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El Juzgado que ordenó los interrogatorios de la Guardia Civil a altos cargos de la Generalidad, admite que investigaba el 1-O antes de su celebración

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El magistrado del 13 asume, tras haberlo negado, que ordenó los interrogatorios de la Guardia Civil a varios cargos de la Generalitat

El magistrado del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, ha admitido ahora que sí que investigaba los preparativos del 1-O, después de que en julio de 2017 denegara a la CUP su personación a la causa alegando que no investigaba “una causa general” contra el referéndum. Por eso, el colectivo de juristas catalanes Drets estudia presentar una querella por prevaricación, falsedad documental y vulneración de derechos fundamentales contra el juez y la secretaria judicial.

Según ha publicado La Vanguardia, en julio de 2017 la Guardia Civil remitió varias citaciones judiciales a trabajadores y funcionarios de la Generalitat haciendo constar que lo hacían a requerimiento del Juzgado de Instrucción número 13, pero el propio juzgado dijo, a través del gabinete de prensa del TSJC, que los interrogatorios eran “diligencias de policía judicial y no solicitadas” por el mentado juzgado. A raíz de ello, el colectivo Drets presentó una querella contra la Guardia Civil por falsedad documental –a la que se sumó la Generalitat– ante el Juzgado de Instrucción 32. Éste la rechazó, pero la Audiencia Provincial de Barcelona obligó a admitirla a trámite el pasado julio. La propia Audiencia determinó que fuera el mismo Ramírez Sunyer quien certificara si el 21 de julio del 2017 tenía una causa abierta por los dominios y web del Pacte del Referéndum y si había encomendado a la Guardia Civil alguna investigación sobre el hechos relacionados con la convocatoria del referéndum.

En respuesta a tal requerimiento, el pasado 23 de agosto la letrada judicial del Juzgado 13 entregó un certificado judicial en el que se admite que, efectivamente, la Guardia Civil investigaba desde el 15 de mayo del 2017 a todo aquél “que pudiera haber intervenido en la autorización, creación y desarrollo de la web pactepelreferendum.cat”. En este sentido, durante julio de 2017 se tomó declaración en el cuartel de la Guardia Civil de la Travessera de Gràcia de Barcelona a los entonces secretario general de Presidència, Joaquim Nin; al director general de Comunicació de la Generalitat, Jaume Clotet; o al director general de Atenció Ciutadana, Jordi Graells; para que finalmente el magistrado ordenara en septiembre del 2017 el cierre de la web pactepelreferendum.cat.

El Juzgado 13 también admite que desde el mes de marzo del 2017 la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil estaba investigando los delitos de malversación de fondos públicos, desobediencia, revelación de secretos, infidelidad en la custodia de documentos, prevaricación, rebelión, sedición y contra la paz e independencia del estado, con respecto a las “actuaciones y gastos directamente encaminados a la celebración del referéndum de autodeterminación”. De hecho, la secretaria judicial, en su certificado, asegura que “desde el primer momento la instrucción y los investigadores advirtieron actuaciones y gastos directamente encaminados a la celebración de un referéndum de autodeterminación a convocar en breve plazo de tiempo”.

La negación a la personación de la CUP

Por lo tanto, según Drets, el propio juzgado “reconoce que faltó públicamente a la verdad” cuando el 19 de julio del 2017 dictó un auto rechazando la personación como investigada de la CUP con el argumento que la investigación que el juzgado llevaba a cabo no tenía “por objeto la organización política ni la convocatoria de un referéndum ni es una causa general contra los que directa o indirectamente tuvieran interés en él”.

También se demuestra, según Drets, que era “falso” el comunicado de prensa y los tuits del TSJC del 27 de julio del 2017 donde se aseguraba que las diligencias que se estaban desarrollando en el cuartel de la Guardia Civil “son diligencias de policía judicial y no han sido solicitadas por el magistrado de Instrucción 13 de Barcelona”. Un comunicado en el que añadía que la querella que instruía giraba en torno a Santi Vidal, Carles Viver y Pi-Sunyer y Lluís Salvadó como personas investigadas.

”Resulta evidente, pues, que el Juzgado 13 estaba instruyendo una causa general contra el movimiento independentista para evitar la convocatoria del referéndum del 1-O, como ha defendido siempre Drets, y que por algún motivo el juzgado siempre lo había negado, faltando a la verdad públicamente, cosa que podría comportar la nulidad de todo lo que haya investigado este juzgado. Es por eso que Drets estudia presentar una querella contra el Juez del 13 ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya –vista su condición de aforado–, y contra la letrada judicial por prevaricación y/o falsedad y vulneración de derechos fundamentales.

Un testimonio clave

Este mismo juez, Juan Antonio Ramírez Sunyer, así como la letrada judicial del 13 son los que el día 20 de septiembre del 2017 acordaron llevar a cabo las 41 entradas y registros en diferentes conselleries de la Generalitat, organismos públicos y despachos particulares, entre los que destacó el registro en la Conselleria de Economia de la Rambla Catalunya, generando una masiva y larga manifestación.

Además, la letrada judicial es uno de los testigos clave de las acusaciones en el juicio que se celebrará próximamente ante el Tribunal Supremo contra los nueve presos del procés, dado que fue la secretaria judicial que acudió a la sede de Economia el 20-S, de donde salió por la azotea después de denunciar que los manifestantes no la dejaran abandonar el edificio.


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