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La Guardia Civil certifica que el Gobierno de la Generalidad catalana usó sin permiso datos de 56.196 personas para la votación ilegal del 1-O

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Los cargos del Govern investigados podrían haber cometido un presunto delito de revelación de secretos.

«Se han usado los datos personales de 56.196 personas para la celebración del referéndum del 1 de octubre de 2017». En concreto, para «asignar los miembros de las mesas electorales» en un sorteo que «se pudo realizar el 15 de septiembre de 2017». Así lo considera un informe de la Guardia Civil entregado al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona que investiga a varios cargos del Gobierno catalán, que estaban con el anterior gobierno de Carlos Puigdemont aunque algunos vuelven a estar con el de Joaquin Torra, por participar en la organización de esta votación independentista pese a que estaba suspendida por el Tribunal Constitucional.

Los agentes analizaron numerosos dispositivos electrónicos e informáticos, los investigaron y en ellos se encontró que se extrajeron datos de estas 56.196 personas del registro de población de Cataluña, que contiene la misma información que el padrón municipal «sin la autorización» correspondiente para organizar el 1-O. Los datos se usaron como base censal para asignar a los ciudadanos que debían ser miembros de las mesas electorales en el momento de la votación. En este sentido, los cargos del Govern investigados podrían haber cometido un presunto delito de revelación de secretos.

En otro informe, la Guardia Civil alertó sobre la cesión de «los datos de miles de personas» de la Generalidad a una entidad privada «vulnerando los principios básicos de custodia, almacenamiento y control de datos personales». En concreto, se localizó información en un trabajador del departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia que los agentes consideran «clave en la organización de los puntos de votación así como para que el personal necesario en las mesas de votación estuviera distribuido e informado de sus funciones».

Los agentes también analizaron el teléfono móvil del director general de Patrimonio de la Generalidad y a partir de los mensajes encontrados concluyen que conocía que «se estaba intentado activar la consulta de voluntarios a través de la aplicación WhatsApp y páginas web alternativas vinculadas al referéndum».

Además detallan que conocía que «uno de los elementos esenciales para que el referéndum tuviese éxito era que los colegios desde primera hora estuviesen llenos de gente porque, con ello, los Mossos d'Esquadra tendrían la coartada perfectamente ideada para evitar actuar pues no pensaban utilizar medidas coercitivas para desalojarlos». El informe detalla que junto con el ex secretario general de Economía y ahora diputado de ERC, Jose Maria Jové, imputado en la causa, «plantearon alternativas para el aprovisionamiento de urnas» como pedir a una universidad que las apadrinara.

También consideran que este cargo gestionó la presencia de observadores internacionales al 1-O e incluso hay un mensaje suyo a Oriol Junqueras sobre la posible presencia de una asociación de magistrados de Brasil.


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