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Un miembro de la Guardia Civil ha manifestado que Jordi Sànchez advirtió que no permitiría llegar a la Consejería el vehículo con Jové detenido

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El cabo de la Guardia Civil apunta a Antoni Molons como el "tal Toni" que llamaba para encargar la publicidad del referéndum

Este agente, que participó en la detención de Josep María Jové, quien fuera ‘número dos’ de Oriol Junqueras, el 20 de septiembre de 2017, ha señalado directamente a Jordi Sànchez, expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) como el causante de la decisión de que el investigado no fuera trasladado a su despacho en la Consejería de Economía donde ese día se practicaba un registro. “Mi superior me informó de que Sánchez había dicho que no iba a permitir el acceso de ningún vehículo y comitiva”, ha afirmado.

Según ha manifestado este agente a preguntas del fiscal Javier Zaragoza, tras concluir el registro en el domicilio de Jové se puso en contacto con el jefe de su grupo porque la intención era trasladar al detenido a la consejería, con el fin de que estuviera presente en el registro de su despacho.

El testigo, cabo primero de la Guardia Civil y en funciones de policial judicial, ha indicado que permaneció toda la mañana en casa de Jové, ya que el registro terminó a mediodía pero la comitiva judicial no pudo salir enseguida debido a la cantidad de gente que se había concentrado a las puertas del domicilio, incluso gente con tractores protestando por la actuación judicial.

Mientras esperaba que llegaran refuerzos para poder salir –hecho que no se produjo hasta las tres de la tarde–, mantuvo diferentes contactos telefónicos con el teniente desplegado en la Consejería de Economía para avisarle de que debían acudir para llevar al detenido al registro.

Sin embargo, el superior le advirtió de la cantidad de gente que se estaba concentrando a las puertas del edificio, por lo que veía imposible la entrada.

Según el testigo, el último contacto fue cuando el teniente le contó que Jordi Sànchez le había informado que no permitiría la llegada de la comitiva, por lo que finalmente renunciaron a acudir, razón por la cual Jové no pudo estar presente en el registro de su despacho.

El testigo, ha relatado todos los detalles de la detención de Jové, que se produjo cuando el exdirigente catalán viajaba de su domicilio hacia Barcelona aquel 20 de septiembre de 2017.

Entre otros, la llegada al domicilio –con Jové ya detenido–, donde el exsecretario de Economía y Hacienda fue saludado por un individuo que resultó ser Isaac Peraira, vicesecretario general de organización interna de ERC.

CINCO TELÉFONOS INCAUTADOS A JOVÉ

El guardia civil también ha apuntado que en el momento de su detención se le intervinieron a Jové tres teléfonos móviles, si bien durante el registro en la vivienda, donde se encontraban la esposa de Jové y el hermano de éste, los agentes se incautaron de dos más.

También se llevaron dos ordenadores, tres ‘pendrive’, dos agendas moleskine y el documento denominado Enfocats.

Dicho documento, que constituye una de las pruebas clave de los escritos de acusación en esta causa y también en la que se instruye en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra Jové, estaba anillado con una espiral, “por lo que no se podía meter ni sacar nada” del cuadernillo.

En su interior se podían leer, en un primer análisis, datos sobre el referéndum “y testaferros de ERC“, por lo que los agentes decidieron incluirlo en las actuaciones.

Mientras se producía el registro, que se extendió hasta el mediodía, diversas personas se fueron aglutinando a las puertas del domicilio y gritaban consignas en catalán como “votaremos”, “independencia” y “fuera las fuerzas de ocupación”, por lo que decidió pedir un dispositivo de guardias civiles que les aseguraba la salida.

El grupo llegó pasadas las dos de la tarde y en ese momento, con Jové ya en el coche, un grupo de personas se sentaron en el suelo impidiendo moverse al vehículo policial.

En ese momento se llamó a los Mossos para pedir ayuda aunque, al ser escuchados por los individuos que protestaban éstos decidieron desistir diciendo que no les iban a dar “el gusto” de que fueran mossos quienes les obligaran a levantarse.

Además de la detención de Jové, este cabo participó en otros importantes registros, concretamente la central de Unipost en L’Hospitalet, la sede del Diplocat y la vivienda de Antoni Molons, exsecretario de Difusión Institucional de la Generalitat.

Sobre éste último, ha demostrado que puede ser el “tal Toni” que habría llamado al diseñador gráfico Enric Vidal para que redimensionara carteles de publicidad del referéndum.

A través de la información facilitada por Vidal en uno de los registros, los investigadores averiguaron que el teléfono del “tal Toni” fue contratado por Molons, por lo que se presentaron en su casa y encontraron allí las cartulinas de las que se extraen las tarjetas SIM de los teléfonos, ambas de prepago.

Desde uno de estos móviles, hallado en la habitación de la hija del exsecretario de Difusión, éste contactó con el diseñador, al que entregó a su vez otro aparato para que le llamara cuando lo necesitara.

DISCUSIÓN CON LAS DEFENSAS

La declaración de este testigo ha estado caracterizada por las numerosas interrupciones de las defensas, ya que creían que algunas respuestas excedían su ámbito de conocimiento porque participó en los equipos de policía judicial pero no fue el instructor de los atestados.

El presidente del tribunal, Manuel Marchena, sólo ha admitido aquellas protestas referidas a situaciones en las que el testigo no estuvo presente directamente, pero las ha rechazado en lo que respecta a informes que él ha podido leer, ya que “puede opinar sobre los documentos que pasaron por la unidad operativa sin perjuicio de que haya otros testigos más cualificados de él” por ser los autores de esos informes.

Además, el abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva, Andreu Van Den Eynde, se ha quejado de que las defensas no conocían qué tipo de información iban a aportar los dos testigos guardias civiles que han declarado hasta el momento.

Sin embargo, este planteamiento ha sido desdeñado por Marchena, quien ha indicado al letrado que “dar por hecho que los testigos del juicio han tenido que declarar en instrucción” llevaría a otro modelo de sistema procesal, ya que se estaría “pervirtiendo la exposición de motivos del modelo” establecido por el jurista Manuel Alonso Martínez.

Por otra parte, el cabo ha confirmado los registros en Unipost, donde se intervinieron tarjetas censales para la votación del 1-O, y en Diplocat, donde los agentes se incautaron de informes redactados por los supuestos observadores con sus conclusiones del día del referéndum.

Según el guardia civil, un informe de la interventora de la Generalitat acredita que el 85% del importe previsto fue abonado.

El testigo también ha confirmado la intervención en las empresas de diseño gráfico a las que se encargaron carteles de publicidad, en los que no quedaba ninguna duda de que tenían como finalidad última “potenciar la participación en el referéndum”.

Lo mismo ha manifestado de las empresas audiovisuales Carat y Focus Media, añadiendo que el mismo anuncio fue emitido solamente en TV3.

3,4 MILLONES DEL FONDO DE CONTINGENCIA

Para las campañas publicitarias, el agente ha señalado directamente al entonces consejero de Presidencia, Jordi Turull, y al exvicepresidente Oriol Junqueras por acudir a un “fondo de contingencia” de 3,4 millones de euros. Según ha asegurado, el primero se lo pidió al segundo, entonces responsable de Hacienda, y que los investigadores así lo concluyeron vistos los correos electrónicos que se intercambiaron.

Y sobre la campaña de registro de catalanes en el exterior, el guardia civil ha explicado que los investigadores consideraron que pudo ser “susceptible de haber empleado fondos públicos” por considerar que estaba “relacionada con el referéndum”, de modo que solicitaron las facturas, las cuales no habían sido abonadas por la Generalitat.


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