abrieran diligencias en diferentes órganos judiciales.

Concretamente, Marchena le ha interrumpido cuando Van den Eynde ha querido saber por qué no se archivaron las diligencias de la Fiscalía una vez que se incoaron las del Juzgado número 13 de Barcelona, para hacerle ver que el testigo no tiene por qué conocer ese dato.

Ha sido a la abogada Ana Bernaola, del ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, a la que más veces ha frenado, ya que, según ha dicho el magistrado, parece que la letrada “está sometiendo o incorporando al objeto de proceso las razones por las que la Policía valoran indicios”.

No obstante, Bernaola ha explicado al presidente del tribunal que el fin de estas preguntas es conocer cuál ha sido el criterio para incorporar en los informes unos hechos y otros no sobre su cliente, teniendo en cuenta que las acusaciones se han basado en ellos para argumentar sus tesis. Además, ha recordado que algunos de los recogidos datan de los años 2013 y 2014 y han servido para su ingreso en prisión, el 16 de octubre de 2017, dictada por la entonces magistrada de instrucción de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.

“No pida valoraciones probatorias”

Hasta en dos ocasiones ha pedido Marchena a la abogada del expresidente de la entidad soberanista que no pida “valoraciones probatorias”, ni “definiciones” al teniente coronel. “Usted pregúntele qué presenció y luego ya nos ponemos de acuerdo sobre si es un acto violento o no”, ha sugerido a Bernaola en un momento en el que ha pedido al guardia civil que dijese qué es un “escrache”.

En el mismo sentido ha cortado a Francesc Homs, abogado del ex consejero Josep Rull, cuando le ha preguntado sobre si la hoja de ruta del proceso independentista era considerado como un programa político.

Incluso el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha tenido que salir al amparo del testigo cuando este mismo abogado le ha exigido que explique por qué se investigó una reunión en la que se trató la investidura de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat: “Pero es que es el juez o el fiscal el que dice lo que se tiene que investigar, no era él el que decidía”, ha dicho. “Desborda el objeto del juicio”, ha añadido.

Otra advertencia ha hecho Marchena a Jordi Pina, abogado del ex consejero Jordi Turull, que ha preguntado si en algún momento avisó a la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Mercedes Armas que en la investigación de un presunto delito de malversación relacionado con el referéndum ilegal podía perjudicar a los miembros del Govern, que son aforados.

“Esos caminos no llevan a ninguna salida. El declarante es quien es, un teniente coronel de la Guardia Civil, y no hace advertencias sobre competencia o aforamientos a un juez de instrucción”, ha reprendido el magistrado, al mismo tiempo que no ha permitido que este letrado empiece otra pregunta con un “¿Le parece normal…?”.

El teniente coronel, que ha respondido en un tono sosegado a toda la batería de preguntas de las defensas y que en numerosas ocasiones se ha remitido a lo que “consta en las diligencias”, ha asegurado que durante su declaración ha contado lo que vivió y “no lo que está en los atestados”, algo que ha sido apoyado por el magistrado, que le ha dicho que “eso es más sano”.

Asimismo, Baena ha dicho varias veces que lo que se ha investigado es “a personas que hacen cosas” para saber si han podido incurrido en algún delito y no a entidades soberanistas como ANC y Òmnium Cultural. Así lo ha repetido a la abogada del presidente de la última organización, Marina Roig.


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