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La Guardia Civil descubre un "compromiso de gasto" de la Generalitat por la correspondencia del 1-O

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El Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona sigue intentando demostrar que hubo malversación de caudales públicos en los preparativos del referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional del 1 de octubre de 2017. En un informe entregado al juez, la Guardia Civil determina que han encontrado indicios documentales de que existe "el encargo de la Generalitat" a la empresa Unipost del reparto de las tarjetas censales y las cartas certificadas, de las que se intervinieron 45.250) en las que se designaba los presidentes de mesa y los lugares para votar.

Los agentes remarcan que este pedido no se llevó a cabo "por la acción de la Justicia" y detallan que "el servicio se solicitó y se pretendía prestar, lo que comportó ese compromiso de gasto que ascendía a 979.661,56 euros, sin iva".

Los investigadores detallan que en el sistema de la empresa se han encontrado documentos de los pedidos de los cinco departamentos de la Generalitat, Cultura, Vicepresidencia, Salud, Presidencia y Trabajo, para repartir correspondencia antes del 1-O lo que "evidencia un compromiso" del Govern a partir de los contratos marco que ya tenía con Unipost. Los agentes detallan que la mercantil "reconocía esa obligación" del pedido al grabar el encargo en su sistema y detallan que la factura al departamento de Trabajo se contabilizó el 18 de septiembre de 2017 y se intentó cobrar ese día y al siguiente, aunque el abono definitivo fue en octubre.

"Es decir el 18 del 9 de 2017 Unipost estaba reconociendo un derecho de cobro por los servicios prestados al departamento de Trabajo por importe de 197.492 euros sin iva en base a una solicitud del propio departamento que se desprende de su nota de entrega", indica el informe. La administradora concursal de Unipost aseguró que no tienen intención de solicitar el pago del servicio de la empresa a la Generalitat ya que no figuran documentos o facturas emitidas. Sin embargo, los agentes detallan que han encontrado "argumentos y documentos" en el sistema de Unipost que "refuerzan que esos pedidos no fueron anulados, salvo el del Departamento de Trabajo un mes después, que fue el que se pretendió cobrar y se grabó en la contabilidad".

El informe remarca que la forma de crear y anular facturas "es una forma de evitar la acción de la Justicia pues carece de toda lógica realizar cuatro anulaciones temporales, para segundos después realizar unas proformas manteniendo vigente el pedido". También recuerdan que estos indicios es lo que se querían encontrar en los registros a Unipost pero que "no sólo no fue entregado sino que evitaron fueran hallados".

La Guardia Civil indica que la administradora concursal de Unipost informó que no tiene intención de solicitar el pago del servicio de Unipost a la Generalitat porque "esas facturas no figuran como cobradas, ni compensadas, ni tampoco se han incluido en la relación de créditos de dudoso cobro ni serán objeto de reclamación", puesto que son "facturas anuladas y no figuran como pendientes de cobro en la contabilidad de la concursada".

Los investigadores creen que todavía está la deuda de casi un millón de euros ya que "no consta comunicación a la Generalitat de la anulación de ese pedido, sino que se estaba realizando y no se llevó a efecto, no por causas atribuibles a Unipost, sino por la acción de la Justicia". Unos segundos después de anular las facturas, se generó una nueva proforma que se incautaron en el despacho de uno de los directivos de la empresa.


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