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Otro jefe de Mossos confirma que advirtieron hasta en 2 días diferentes al Govern de los riesgos del 1-O

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Reconoce que se plasmó la necesidad de destinar entre 30.000 y 40.000 efectivos para impedir la celebración del referéndum

El que fue máximo responsable de la Comisaría General Técnica de Planificación de la Seguridad de los Mossos d'Esquadra en la jornada del referéndum ilegal Emilio Quevedo Malo ha confirmado este lunes ante el tribunal que juzga el 'procés' independentista que el cuerpo policía autonómico advirtió hasta en dos días diferentes --26 y 28 de septiembre de 2017-- de los riesgos previsibles si se mantenía la convocatoria del 1-O.

Durante su declaración como testigo en el juicio que se está celebrando en el Tribunal Supremo, este comisario de los Mossos se ha manifestado en la misma línea que el exjefe de la Comisaría General de Información de los Mossos d'Esquadra Manuel Castellví, cuya testifical ha concluido este lunes.

Quevedo está investigado en el Juzgado de Instrucción número 3 de Cornellà (Barcelona) por un delito de desobediencia por su supuesta pasividad al impedir el referéndum, pero se ha prestado a responder a todas las preguntas que le han formulado las acusaciones y defensas, tras ser informado por el presidente del tribunal, Manuel Marchena, de evitar aquellas que considere que pueda perjudicarle en la causa en la que se encuentra inmerso.

A preguntas del fiscal Javier Zaragoza ha empezado explicando que a consecuencia de las instrucciones del fiscal superior de Cataluña encaminadas a impedir el 1-O, el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero -que será juzgado próximamente en la Audiencia Nacional--, encargó a su departamento un informe técnico, en el que se plasmó la necesidad de "entre 30.000 y 40.000" agentes de los Mossos para cerrar colegios y establecer un perímetro de seguridad.

En otro momento de la declaración, Quevedo ha explicado que los altos mandos de los Mossos advirtieron al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont de las situaciones de peligro que preveían si se celebraba el 1-O. En un primer lugar, el mayor Trapero, que se reunió con él, y con el exvicepresidente Oriol Junqueras y con el exconseller de Interior Joaquim Forn el 26 de septiembre, les manifestó "la preocupación que había en los Mossos por la situación que había en general en el país".

El fiscal Zaragoza ha querido saber si los Mossos advirtieron en esa reunión de la posibilidad de una "alta movilización de personas" que podrían generar problemas de seguridad. Quevedo ha señalado que fue Castellví quien lo expuso, poniendo de ejemplo que se podrían dar "enfrentamientos entre favorables y contrarios al referéndum" y que uno de los escenarios previstos era los "choques" entre las fuerzas policiales y los concentrados en los colegios electorales.

Ha mantenido que se proyectaba a la ciudadanía la "prevalencia" entre la actuación policial y el cumplimiento del mandato judicial y que se actuaría como "una jornada electoral al uso", ha dicho. "¿Era incompatible con sus cometidos?", ha preguntado el fiscal. "Obviamente, no podíamos actuar como otra jornada normal en una actividad política que había sido prohibida", ha respondido el testigo.

En este sentido ha explicado que para el dispositivo del 1 de octubre de 2017, sólo se destinaron 7.850 agentes; mientras que en una jornada electoral normal se hace uso de entre 2.550 y 3.500 efectivos. Asimismo, ha reconocido que eran conscientes de que con dos o tres agentes de los mossos en cada uno de los colegios "no podrían hacer frente" al cierre de los mismos, pero consideraban que este "binomio" de Mossos era lo más efectivo porque permitía tener "una información veraz y directa" para conocer lo que ocurría y que el centro de coordinación pudiera "activar" las medidas de refuerzo necesarias para llevar a cabo el mandato judicial.

"Pero la realidad es que no se fue capaz de llevar a cabo el cumplimiento", ha terminado reconociendo después a la abogada del Estado, Rosa María Seoane, para apuntar no obstante que no se podía contar con más agentes de Mossos que no fueran los de seguridad ciudadana, y que no era "realista" haber incluido en el dispositivo a los agentes de Tráfico, salas de mando o investigación criminal. "No era realista que los 16.000 pudieran intervenir", ha subrayado.

En cuanto al 20 y 21 de septiembre, Quevedo, que siguió la protesta desde el centro de coordinación, ha reconocido que son las "fuerzas policiales" y no los manifestantes los que deben facilitar las vías de acceso y salida de la comisión judicial, en referencia al pasillo que hicieron voluntarios de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural.

 


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