hospimedica2

Abogado de Junqueras cuestiona la instrucción y Guardia Civil replica: "No les investigamos por lo que piensan"

15499714318016

Andreu Van den Eynde, abogado del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y el exconseller Raül Romeva, ha centrado todo su interrogatorio al teniente coronel Daniel Baena, jefe de la policía judicial de la Guardia Civil en Cataluña, a cuestionar los inicios de la instrucción, con veladas críticas al hecho de que se abrieran diligencias en diferentes órganos judiciales.

Ante la cantidad de preguntas en el juicio por el proceso independentista que sugerían estos planteamientos, el testigo ha reiterado en numerosas ocasiones que toda la investigación comenzó por indagar en una posible malversación de fondos públicos para un fin ilícito como sería la declaración soberanista aprobada por el Parlament el 9 de noviembre de 2015, que marca el inicio del 'procés'.

Por tanto, el teniente coronel ha remarcado que su labor al frente de la instrucción no consistió nunca en investigar "resoluciones políticas". "Los investigados no lo están por lo que piensan o dicen, sino por hechos que pueden ser constitutivos de delito", ha afirmado, para subrayar que todo se hizo acorde a la legalidad y con mandato judicial.

MISMO FISCAL EN LA AUDIENCIA NACIONAL Y EL SUPREMO

Las preguntas de Van den Eynde se han remontado a los inicios de la investigación de la que estuvo a cargo Baena y que consistieron en unas diligencias abiertas por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, entonces dirigida por Javier Zaragoza, quien es ahora uno de los fiscales en la causa del 'procés' en el Tribunal Supremo.

El guardia civil ha insistido varias veces en que estas diligencias no se abrieron "a partir de declaraciones políticas", sino porque la declaración soberanista fue declarada ilegal por el Tribunal Constitucional, de modo que la Fiscalía quería saber si se estaba invirtiendo dinero público para un fin considerado ilícito.

Estas diligencias se extendieron durante más de año y medio y coincidieron en el tiempo con las que se abrieron en marzo de 2017 en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. Al ser el jefe de la policía judicial en Cataluña, el magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer también encargó las pesquisas a Baena.

El teniente coronel ha reiterado que la investigación en Fiscalía de la Audiencia Nacional y las del juzgado de Barcelona tuvieron orígenes distintos, ya que en el segundo caso se abrió tras las denuncias presentadas contra el juez y exsenador de ERC Santiago Vidal por declaraciones en las que explicó supuestas ilegalidades cometidas por el Gobierno catalán para diseñar un Estado independiente.

"Se me comunica que investigue las declaraciones de Santiago Vidal, para corroborar si era verdad lo que decía. Es así como empezamos", ha explicado para remarcar que a medida que fueron avanzando los indicios encontrados en uno y otro órgano judicial fueron conectándose.

NO SE INVESTIGAN RESOLUCIONES POLÍTICAS

Ante la insistencia del abogado de Junqueras y Romeva, Baena ha subrayado que a él "nunca" le ordenaron "investigar el 'procés'" como tal, sino si se destinaba dinero público para conseguir un fin ilícito, momento en que ha reiterado que la Guardia Civil "no investiga resoluciones políticas".

Van den Eynde ha querido saber por qué no se archivaron las diligencias de la Fiscalía cuando se incoaron las del Juzgado número 13 de Barcelona, pero el teniente coronel ha asegurado que a él no le hacen llegar ese tipo de información. El presidente del tribunal, Manuel Marchena, ha interrumpido entonces el interrogatorio, haciendo ver al letrado que el testigo no tiene por qué conocer ese dato.

Entonces, el abogado ha preguntado a Baena si informó en la Audiencia Nacional de la investigación que había abierto el juzgado de Barcelona. "Verbalmente, sí. Cuando se produce la conexión, pero sólo cuando se demuestra, no antes", ha resaltado.

Van den Eynde ha pasado a interrogar entonces sobre las diligencias que también se abrieron en la Fiscalía Superior de Cataluña en marzo de 2017, debido a que algunos investigados eran personas aforadas en esa comunidad autónoma. El letrado ha preguntado por una intervención telefónica a Josué Sallent, trabajador del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), pero Baena lo ha negado, afirmando que un fiscal no puede dar esa orden.

UN FISCAL NO ORDENA INTERVENIR TELÉFONOS

Ante las reservas del letrado, que ha puesto en duda lo dicho por el teniente coronel, éste ha reiterado varias veces que sólo un juez puede acordar la intervención de las comunicaciones de una persona, siempre que haya indicios en su contra que lo justifiquen, pero nunca un fiscal. Y además, ha asegurado que él nunca ha solicitado a un fiscal que lo hiciera.

"¿Qué dato les lleva a pedir la intervención telefónica de un ciudadano?", ha preguntado entonces Van den Eynde, pero inmediatamente ha sido interrumpido por Marchena, que ha llamado la atención sobre el hecho de que su estrategia de defensa sea la "conveniencia para solicitar o no una intervención".

"¿Se justificaba la proporcionalidad de la medida por los delitos de sedición y rebelión?", ha inquirido entonces el letrado, pero Baena se ha limitado a señalar que sería el juez el que haría constar esos delitos en su auto.

El oficial ha constatado que la calificación de los hechos como un posible delito de sedición se comenzó a utilizar en el Juzgado de Instrucción número 13 y antes de los incidentes del 20 de septiembre de 2017, pero ha dejado claro que el comienzo de todo fue por posible malversación. "De primeras no vamos buscando sediciosos por ahí", ha apuntado.

NI ANC NI ÒMNIUM

Por otro lado, el abogado de Junqueras y Romeva ha querido saber si en alguna de las diligencias la Guardia Civil había dirigido sus pesquisas contra la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium Cultural, a lo que el teniente coronel ha replicado de forma tajante que no, que en todo caso se investigaría "a personas".


Imprimir   Correo electrónico