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Mas de 150 denuncias presentadas por delitos de odio desde el 1-O en Cataluña

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Ya son más de 150 los casos de delitos de odio judicializados en Cataluña desde el 1-O. Gota a gota, a las instancias judiciales van llegando todas las denuncias por injurias, acoso, amenazas, agresiones y daños provocados por independentistas.

Desde escraches a funcionarios hasta acosos por la calle y seguimientos a vehículos policiales, pasando por negativas a que los agentes puedan utilizar servicios públicos y a campañas de acoso en internet.Porque los episodios de lo que se califica como delitos de odio se han multiplicado durante las últimas semanas en Cataluña contra los que no están por el independentismo. Desde el 1-O, más de 150.

Las víctimas van esde policías a guardias civiles, funcionarios y particulares, pasando por militares y dirigentes de partidos políticos. ¿Los lugares? Desde cuarteles a sedes de partidos pasando por la calle misma como escenario para acosar al que piensa diferente.

Desde el Ministerio del Interior se ha dado prioridad a estas actuaciones. El titular del Departamento, Juan Ignacio Zoido, ha dejado claro que no piensa dejar pasar ni un solo episodio de hostigamiento en Cataluña.

Sin duda, los escraches que han sufrido las Fuerzas de Seguridad del Estado en varias localidades de Cataluña para que abandonaran sus hoteles son los que priman en este listado de diligencias instruidas, sobre todo en las localidades de Pineda de Mar y Calella.

Pero cuando se desglosan las denuncias existen más imágenes que apenas habían tenido relevancia pública.

Así, por ejemplo, la Brigada Provincial de Información de la Policía en Barcelona ha remitido a la Fiscalía una denuncia por unos hechos perpetrados el pasado 3 de octubre. Un vehículo de los Mossos persiguió a un coche camuflado de la Policía Nacional, lo paró y los agentes fueron identificados en «clara actitud hostil». Así quedó reflejado en el oficio y así lo está tratando la Fiscalía.

Ese mismo día, un conductor de la línea 88 de autobuses de Barcelona se negó a que accediera al vehículo un agente del Cuerpo Nacional de Policía. De estos hechos fue notificada también la Fiscalía de delitos de odio. Son numerosos los archivos de WhatsApp con datos y fotos de agentes de la seguridad del Estado que se difundían con comentarios amenazantes e hirientes.

Uno de los episodios más sórdidos se produjo el pasado día 4, cuando a un vehículo camuflado de la Policía Nacional, al pasar por el peaje de Garraf, en Barcelona, se le tomó la matrícula por parte de un trabajador y fue perseguido por otro vehículo no identificado. Al día siguiente, en el mismo lugar, se detectó un nuevo seguimiento por un vehículo perteneciente a la Generalitat de Cataluña, a su Departamento de Presidencia. La Policía trasmitió el atestado y lo remitió a la Fiscalía.

Son numerosas también las denuncias contra taxistas que se han negado a montar a policías que trataban de desplazarse desde el Puerto de Barcelona, de los cruceros donde están alojados, al centro de la ciudad.

Las denuncias presentadas por la Policía por delitos de odio incluyen una contraportada del semanario El Jueves al considerar que una de sus viñetas «tenía carácter injurioso hacia la Policía Nacional, con alusiones al consumo de cocaína». La recopilación policial incluye los episodios de acoso y ataques contra políticos y sus sedes. En el foco de los ataques que se incluyen en el listado están los tres partidos constitucionalistas: Ciudadanos, PSC y PP.

Pineda y Calella, en el punto de mira

La Policía y la Guardia Civil tuvieron que abandonar sus hoteles en las localidades de Calella y Pineda de Mar. La Policía Judicial está investigando los hechos.

Según fuentes de Interior, se han abierto diligencias por coacciones (de los ayuntamientos de las localidades a los hoteles) y por inducción a delito de odio y discriminación, al denegar una prestación.

Los investigadores disponen de los listados de los perjudicados por estos hechos y han tomado ya declaración a los mandos de la Policía Nacional y Guardia Civil que recibieron la noticia de que tenían que abandonar los hoteles.

También se ha tomado testimonio a los responsables de los establecimientos y se tiene previsto interrogar a los cargos municipales de los ayuntamientos investigados.


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